La Fiscalía Regional de Coquimbo anunció el inicio de una investigación de oficio tras la filtración de conversaciones privadas entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
Según informó el Ministerio Público, esta indagación busca esclarecer una posible vulneración de la reserva legal de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa.
En un comunicado, el ente enfatizó que la información filtrada está protegida por el artículo 182 del Código Procesal Penal, lo que impide su divulgación sin la debida autorización. Asimismo, advirtió que la violación de este principio podría acarrear sanciones conforme al artículo 246 del Código Penal, el cual castiga la transgresión de secretos.
En los últimos días, se han conocido diversas conversaciones entre Cariola y Hassler. En la más reciente, se mencionan gestiones para la incorporación de integrantes del equipo parlamentario de la diputada en cargos municipales. También habría mensajes críticos hacia la administración del presidente Gabriel Boric.
Lee también: Desbordes no se la puede con los «toldos azules» y asegura que erradicará al comercio ambulante en septiembre de 2027
La defensa de Karol Cariola también se pronunció sobre la nueva filtración, exigiendo que el fiscal Pastén, quien investiga otras filtraciones en causas recientes, se haga cargo del caso. Además, denunciaron que el juez Cayul ordenó no divulgar ciertos documentos reservados, pero que estos igualmente habrían sido filtrados.
Según la defensa, el informe en cuestión estaba en manos del fiscal Cooper, la PDI, el tribunal y una de las defensas en la causa Sierra Bella. Asimismo, aseguraron que aún no tienen acceso al documento filtrado y que evalúan acciones legales para sancionar, lo que calificaron como un «grave desacato y burla a la justicia».
La Fiscalía reiteró su compromiso con la reserva de las investigaciones y el debido proceso, haciendo un llamado a la responsabilidad en el manejo de información protegida por la ley. Aseguró que su divulgación indebida podría afectar tanto la dignidad de las personas involucradas como el éxito de las investigaciones y la administración de justicia.