viernes, diciembre 20, 2024

“La concentración que se aprecia en el avisaje estatal está claramente marcada”: Columna de Ciper explica las falencias de la democracia y falta de transparencia

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A través de una columna de Ciper, el investigador de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal de Chile, Manuel Henríquez Espejo, compartió estadísticas y tendencias preocupantes en cuanto al avisaje en medios de comunicación de parte del Gobierno central y municipios.

Tras la investigación, la columna explica que existe una notable arbitrariedad en la utilización de medios por parte del gobierno, en las que se aprecian ciertas concentraciones. “El proveedor que más compras se adjudicó de forma «directa» —es decir, sin intermediación de agencias—, según datos disponibles, es el Grupo El Mercurio, llegando en 2020 a un 16% de las compras públicas totales en publicidad a personas jurídicas en 2020 para el gobierno general (gobierno central y municipios)”, exhibe la columna de Ciper.

Pese a la disminución de los recursos gastados en publicidad en 2021, “los mayores recursos siguieron siendo destinados a la ARCHI (casi un 8% de participación en las compras anuales), Grupo El Mercurio (con un 7% de participación), y luego medios como TVN, Radio Biobío y, más atrás, Radio Cooperativa, entre otras. De esta manera, la concentración que se aprecia en el avisaje estatal está claramente marcada“, asegura la investigación.

Lo que destaca Ciper es que: “Este riesgo de arbitrariedad en la elección del proveedor dentro de los convenios marco es sensible, pero especialmente riesgoso en el rubro de los medios de comunicación, dado que un periodismo independiente y libre es condición sine qua non para la robustez de las democracias“.

La Fundación Observatorio del Gasto Fiscal de Chile propone a través de la columna de Ciper una mejor distribución -y no arbitraria- de la compra de servicios de avisaje y campañas. Esto, en conjunto con la mejora significativa de la transparencia y precisión del gasto en publicidad.

Además, el Observatorio propone mejorar el control y las atribuciones desde el Congreso para el monitoreo del gasto publicitario, e implementar auditorías periódicas y específicas al respecto.

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