La UFRO en la frontera: En defensa de la democracia universitaria

1. En la segunda mitad de la década de los 60’ tuvo lugar una de las reformas al sistema universitario más importantes y profundas que conoció la sociedad chilena en su historia. “La reforma”, en la que participarán las 8 universidades que existían en al país hasta ese momento. Tal proceso supuso no sólo imaginar, sino poner en marcha una gestión política de orden mayor que implicaba reconocer en el funcionamiento de las universidades del Estado una dinámica, también, propia del devenir del mundo. Las independencias de colonias europeas en África, la enorme grieta histórica y cultural que deja Mayo del 68 en Francia, el movimiento por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la estela todavía fresca de la revolución cubana, en fin, fueron los antecedentes y el perímetro en el que este movimiento se oxigenó y resonó en Chile.

La reforma, en este sentido, “[…] modificó de manera sustancial el contenido y las orientaciones de las funciones universitarias, estableció una nueva estructura de autoridad y poder que permitió la participación de la comunidad universitaria en el gobierno de las universidades” (en https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-705.html).

Ahora, y como es bien sabido, todo este proceso de democratización profunda de las universidades chilenas respondiendo a corrientes de transformación tanto globales como locales, se vio violentamente suspendido por el Golpe cívico-militar de 1973. Entonces todo lo que pudo haberse avanzado en la reestructuración de las instituciones de educación superior de cara a la época y el hecho mismo de entender a las universidades como zonas de tensión política necesaria, intercambio de ideas, estabilización de las diferencias públicas, disputas legítimas por los gobiernos internos y participación efectiva de los diferentes estamentos, ahora, con fuerza decisional, etc., dio paso a la intervención militar.

Todo este proceso de desterritorialización de lo político que, al decir de Rancière supone delimitar el radio – “población” lo llamará Foucault– de acción de los nuevos poderes con el fin de ajustar también las estrategias represivas y, al mismo tiempo, pulverizar cualquier gesto proclive a la acción colectiva (ver: J. Rancière “Who is the Subject of the Rights of Man ?”, 2004), implicó la “depuración” de los diferentes cuerpos académicos juzgados como amenazas para el nuevo canon interventor, cerrar las carreras de ciencias sociales y centros de estudiantes “altamente ideologizados” y por lo tanto riesgosos para la “reconstrucción nacional”, pero, sobre todo, designar autoridades afines al gobierno de facto.

En esta línea, por ejemplo y refiriéndose a los rectores designados, el Informe Rettig apunta que: “Tales rectores concentrarían la plenitud de atribuciones y funciones que, con anterioridad, detentaban las diversas autoridades colegiadas y unipersonales de las universidades chilenas». (Tomo I, 1991, p. 52).

En su vocación reaccionaria de timbre fascista, lo que la dictadura instala es una contrarreforma; sin embargo, y como se intuye desde la brutalidad de la “lexis” militar, una contrarreforma que no dispuso de ningún precepto argumental con densidad que permitiera entrar al área de la tensión política y el enfrentamiento de ideas, sino de plano la tachadura, el borramiento y, por supuesto y de ahí en más, la persecución y el exterminio.

Así lo señalaba Gustavo Leigh en un discurso posteriormente publicado: “(La) aplicación exitosa (de una nueva institucionalidad universitaria) supone (que) la etapa previa de depuración de los elementos anti-universitarios que se enquistaron en nuestra educación superior, se encuentre efectivamente terminada” (La juventud y la orientación del nuevo régimen, 1974, p. 17.).

Cada uno de los conceptos que aquí se lanzan apuntan al terror, pero de manera progresiva y respondiendo a una, también, gradual instalación de la desaparición y crimen antes de propulsar el nuevo proyecto. Lo que propone Leigh es, primero, “ecologizar” a las universidades de todos los “cánceres” que, desde la letrina imaginal de los militares, se entendían como anti-universitarios; por lo tanto, como fuera de órbita, sin destino en el plan regulativo y monitoreado del nuevo Chile que deviene ahora pulcro, saneado, sin quistes de ningún tipo, inmunizado de tanto bacilo universitario-político. Solo entonces, una vez “desgrasada” la institucionalidad de cualquier atisbo subversivo y ratificada la burocracia de los crímenes se procederá a “(La) aplicación exitosa (de una nueva institucionalidad universitaria)”.

