Este martes el abogado Fernando Leal, en representación del psicólogo y ex funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Harún Oda, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos previstos en los artículos del Código Penal 161-A y 177, este último en relación con los artículos 175 letra b) y 176 del Código Penal.
El primero de ellos sanciona, entre otras acciones, a quien sin autorización graba o reproduce conversaciones o comunicaciones de carácter privado de otra persona, mientras que el segundo de los artículos mencionados apunta a aquellos funcionarios públicos que incumplen su obligación de denunciar un hecho reñido con la ley.
Cabe recordar que Oda es el mismo ex funcionario del INDH que denunció al director del Instituto, Sergio Micco, por maltrato laboral e “inacción” en el caso de un detenido desaparecido durante el estallido social.
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En la acción legal -que este miércoles fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Concepción– se relatan una serie de hechos que, a juicio de los querellantes, ameritan ser investigados y sancionados.
Uno de ellos es lo ocurrido con el chofer que Sergio Micco ocupó cuando a partir de marzo de 2020 comenzó a viajar con mayor frecuencia a la Región de la Araucanía. “Esto habría generado entre el director y el chofer de la sede, una relación de cercanía basada en que el chofer, Marcelo Jara Salgado, le entregaba información de los pormenores del equipo de trabajo” en el que participaba Harún Oda, se acusa en la querella.
En ese sentido, se profundiza que Oda tomó conocimiento de estos hechos debido a que “Carolina Chang Rojas, directora regional de la sede Biobío del INDH, se lo comentó tanto a él, como a otros profesionales de la sede”. Al respecto, se detalla que en una reunión de equipo realizada el 31 de mayo de 2021, el aludido chofer “envió un audio al grupo de WhatsApp de la oficina con una grabación de lo que estaban hablando en la sesión de Meet, confundiéndose de destinatario”.
En la acción legal se presenta otro antecedente relacionado al anterior, el que tuvo lugar días después, el 7 de junio, en el marco de una reunión entre Chang, Oda y la abogada regional Carolina Alvear, y que el querellante Leal describe de la siguiente forma: “Carolina Chang les señala que desde la visita de Sergio Micco a la sede regional, el director del INDH le ha estado insistiendo reiteradamente (…) que debía despedir al señor Oda, presionándola constantemente. Esto en atención a que Marcelo Jara Salgado (…) le habría comentado al director el desacuerdo y oposición de mi mandante a reunirse presencialmente en el viaje de fecha 26 de marzo, cuestión que al Sr. Micco le resultaba inaceptable”.
Un tercer hecho relacionado al “espionaje” acusado en esta causa habría tenido lugar en julio de 2021, en el contexto de una paralización de actividades iniciada el día 8 de ese mes por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH (AFFINDH), a la que Oda pertenece y en cuyas asambleas participaba Marcelo Jara. En la querella se relata que en este contexto Carolina Chang le señaló al psicólogo que, luego de haber viajado a Santiago a una reunión “tomó conocimiento, tras hablar con Rodolfo Castillo, jefe de gabinete de Sergio Micco, que el chofer grababa a los que hablaban en las reuniones de la AFFINDH, en particular las participaciones del señor Oda en las asambleas, para enviárselas luego al director del INDH”.
Un “espionaje” que el propio chofer habría reconocido ante Chang, como se lee en otro episodio relatado en la acción legal y que ocurrió el 18 de octubre de 2021. En una discusión que ambos sostuvieron ese día “ella le señaló que no podía confiar en él y lo interpeló por haber estado grabando a mi representado en reuniones para enviarle las grabaciones a dirección, cuestión que reconoció señalando que ‘sí, lo grabé’ y que lo hacía por ‘motivos personales'”. Una conversación que -según se añade- “fue escuchada por otro de los profesionales (…), Rodrigo Chinkes Goldstein”, quien al igual que Chang “le comentaron por separado a mi representado lo sucedido”.
Vinculado a todo lo anterior está igualmente el otro delito por el que el psicólogo Harún Oda presentó la querella. Al respecto, en esta se argumenta que “existiría una responsabilidad penal enmarcada en el tipo penal de omisión de denuncia de funcionario público, toda vez que no se hizo denuncia penal por parte de la jefatura del INDH de la sede Biobío de hechos de los que tomó conocimiento directamente en el ejercicio de su cargo, y por el contrario, prefirió mantenerlos en la más absoluta impunidad, ello pese a que el tenor de los mismos daban cuenta que revestían caracteres de delito”.
Por último, en la acción legal se añade que “se debe tener presente que los delitos que imputamos son ilícitos que habrían sido cometidos por funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que afectan garantías constitucionales, y permitir la impunidad de los mismos constituye una hipótesis de denegación de justicia y cosa juzgada fraudulenta, produciendo los mismos efectos de una ley de auto amnistía (…)”.
Ante la presentación de la querella criminal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió una declaración pública este martes en la que se señala que la acción legal presentada “se enmarca en reiteradas acusaciones de los mismos denunciantes a la Dirección y funcionarios del INDH, las que han sido oportunamente desmentidas y aclaradas”.
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