La justicia vergonzante y la memoria

Con justicia vergonzante me refiero a quienes integran y manejan la justicia institucional, esa que está enquistada en el Estado como uno de los poderes que nos rigen. Como en todo orden de cosas, hay excepciones: existen personas decentes.

Actualmente, gracias a diversos medios de comunicación digital podemos enterarnos de cómo funciona parte importante del poder judicial, de sus integrantes, moviendo hilos para beneficio propio y/o de sus afines ideológicos. Es decir, distintos tipos de corrupción, incluida la prevaricación. Los ejemplos son muchos y de público conocimiento: el caso SQM y Penta, entre los más emblemáticos, cuyos responsables recibieron clases de ética en vez de las sanciones que dictamina la ley por los delitos cometidos, ‘delitos de cuello y corbata’.

En este presente, el ‘caso audios’ (Hermosilla, Chadwick, Guerra, etc), en un lento juicio dada la maraña de antecedentes existentes, donde no se sabe si se hará justicia, es decir, si se condenará a todas las personas involucradas. Y la reciente ‘doctrina Rabat’, cuestionada por la mayoría ciudadana, que permitió rebaja de penas a decenas de pederastas -agresores sexuales, violadores-, personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, así como algunos por delitos de lesa humanidad.

Parece una burla que el ministerio que dirige el señor Rabat se llame Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la vez es una afrenta que haya sido nombrado ministro de esa cartera, habiendo sido abogado del exdictador Pinochet en el caso Riggs, por su patrimonio oculto: más de USD $21 millones en cuentas secretas en el extranjero (en el Riggs Bank de EEUU y otros).   

Lo expuesto hace parte del contexto de lo que vivo, de la violencia reiterada de la injusticia, también en mi experiencia personal.

En el mes de octubre pasado leí en la prensa digital el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción por el caso de Sergio Mardoff, desaparecido entre 2005 y 2018, y “la millonaria indemnización que el Estado deberá pagar como responsable de que el cuerpo de Sergio Mardoff, joven desaparecido en Concepción, estuviera más de tres años en el Servicio Médico Legal, sin ser identificado”[1]. Es decir, $300 millones de pesos como indemnización por el “actuar negligente del Servicio Médico Legal y también del Ministerio Público”. El dinero no reparará el dolor de sus familiares, pero es el reconocimiento de una falta de servicio que agravó su sufrimiento.

Viví el desaparecimiento de mi hermano Luis Alejandro Largo Vera el 14 de septiembre de 1973, a raíz del golpe civil militar, a sus 26 años de edad: un destino aciago como el de miles de personas ejecutadas o desaparecidas a manos de conciudadanos uniformados y civiles en una política de Estado que nos marca y divide hasta hoy por la falta de justicia y la impunidad, en la mayoría de los casos.

Los restos de mi hermano llegaron al Instituto Médico Legal de esos años el 3 de octubre de 1973. Sus restos fueron derivados por la Fiscalía Militar en esa fecha: su cuerpo había sido encontrado el día anterior, 2 de octubre, en un sitio eriazo de El Cortijo, con las ropas ensangrentadas y cubiertas de barro. Luego de la autopsia el mismo 3 de octubre, fue inhumado en el Patio 29 del Cementerio General en calidad de NN. Allí estuvieron sus restos hasta 1991, cuando fueron exhumadas 125 osamentas desde 107 tumbas del Patio 29 y llevadas al Servicio Médico Legal tras el plebiscito que terminó formalmente con la dictadura y permitió reiniciar el sistema democrático que conocemos.

En julio de 1995 el SML realizó identificaciones y entrega de restos óseos a los familiares, incluidos los de mi hermano, con el consiguiente duelo y ceremonia en el Memorial del Cementerio General. Sin embargo, en el año 2002 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos informó que, según las conclusiones del Informe Glasgow, los restos que me habían entregado no corresponderían a mi hermano. El 30 de marzo de 2005 sus restos fueron exhumados del Memorial y llevados de vuelta al SML. El año 2006 fue confirmado el error en alrededor de 40 casos mal identificados.