Y en esta misma perspectiva, resultan al menos temibles las palabras de Jaime Guzmán en una “minuta” que le escribe a la Junta en 1973:

“El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta (…) Véase si no la increíble pasividad con que se ha recibido por el estudiantado la intervención de las universidades, medida que en todas partes ha suscitado violenta resistencia. Transformar la dictadura en ‘dicta-blanda’ sería un error de consecuencias imprevisibles»

Ciertamente aquí también hay sendas claves y códigos para nada encriptados de lo que vendrá a ser la “mundología” ex – nihilo del nuevo “sistema” de las universidades, yque se desprenden de las palabras de este ideólogo de tilde franquista y que, además, desde la Universidad Católica fue el más insigne y furibundo agente reaccionario contrarreforma y, va de suyo, no se demoró un segundo en asesorar a la dictadura. Guzmán Celebra el hecho de que las universidades “no reaccionen violentamente” como sí lo habrían hecho otros sectores de la sociedad civil a la luz de las intervenciones militares, pero, y en mismo gesto estratégico, invita a la Junta a no restar el más mínimo grado de la intensidad represiva y seguir haciendo de las universidades un área en donde el proyecto dictatorial mismo alcance su incipiente consolidación; sin retirarse, sin “cobardías”: adelante con la razia.

2. Todo lo anterior para enmarcar lo que actualmente ocurre con la Universidad de la Frontera (UFRO) en Temuco. No es posible, entendemos, solo llevar adelante un análisis voluntarioso por más que pretenda apoyar una causa sin poner (por breve que sea) un encuadre referencial que nos permita al mismo tiempo apostar por una mirada respecto de lo que actualmente ocurre en esta institución.

Resumamos los hechos.

El recientemente designado vicerrector Académico Juan Manuel Fierro (que por defecto estatutario deviene Rector de facto), fue puesto en el cargo por un grupo de personas de dentro y fuera de la universidad, previa instrucción de la denominada “Junta directiva”. Todo esto viene precedido de una estrategia política mayor que comienza cuando la “Junta” decide sacar a todos los vicerrectores que hasta ese momento estaban desarrollando sus funciones. Con esta maniobra se deja a la institución en un insoportable vacío y desgobierno que, como de manual de los autócratas, exigiría entonces la entronización de autoridades de emergencia que, en estricto rigor, serán designadas a través de mecanismos antidemocráticos y que se ungirán a sí mismos como los santos patrones mártires y salvadores de una crisis que, en su dimensión más política, viene siendo provocada por estos mismos individuos/dispositivos que en la desestabilización de la generalidad del gobierno de la UFRO se allanaron el camino para imponer una legitimidad espuria.

Aparece con notoriedad, en este momento, la figura de Fierro, actual Rector de facto como se señaló. Al cuál, además de cuestionarse viajes junto a su esposa a diferentes ciudades del extranjero con viáticos y dineros proporcionados por la misma universidad (información pública disponible), se le ha restado el apoyo de las agrupaciones de académicos, funcionarios y estudiantes que ven en este desplazamiento estratégico, a todas luces arbitrario, la disolución de toda norma democrática, y que acentúa aún más la difícil situación económica por la que atraviesa esa casa de estudios, inoculando así (con un autoritarismo del cual Fierro parece disponer y ejecutar con convicción patronal) una suerte de virología que, carente de escrúpulos, busca fragilizar aún más a la UFRO, craquelar las relaciones internas entre los estamentos y consolidar, al fin y al cabo, una dinámica del miedo y la amenaza –actuales y porvenir– que la pueden dañar manera irreversible.

3. Ahora La UFRO; la Universidad de la Frontera; el reducto universitario estatal-público en la IX región. Aquí, en un gesto no menos metafórico, es posible sostener que, ahora, en que está siendo dirigida discrecionalmente por autoridades no legítimas, justo, está por atravesar una frontera regresiva; frontera que la desplaza de manera automática al período más abyecto e inválido de la historia de las universidades chilenas. Nos referimos a todo aquello de lo que dimos cuenta en la primera parte de este texto y que caracterizó las políticas de la dictadura respecto de la educación superior, es decir: designación de rectores y autoridades proclives, negación de la comunidad universitaria en sus diferentes estamentos como agentes centrales en la conformación del gobierno universitario, fin de los procedimientos democráticos, “desvinculación” (exoneración) de académicos/as que figuren como disidentes en el imaginario persecutorio de los que entienden que “quien no acata no sirve”, en fin.

La universidad de la Frontera no debe cruzar la frontera hacia su propia disolución. En este sentido los académicos de todas las instituciones del país, públicas o privadas (como es mi caso), deberían acentuar lo que ocurre en la UFRO y relevar la dura batalla que están dando un gran número de profesores/as, estudiantes y funcionarios por rescatar a una universidad estatal (habrá que discutir en otro momento que quiere esto en Chile) del afán de poder desmedido de personajes que, sin pudores ni vergüenza, quieren capturar no solo las direcciones o los cargos, sino también borrar de un manotazo la tradición de una institución que, en este caso, no debe pasar su propia frontera.

Hoy resistimos, en la frontera, junto a la Universidad de la Frontera.