El pasado 16 de mayo el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidió echar pie atrás y no presentar una querella criminal por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el llamado estallido social, como se había anunciado previamente.
Uno de los argumentos del organismo dirigido por Sergio Micco fue que “la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.
Ante esto, diversas organizaciones de Derechos Humanos han rechazado la decisión tomada por el Consejo del Instituto, entre estas la de los propios trabajadores del organismo, quienes agrupados en la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH) emitieron esta jornada una declaración pública al respecto.
Leer también: Piden nueva institucionalidad en DDHH ante negativa de INDH a querellarse por delitos de lesa humanidad en estallido
En ella acusan que decisiones como la mencionada “carecen de objetividad, y están fuertemente limitadas por su modelo de gobernanza, donde prima el sesgo de las fuerzas políticas representadas en su Consejo”.
Dicho esto, los trabajadores del INDH -que no tienen derecho a voto al interior del Consejo- cuestionan categóricamente el argumento de esa entidad en cuanto a que no existirían “indicios suficientes” que sustenten la presentación de una querella por delitos de lesa humanidad.
“Estadísticamente es posible establecer que, entre el 20 de octubre de 2019 y la firma del ‘Acuerdo de Paz y nueva Constitución’ del 15 de noviembre de 2019, se cometieron de manera generalizada delitos de la mayor gravedad y de manera especial contra las personas que participaron en manifestaciones o que fueron detenidos en dicho contexto”, afirma la Asociación en su declaración.
En ese sentido, añaden que “prueba de ello, es que los casos de tortura, apremios ilegítimos y absusos sexuales ocurrieron en todas las provincias del país durante ese período, y se usó de forma irregular las armas disuasivas para provocar lesiones graves a los manifestantes, como traumas oculares, fracturas o contusiones derivadas de impactos cinéticos por bombas lacrimógenas y perdigones”.
Junto con ello, ANDEDH advierte que la propia información recabada por el INDH “habla de 3.084 querellas con un número de 3.562 personas víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos”, destacando de paso que el Instituto “solo ha accionado judicialmente por un tercio” de estas.
Por último, los trabajadores acusan que al desistir de interponer la anunciada querella por delitos de lesa humanidad cometidos durante la revuelta popular, el INDH ha incumplido “su obligación de presentar la acción judicial como señala la Ley 20.405 en su artículo 3°, N°5”.
A continuación puedes leer la declaración completa de la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH.
1 comment