Chile limita al centro de la injusticia (Violeta Parra)
Es penoso por decir lo menos que las argumentaciones de gran parte de la derecha sea la exigencia de reconocimiento de lo que hicieron unos y otros sectores para que ocurriera el quebrantamiento de la democracia: NADA, absolutamente NADA justifica un Golpe de Estado, con las consiguientes violaciones a los derechos humanos -crímenes de lesa humanidad-, junto con la implantación a sangre y fuego de un modelo económico que impuso la cultura del lucro y el individualismo, avalado por un sistema de justicia que favorece a la misma clase empresarial-política que se apropió del país y que se opone a la ley de pensiones, a la reforma tributaria y a la recién promulgada ley de delitos económicos (hasta ahora ‘clases de ética’ para delitos de cuello y corbata).
Una clase que implantó el Estado subsidiario y que critica escandalizada que el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric Font contrate con fundaciones lo que no puede realizar como Estado: las prácticas corruptas o no de determinadas personas la extienden al gobierno entero. Hay que ser caraduras quienes se apropiaron de las riquezas del país (por ej, Soquimich y Ponce Lerou, exyerno del dictador, multimillonario con el litio y otros minerales; el agua privatizada; el mar para algunas familias; los fondos de pensiones, etc, etc), y que a la vez evaden impuestos (incluida la elusión) y trasladan sus razones sociales a países como EEUU e Inglaterra, ubicando a Chile en el ranking de los más desiguales del mundo.
Desde el mismo día que asumió el Presidente Salvador Allende Gossens en 1970 comenzó la campaña de la derecha golpista para desestabilizar a un gobierno democráticamente electo, con la ayuda interesada de EEUU, realidad archidocumentada.
Hasta hoy sigue en Chile la justicia a medias en relación con la mayoría de las víctimas del Golpe, por lo tanto, con todo el país: verdad, justicia y reparación en la medida de lo posible, esto es Chile a 50 años. Lo sé también en directo por la desaparición de mi hermano Luis Alejandro Largo Vera el 14 de septiembre de 1973: mi madre hizo una búsqueda traumatizante, la continué yo cuando ella murió en 1985. A mediados de la década de 1990 hubo que vivir los remecedores errores de identificación, responsabilidad del Servicio Médico Legal, y sacar los restos que ya estaban en el Memorial. Finalmente, mi hermano fue identificado en 2017 por laboratorios de Innsbruck.
No se sabe hasta hoy por qué lo desaparecieron y asesinaron a sus 26 años de edad ‘agentes del Estado’, según contestó el ministro Carroza cuando pregunté de quién eran las balas que le causaron la muerte, lo cual consignó la autopsia realizada en octubre de 1973 a este NN que derivaron al Patio 29. Luis Alejandro tenía carnet del PS, como señala también el Informe Rettig (‘postulante’ dice ese carnet). Sus restos quedaron en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en el Cementerio General el 18 de julio de 2017. Comparto aquí el texto que leí en ese momento y lugar, y que publicaron con otro título y nota introductoria[1]. Asimismo, publiqué este texto y otros antecedentes en relación con mi hermano en el libro Sin fecha de vencimiento, publicado en 2018 por Ril Editores.
El expresidente Aylwin formuló otra frase para el bronce, como si no fuera el país entero el que está dañado: “después de experiencias tan traumáticas como las que vivió la sociedad chilena en los años 70 y 80, la reconciliación plena no puede esperarse mientras esté viva la generación que las sufrió” (p. 41)[2]. Vuelvo a preguntar con quién habría que reconciliarse si no hay reconocimiento ni arrepentimiento por tantos crímenes de lesa humanidad.
En el año 2020, el resultado de la demanda que interpuse contra el Estado por el daño causado fue otro hito más de la violencia sobre violencia vivida obligadamente por décadas: autoridades de justicia determinaron $30 millones de pesos como indemnización, según sentenció la Jueza titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, argumentando la reparación simbólica y las políticas ya habidas, monto que corroboró la Corte de Apelaciones en segunda instancia.
Volvimos a apelar inútilmente por el significado de esta aberración que ahonda la falta de justicia. Para rematar, CAROLINA VASQUEZ ROJAS, Abogada procurador fiscal de Santiago (s) del Consejo de Defensa del Estado, POR EL FISCO DE CHILE señaló: “EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN OTORGADA POR DAÑO MORAL RESULTA EXCESIVO Y CARENTE DE FUNDAMENTO”. A la vez, militares de alto rango en Punta Peuco perciben pensiones mensuales millonarias que en 10 meses hacen el monto de esa indemnización miserable, además de los centenares de uniformados que perciben altas pensiones ‘por estrés postraumático’ derivado de la dictadura, contando las fuerzas armadas y de carabineros con sistemas de salud y hospitales de excelencia. Para las víctimas del Golpe fue creado el PRAIS a inicios de 1990 (equivalente a Fonasa A, salud para indigentes)[3]. El mundo al revés producto de la connivencia de autoridades civiles y militares.
Esto es Chile hoy, a 50 años del Golpe, debido a la existencia de un sector significativo de la población que es sorda de entendimiento por daño, por ignorantización forzada, por intereses mezquinos personales y corporativos, sobre todo los de una derecha vergonzante. Un país donde se vive a diario ‘el genocidio por goteo’ (frase del jurista Zaffaroni), por razones de clase, etnia, género y orientación sexual distinta de la norma heterosexual. Casi un país nazi.
Al mismo tiempo hay gente confiable, ‘gente decente’ como la llamaba un amigo holandés, incluida toda aquella que no transa su deseo y exigencia de un país mejor, en forma personal u organizada, solidaria, dándole vida, color y esperanza a la existencia cotidiana.
[1] A mi hermano lo desaparecieron cerca de la Plaza Manuel Rodríguez (eldesconcierto.cl)
[2] Encuentros con la memoria: archivos y debates de memoria y futuro. Santiago: Editorial LOM, 2004.
[3] PRAIS: Programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos.
