El domingo en La Tercera y el lunes en El Mercurio fue publicado un inserto de un grupo de más de 250 abogados en donde cuestionaron el trabajo de la Convención Constitucional (CC), señalando, por ejemplo, que se han aprobado «normas de deficiente calidad y rigurosidad técnica y jurídica, que pueden producir en el futuro serios vacíos», o que se trata de iniciativas «que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial».
Ante la publicación de quienes se hicieron llamar «abogadadas y abogados por Chile» -donde aparecen ex ministros y parlamentarios de la Concertación- , ahora un grupo de 502 juristas elaboraron un documento en favor del trabajo de la Convención, y en el que interpelan en duros términos a sus pares que se oponen a la nueva Constitución.
Entre quienes firman esta nueva misiva aparecen, por ejemplo, las ex ministras de la Presidenta Michelle Bachelet, Alejandra Krauss, Laura Albornoz y Ana Lya Uriarte; la ex directora ejecutiva de Amnistía Chile, Ana Piquer; el ex fiscal Carlos Gajardo Pinto; el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic; los abogados de Derechos Humanos Fernando Leal, Rodrigo Bustos Bottai y Nelson Caucoto; y la fiscal jefa de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong Campusano.
En ese sentido, los más de 500 abogados comienzan señalando respecto al documento publicado en La Tercera que «llama la atención la crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones a las máximas de la experiencia, a la tradición constitucional occidental y a los tratados internacionales sobre derechos humanos (…), sin detallar cuáles serían aquellas». Dicho esto, sostienen que «las serias y graves acusaciones que afirman exigen que estas sean demostradas fundadamente ante la opinión pública».
Lo anterior, porque a juicio de estos juristas, en sus críticas a la Convención sus pares realizan una serie de omisiones a la hora de entregar la información sobre lo que están cuestionando. Por ejemplo, los 502 abogados les señalan que critican “iniciativas que permanentemente buscan socavar la independencia del Poder Judicial”, pero sin nombrar ninguna. «Hasta ahora, el Pleno no ha aprobado norma alguna que la lesione, y las pocas iniciativas que podrían haber tenido ese efecto fueron pronta y correctamente rechazadas», les espetan en ese sentido.
En esa misma línea, se advierte que «se critica la creación de sistemas de justicia paralelos. Se omite, sin embargo, que el Pleno aprobó que el ejercicio de la jurisdicción quedará bajo la autoridad final de la Corte Suprema, reafirmando así la unidad del Estado chileno».
Por otra parte, apuntan a que en el documento publicado en La Tercera «se señala que existe ‘un retroceso de normas de garantías ante la expropiación de bienes’ y la ‘certeza jurídica sobre la propiedad'». Ante esto, los juristas que apoyan el trabajo de la Convención les señalan que «no reparan en que lo primero aún no está resuelto por el Pleno y (…) tampoco mencionan que el derecho de propiedad en sus elementos centrales ya ha sido aprobado por el Pleno, con una cláusula muy similar a la establecida en la actual Constitución».
Puedes leer la carta completa de los 502 abogados aquí.
