Micco es obligado a dejar el INDH: Acá la serie de acusaciones en su contra que precedieron su salida

La tarde de este martes se ha informado que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, renunció a su cargo luego de que cinco consejeros y consejeras del organismo le pidieran la renuncia tras la sesión ordinaria del Consejo realizada el pasado 11 de julio.

Fue el mismo Micco quien a través de una declaración detalló que «los consejeros y consejeras Constanza Valdés, Francisco Ugás, Consuelo Contreras, Yerko Ljubetic y Lieta Vivaldi, más el apoyo de Fernando Pairican, quien está a la espera de su nombramiento formal, procedieron a pedirme la renuncia como director de la Institución».

Dicho esto, apuntó que «perdí la confianza de la mayoría del Consejo, por lo que procedía presentar mi renuncia al cargo», el que de todas formas dejaría el próximo 29 de julio cuando terminaba su mandato.

La salida del democratacristiano está precedida por una serie de acusaciones en su contra, que van desde maltrato laboral y espionaje contra trabajadores del organismo, hasta omisión ante violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social. Todo, atravesado además por un paro de sus propios funcionarios y una toma de la sede del INDH en Santiago durante ocho meses por parte de víctimas de la represión y familiares de estos en exigencia de acciones legales y medidas de reparación.

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Probablemente fue una de las decisiones de conocimiento público más polémicas del mandato de Sergio Micco: la reducción de la cifra de víctimas de trauma ocular durante el estallido social.

Fue el medio Interferencia el que en junio de 2021 advirtió que el INDH había decidido contabilizar solo a las víctimas de trauma ocular que habían presentado querellas conjuntas con el organismo, disminuyendo así a más de la mitad el conteo de quienes habían sido violentados de esa forma en la revuelta social: de 460 pasaron a 173.

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En los meses de julio y agosto de 2021 la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) realizó un paro de funciones, acusando que se estaba intentando acotar su participación al interior del organismo y que se encontraban en una situación de inestabilidad laboral.

Cuando ya había transcurrido más de un mes de movilización, y ante lo que los trabajadores calificaron como “escasos avances en los intentos por resolver el conflicto con la Dirección”, estos decidieron simplemente suspender los turnos éticos que se realizaban hasta entonces como una medida de presión.

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Harún Oda es un nombre que probablemente será recordado por siempre por Sergio Micco, debido a que el psicólogo y ex funcionario del INDH en la Región del Biobío ha sido quien ha decidido accionar firmemente en contra del ahora ex director del organismo, instalando dos de las acusaciones probablemente más graves que aún pesan sobre el DC: maltrato laboral e inacción ante violaciones a Derechos Humanos.

Patrocinado por el abogado Fernando Leal, Oda presentó en enero de 2022 una demanda por vulneración de derechos fundamentales en contra del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señalando una serie de hechos ocurridos antes y durante el estallido social, en los que el funcionario habría sido objeto de vulneraciones a sus derechos fundamentales, frente a los que el organismo del que formaba parte habría decidido no perseverar ante la Justicia.

Por otra parte, en la acción legal de Oda en contra de Micco se denunció que este último “instruyó inacción de la sede regional sobre materias propias de su mandato”, en casos de personas con quemaduras producto de agentes químicos empleados por Carabineros y de la desaparición hasta el día de hoy en la comuna de Hualpén del ciudadano Geraldo Monares. 

Respecto de este último caso, el abogado Leal detalla en el escrito que -de acuerdo a información proporcionada a Oda por la propia jefa regional del INDH en el Biobío, Carolina Chang- Micco se habría resistido a presentar una acción judicial «dados los efectos comunicacionales de comenzar a hablar de detenidos desaparecidos en medio de la crisis social».

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La mencionada jefa regional del INDH en el Biobío, Carolina Chang, sería protagonista de otra acusación similar a la de Harún Oda en contra de Sergio Micco, la que en noviembre de 2021 envió al Consejo del organismo y que hoy forma parte de las pruebas adjuntadas a la causa abierta por la acción legal interpuesta por el psicólogo.

