La primera gran promesa cumplida por Gustavo Petro como Presidente de Colombia fue direccionada a uno de los grandes problemas del país en los últimos años: los frecuentes asesinatos de representantes y voceros de organizaciones sociales, una tendencia que está instalada en esa nación hace muchos años.
Este lunes, el mandatario colombiano inauguró el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida, en la ciudad de Caldono, región del Cauca, una de las más afectadas por hechos criminales y ataques contra luchadoras y luchadores sociales.
El proyecto es parte del Plan de Emergencia para la Prevención y Protección de Personas Defensoras y Firmantes de la Paz, cuyo diseño fue aprobado por la Comisión de Paz del Senado colombiano.
El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los integrantes de dicha instancia, estuvo presente en la inauguración y manifestó en sus redes sociales que esta nueva política tiene como objetivo cambiar la forma en cómo el Estado aborda el tema de la seguridad de las organizaciones sociales, especialmente en el interior del país: “Se trata de prevenir y no de hacer consejos de seguridad después de cada muerte violenta”, enfatizó el parlamentario.
Entre las tareas de los Puestos de Mando Unificados por la Vida estará la de garantizar mayor presencia del Estado en regiones del interior de Colombia, haciéndose cargo de las demandas de las organizaciones sociales por mayor seguridad a sus sedes físicas y a sus representantes que se vean amenazados por caudillos regionales, grupos paramilitares o bandas ligadas al narcotráfico.
Según la ONG Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz en Colombia), en este 2022 se han registrado 114 asesinatos de luchadoras y luchadores sociales hasta el pasado día 15 de agosto. También fueron ejecutados 31 firmantes de los Acuerdos de Paz del año 2016. Además, se han contabilizado 63 masacres realizadas en el país cafetero en este año.
El registro de homicidios desde la firma de los Acuerdos muestra números aún más crudos: son 1.341 luchadoras y luchadores sociales asesinados, 329 masacres y 337 muertes de firmantes de los Acuerdos de Paz.
También se aclara que la gran mayoría de los casos ocurrió durante el gobierno de extrema derecha de Iván Duque: 957 asesinatos de luchadoras y luchadores sociales, 313 masacres y 261 muertes de firmantes de los Acuerdos.
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