La Fiscalía de la Ligua maneja preliminarmente una lista de al menos 30 personas que estarían faltando a la verdad en sus declaraciones, algunas no quieren responder y otras, aunque aparecen en los videos y están contagiadas, niegan haber participado en las fiestas. Una mujer incluso afirmó no conocer a su hijo.
Inicialmente son tres las querellas y dos denuncias contra fiestas clandestinas a fines de 2020 en la comuna de Zapallar, principalmente en Cachagua, en las que participaron cerca de 300 jóvenes sin respetar las medidas sanitarias.
Esta situación generó brote de más de 40 personas contagiadas de coronavirus en la zona.
Según informó La Tercera, las querellas fueron interpuestas por el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y el abogado Luis Mariano Rendón. Una de las acciones judiciales apunta al piloto de Rally Samuel Israel, quién habría organizado una fiesta en el sector Aguas Claras de Cachagua, acusado además en una segunda acción presentada por la Municipalidad de Zapallar. Otra de las fiestas se habría realizado en el restaurante “Santo Diablo”.
Sin embargo, lo que más preocupa y ha llamado la atención de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, a cargo de las indagatorias, es que gran parte de las personas entrevistadas han entregado información falsa o han impedido realizar una buena trazabilidad de los contagios. Esta situación fue denunciada por el seremi de Salud, Francisco Álvarez.
La Fiscalía maneja preliminarmente una lista de 30 personas que estarían faltando a la verdad en sus declaraciones, algunas se niegan a responder y otras, aunque aparecen en los videos y están contagiadas, niegan haber participado en las fiestas. Incluso una mujer incluso negó conocer a su hijo.
Otros jóvenes se niegan a ser testeados, están inubicables en los domicilios registrados o presentan relatos contradictorios que impiden chequear las identidades de los asistentes y trazar los contactos estrechos.
El fiscal jefe de La Ligua, Luis Cortez, explicó al mismo medio que “la propagación de contagio a sabiendas (del coronavirus), implica una pena mayor, ya que con la modificación al Código Penal se definió dejar una infracción sobre insalubridad, o sea, se sanciona a quienes exponen peligro, por lo que puede llegar a tres años de presidio”.
Respecto a los jóvenes y padres que no colaboran, “se les puede pedir audiencia de formalización y yo me inclinaría a que sería un delito en contra la salud pública”, agregó.