En la misiva, Chang relata hechos de inacción del hoy ex director del Instituto ante violaciones a Derechos Humanos, prácticas antisindicales, actitudes machistas, humillaciones y una suerte de espionaje por parte de un chofer de Micco.

“Uno de los asesores (de Sergio Micco) me indicó que no podía hablar con la prensa del caso, y luego el director me señaló en reiteradas oportunidades que cómo era posible que afirmáramos esto, y que ni se me ocurriera hacer revuelo con la situación. Y que no continuáramos con la acción judicial”, se lee en la carta de la jefa regional del INDH respecto al mencionado caso de «detenido desaparecido» de Hualpén denunciado por Oda.

Y sobre el mencionado espionaje, Carolina Chang detalló que este habría ocurrido durante los viajes que en el año 2020 Sergio Micco realizó a las regiones de la Araucanía y del Bío Bío en el marco del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, y donde el director contó con el servicio de un chofer institucional que lo trasladaba, quien ha sido identificado como Marcelo Jara Salgado.

Señala Chang en su misiva: “Conversando con el Jefe de Gabinete, me enteré que el conductor no solo le contaba al director lo que ocurría en la asamblea de la AFFINDH, sino que grababa lo que indicaban los asociados en la asamblea, por lo menos lo que decía el profesional de las Ciencias Sociales (Harún Oda)”.

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La aludida acusación por espionaje se tradujo en que en el mes de abril de 2022, Harún Oda presentó una querella criminal -la que fue admitida por la Justicia- contra quienes resulten responsables de las grabaciones sin consentimiento de las que habría sido víctima el profesional, de acuerdo a lo declarado por su colega al interior del organismo de Derechos Humanos, Carolina Chang.

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En una acción que recordó a lo ocurrido con la reducción de las cifras sobre traumas oculares provocados en el estallido social, el 16 de mayo pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió echar pie atrás en una decisión previa y no presentar una querella criminal por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la revuelta.

Uno de los argumentos del organismo dirigido por Sergio Micco fue que “la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.

Ante esto, los propios trabajadores del organismo, agrupados en la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH), emitieron una declaración pública en la que desmienten lo señalado por la Dirección del Institito, enfatizando que, por ejemplo, «estadísticamente es posible establecer que, entre el 20 de octubre de 2019 y la firma del ‘Acuerdo de Paz y nueva Constitución’ del 15 de noviembre de 2019, se cometieron de manera generalizada delitos de la mayor gravedad y de manera especial contra las personas que participaron en manifestaciones o que fueron detenidos en dicho contexto».

Junto con ello, profundizaron en que «los casos de tortura, apremios ilegítimos y absusos sexuales ocurrieron en todas las provincias del país durante ese período, y se usó de forma irregular las armas disuasivas para provocar lesiones graves a los manifestantes, como traumas oculares, fracturas o contusiones derivadas de impactos cinéticos por bombas lacrimógenas y perdigones».

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Uno de los últimos episodios que tiñeron el paso de Sergio Micco por la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue el reciente incumplimiento por parte del organismo de una sentencia judicial parcial en el citado caso de Harún Oda, que obligaba a pagarle al profesional 3 millones de pesos por concepto de un feriado legal pendiente de remuneración.

Como esto no ocurrió, el abogado Fernando Leal decidió llevar lo que está sucediendo en el organismo bajo la dirección de Micco ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por su siglas en inglés), de la cual el INDH forma parte, y que reúne y apoya a las instituciones nacionales de Derechos Humanos con el objetivo de que estos sean efectivamente promovidos y protegidos.

“Todos los hechos anteriores son de la máxima gravedad, entendiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo que ha sido creado para la promoción y protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, a uno de sus propios trabajadores lo han vulnerado en su integridad. Siendo el mencionado organismo parte de su organización, cumplo con informar estos hechos para las medidas que estimen pertinentes”, advirtió Leal en su presentación ante GANHRI.

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