Lo ocurrido este jueves (1/9) en Buenos Aires parece un caso aislado. El brasileño Fernando Sabag Montiel, seguidor de Bolsonaro, intentó asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, pero su disparo falló y no pudo concretar su acto. Acciones como esa pueden parecer poco comunes en América del Sur, pero lamentablemente no lo son, y se están volviendo cada vez menos raras.
Ahora, es necesario observar otros episodios similares en la región:
El caso ocurrió en una iglesia evangélica en la ciudad de Goiania, Brasil donde se distribuían folletos defendiendo entre los feligreses rechazar la candidatura de Lula da Silva y los partidos de izquierda por asociarlos al demonio. Un comerciante frecuentador del local reaccionó diciendo que la iglesia no debería meterse en temas políticos y en la libertad de las personas de elegir el candidato de su preferencia. Esa postura desagradó no solo a los pastores, sino que también a otro de los feligreses, que además era policía, estaba armado y le disparó al comerciante en la pierna.
El ejemplo de Goiania terminó sin víctimas fatales, diferente de lo que ocurrió el pasado 10 de julio en la ciudad de Foz do Iguaçu, también en Brasil. Un militante del PT (Partido de los Trabajadores) realizaba su fiesta de cumpleaños con una decoración homenajeando a Lula da Silva, el expresidente y candidato del mismo PT para las elecciones presidenciales de este año. Un gendarme bolsonarista vio la situación y, pese a que siquiera conocía al cumpleañero y ninguno de los demás presentes, decidió ir a molestarlos. La discusión terminó con el bolsonarista sacando un arma e invadiendo la fiesta a los tiros. El cumpleañero terminó falleciendo tras recibir tres disparos en el pecho.
Casos como los de Brasil y Argentina no están tan distantes de Chile, si uno toma como ejemplo las amenazas del empresario osornino Pedro Pool, que defiende abiertamente el asesinato de personas de izquierda en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de este 4 de septiembre.
La diferencia en Chile, al menos hasta ahora, es que los defensores de ideas como estas todavía no pasaron de las palabras a los hechos. Pero tomando también al bolsonarismo y al antikirchnerismo como ejemplo, uno podría deducir que es cuestión de tiempo y que la impunidad a los que hacen ese tipo de amenaza es un incentivo a que puedan pasar al siguiente nivel de violencia.
El ejemplo más extremo de cómo la impunidad puede generar la normalización de la violencia como forma de hacer política es lo que pasa en Colombia. El país acumula cifras preocupantes de asesinatos contra líderes sociales e indígenas.
Según la ONG Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz en Colombia), en este 2022 se han registrado 114 asesinatos de luchadoras y luchadores sociales hasta el pasado día 15 de agosto. También fueron ejecutados 31 firmantes de los Acuerdos de Paz del año 2016. Además, se han contabilizado 63 masacres realizadas en el país cafetero en este año. El registro de homicidios desde la firma de los Acuerdos muestra números aún más crudos: son 1.341 luchadoras y luchadores sociales asesinados, 329 masacres y 337 muertes de firmantes de los Acuerdos de Paz.
Tanto es así que la primera gran promesa cumplida por el flamante presidente Gustavo Petro en Colombia fue direccionada a tratar de prevenir esos frecuentes asesinatos de representantes y voceros de organizaciones sociales: inauguró el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida, en la ciudad de Caldono, creando en nuevo sistema que pretende cambiar radicalmente la política de seguridad en ese país.
Esa realidad colombiana empieza a hacerse común en el Brasil de Bolsonaro, y el país tendrá que sacarlo del poder para que un próximo gobierno realice cambios que permitan revertir esta situación. En Argentina, habrá que ver las repercusiones políticas del atentado fallido en contra de Cristina Kirchner.
