Las volteretas de Kast: Indultar para reescribir y olvidar

Así como durante cuatro años se insistió en la diferencia sustantiva entre el diputado Boric y el Presidente Boric, hoy resulta pertinente distinguir entre el candidato Kast y el Presidente Kast. En un lapso muy breve, apenas poco más de un mes desde el inicio de su mandato, ya se evidencian contradicciones significativas, en algunos casos derechamente insalvables.

Desde luego, el ejercicio de la política exige cierto grado de flexibilidad. Las campañas electorales operan, en ese sentido, como espacios intermedios en los que los candidatos despliegan apertura y disposición al diálogo, rasgos que resultan funcionales al momento electoral presidencial. Sin embargo, esa flexibilidad no puede o no debería derivar en incoherencias estructurales que tensionen a niveles profundos los programas de gobierno con los que fueron electos los candidatos.

La derrota de Kast frente a Boric en 2021, sumada al estrepitoso fracaso del proyecto constitucional impulsado por el Partido Republicano en 2023, dejó en evidencia que para la ciudadanía chilena existen líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar.

En ese marco debe leerse la campaña presidencial de 2025, en la que fue posible observar a un Kast particularmente evasivo, que se distanció de forma deliberada de las denominadas “materias valóricas”, procurando moderar su exposición en aquellos temas que anteriormente habían suscitado mayor rechazo. Es por esta razón, que la puesta en escena de Kast esta vez fue diferente. Bajo el artificio de “Gobierno de emergencia” Kast logró escapar de posiciones que generaban una alta impopularidad. Si bien, aquella estrategia tuvo altos y bajos, finalmente le dio al descendiente alemán un favorable resultado electoral.

Uno de los ámbitos en los que Kast optó por guardar distancia fue su posición respecto del uso de la facultad constitucional del indulto particular presidencial, tanto en relación con condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la tiranía cívico-militar, como respecto de Carabineros y militares condenados por hechos ocurridos en el contexto de la revuelta social. Kast, declaró en un primer momento que el uso de esta facultad no era parte de su programa de Gobierno y que quienes cometieron delitos graves seguirían en prisión.

No obstante, tiempo después durante un debate ARCHI, al ser consultado sobre si indultaría a Miguel Krassnoff —condenado a más de 1.000 años de presidio—, la estrategia de Kast mostró debilidades al no ser capaz de poder una pregunta simple y dicotómica: ¿Lo indultaría? ¿Sí o no? Incapaz de responder de forma directa, Kast recurrió a evasivas mientras observaba el temporizador. Una vez finalizado su tiempo, una sonrisa se dibujó en su cara y se limitó a señalar: “se acabó”. Ante la insistencia de la periodista Constanza Santa María, respondió con una seguridad que no mostró mientras el temporizador corría: “las reglas son las reglas”.

Lejos de lo anecdótico o incluso de lo que en su momento pudo parecer ridículo, aquel episodio adquiere hoy una significación distinta. Convertido en Presidente, José Kast ha abandonado el silencio táctico que antes modulaba sus posiciones. En su lugar, ha optado por una definición explícita: ha respaldado sin ambigüedades iniciativas legislativas orientadas a otorgar beneficios penitenciarios a internos recluidos en recintos como Punta Peuco; ha detenido procesos vinculados a la construcción de memoria, como los desarrollados en Colonia Dignidad; y ha impulsado, de facto, un desmantelamiento de proyectos institucionales orientados a resguardar los derechos humanos y la  memoria histórica.

Lo que antes podía leerse como un gesto aislado o ambiguo, hoy se perfila con nitidez como parte de una línea de acción coherente, pero marcadamente distante cuando no derechamente contradictoria de la que sostenía el candidato Kast.

El asunto es particularmente delicado, no solo por las justificaciones que el Presidente electo, José Kast, ha comenzado a esbozar, aludiendo a que estos habrían “defendido la patria” o “cumplido su deber” en un contexto de violencia excepcional, sino también por la identidad misma de los condenados respecto de los cuales pretende utilizar la facultad presidencial del indulto.

Pasando una rápida revista a los eventuales beneficiarios, se identifican casos que han generado amplio reproche público. Entre ellos, el de José Faúndez Sepúlveda, capitán del Ejército de Chile, condenado a 15 años de presidio por violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Veloz Cortés, además de causar graves lesiones a Rolando Robledo y César Veliz. Asimismo, se encuentra en evaluación el polémico caso del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en contra de la senadora Fabiola Campillai. También figura Juan Ernesto Avaria Olguín, condenado —junto a Franco García Castillo— a penas de presidio efectivo por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público, tras agredir con golpes de luma en el rostro y cuerpo a un menor de 13 años.

Teniendo a la vista la gravedad de los delitos cometidos por estos hechores, parece importante recordarle a Kast que en un Estado de Derecho, inclusive la máxima autoridad de una república está sometida a las limitaciones que fija la Constitución y el orden jurídico internacional. Avanzar en una agenda como esa, no sólo tensiona la independencia del poder judicial, que la derecha dice defender a rajatabla, sino que también las obligaciones contraídas por el Estado de Chile en relación al compromiso de combate frente a la impunidad en contexto de violaciones a los derechos humanos.

El actuar de Kast en esta materia no sólo puede entenderse como un “gustito ideológico” ni como una simple “voltereta”. Estos gestos constituyen una señal explícita de que en su gobierno incluso las garantías más fundamentales y los derechos constitucionales como el de la integridad física y el derecho a la vida pueden ser vulnerados sin afrontar las más gravosas y correspondientes consecuencias.  

Indultar a estos ex uniformados no solo representa un riesgo para la seguridad pública, sino también para la solidez de nuestro sistema democrático. Las declaraciones de Kast en esta materia no son meros gestos simbólicos hacia los sectores más reaccionarios que lo respaldan; constituyen, además, un intento deliberado por reconfigurar el relato sobre la historia reciente de Chile, donde los responsables de graves violaciones terminan presentados como víctimas y quienes nos manifestamos en contra de los abusos y la desigualdad terminamos transformados en delincuentes.

La falsificación histórica no es una amenaza abstracta ni un riesgo futuro: está ocurriendo aquí y ahora. Frente a ello, el silencio no es neutral, sino una forma de complicidad que solo contribuye a consolidar esa distorsión.