Las mujeres a lo largo de la historia han sido sujetas de discriminación y abuso. Bien sabemos que frente a una acusación de violencia sexual, nos enfrentamos a todo tipo de juicios, victimización y cuestionamientos de parte del poder judicial. El cual, está plagado de discursos llenos de prejuicios y moralistas.
La semana pasada, nos enteramos que el tribunal extremo de Temuco emitió una orden en contra la familia de Antonia Barros – una chica de 20 años abusada sexualmente, lo cual la llevó a quitarse la vida, por no poder soportar tan cobarde y brutal ataque- A la familia de Antonia, se les ordenó ”abstenerse de efectuar publicaciones ofensivas o descalificativas, ya sea por redes sociales o por cualquier otro medio, que lesionen la honra, la privacidad o la intimidad de los recurrentes”.
Este hecho, nos permite visualizar, como se sigue poniendo el foco en las víctimas y no en el agresor, revictimizando en este caso, a la familia de Antonia, que lo único que ha hecho es exigir justicia.
Las mujeres a lo largo de la historia han sido sujetas de discriminación y abuso. Bien sabemos que frente a una acusación de violencia sexual, nos enfrentamos a todo tipo de juicios, victimización y cuestionamientos de parte del poder judicial. El cual, está plagado de discursos llenos de prejuicios y moralistas.
En efecto, el sistema judicial chileno, parece no entender el problema de la violencia de género, el cual está lejos de ser un problema individual, si no estructural e histórico y que se sigue perpetuando a medida que no se entienda.
La La CIDH manifiesta “su gran preocupación ante el hecho de que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno. Por este motivo, reitera a los Estados la necesidad de mejorar la respuesta judicial para cumplir plenamente con su obligación de debida diligencia”
Por tanto, la carencia de perspectiva de género en el poder judicial hace más urgente que el Estado disponga más recursos, para capacitar a todos los funcionarios públicos.
Finalmente, mientras no exista justicia, seguirán las condenas sociales y las campañas en redes en contra de los agresores de mujeres, como Martín Praderas!!