Presenté una demanda por esta grave falta de servicio y las consecuencias de tal shock para mi hermana y para mí, y las respectivas familias, hijas e hijo. Fueron $10 millones de pesos lo que dictaminó la justicia para cada una, dictamen que sentí como una bofetada. Mi madre primero, en 1985, y mi padre después, en 1994, murieron sin saber el destino de mi hermano. Ahora nosotras, las hermanas, vivíamos esta pesadilla sin fin con una identificación errada de la que supimos una década después, una forma de tortura[2].

Finalmente, en 2017, transcurridos 44 años como NN y casi dos décadas en el SML, los restos óseos de mi hermano fueron identificados. Tiempo antes hubo que exhumar restos de mi padre para obtener el ADN nuclear, la exhumación fue lograda por mi insistencia ante el exjuez Sergio Muñoz, a quien agradezco. Escribí y expuse estos antecedentes en el libro Sin fecha de vencimiento (RiL Editores, 2018).  

Presenté después una nueva demanda por $200 millones de pesos por la desaparición y muerte de mi hermano, siendo ‘agentes del Estado’ los causantes, según me contestó el ministro en visita Mario Carroza cuando me comunicó la identificación y le pregunté por origen de las balas que había en su cuerpo, según la autopsia.

En el año 2020, la Jueza titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, dictaminó $30 millones de pesos como indemnización, argumentando la reparación simbólica y políticas ya habidas, como el Memorial del Patio 29. Monto que corroboró la Corte de Apelaciones en segunda instancia y luego la Corte Suprema, tras apelación.

Tan violento como esos $30 millones para lo gravísimo de los hechos, fue la posición del Consejo de Defensa del Estado expresada por Carolina Vásquez, Abogada Procurador Fiscal de Santiago (S) del CDE, por el Fisco de Chile, quien señaló que: “EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN OTORGADA POR DAÑO MORAL RESULTA EXCESIVO Y CARENTE DE FUNDAMENTO”.

Como bien dice la psicoanalista Martha Elva López en su informe pericial de 2017, basado en el Protocolo de Estambul, “parte de la cura es que el Estado reconozca el daño y asigne con su nombre lo sucedido en este caso, donde se ejerció tortura, se acometieron tratos y se impusieron penas crueles, inhumanas o degradantes. Mientras la verdad no sea nombrada en los lugares correspondientes, el desaparecimiento forzado, el asesinato y el genocidio no reconocido socialmente quedan en el cuerpo social destrozado y la trama psíquica singular de la vulneración”. La reparación monetaria es parte del reconocimiento del daño.

Bien le haría a esa abogada del CDE leer a conciencia el Protocolo de Estambul, y no solo a ella, sino a toda persona que trabaje en el Estado en materias relacionadas con derechos humanos. Incluidos quienes gobiernan, ya que aún no entienden o no saben que solo el Estado viola los derechos humanos, lo demás son delitos de personas, entre ‘particulares’.

Saber del caso del joven Sergio Mardoff, hace unos días, me hizo revivir duramente lo vivido a causa de una justicia injusta y maltratadora, como lo muestran las palabras de la abogada Vásquez. En el caso de mi hermano, sin una debida reparación y con impunidad de los hechores. Y en el caso de tantas personas detenidas desaparecidas hasta hoy, sin respuestas sobre su paradero. Esto es Chile también y asuntos gravísimos como los aquí señalados, es lo que de distintas maneras permitimos como sociedad, como personas, como colectivo. Y luego se olvidan.

[1] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2026/10/13/confirman-pago-de-300-millones-a-familia-de-sergio-mardoff-cuyo-cuerpo-estuvo-3-anos-como-nn-en-sml.shtml

[2] Muchos otros familiares en la misma situación recibieron $7 millones de pesos porque abogados de derechos humanos llegaron a un acuerdo con ellos para que así fuera (cuidando las platas del fisco, una v ez más, ya que eran muchos los casos). No acepté que me bajaran los ya miserables $10 millones de pesos. Incluso un juez -ministro de la Corte- me dijo directamente que, si no aceptaba ese acuerdo, arriesgaba a quedar en nada. Le contesté que prefería quedar en nada. Esto también es violencia sobre violencia.