Constructora Galilea: el martirio de los valdivianos que llevan años esperando la entrega de su casa

La empresa que ya hecho noticia por retrasos en la entrega de viviendas, se ha convertido en un dolor de cabeza, sobre todo para quienes ven acercarse el vencimiento de sus subsidios estatales.

El nombre de la inmobiliaria Galilea se ha transformado en un verdadero drama para muchas personas que en distintas regiones a lo largo de Chile buscan concretar su sueño de la «casa propia». Ingriz Flores Campos, quien vive en Valdivia, es una de ellas. En conversación con La voz de los que sobran nos cuenta que cuando en 2016 comenzó su proceso de compra en verde con esta empresa, el compromiso fue que su vivienda le sería entregada en un año y medio más, es decir, en 2018. Ya lleva 5 esperando poder trasladarse a su nuevo hogar.

De acuerdo a lo que nos relata Ingriz, Galilea S.A. Ingeniería y Construcción le pidió ese 2018 una prórroga debido a un atraso en la entrega de las casas. Le solicitaron realizar una nueva promesa de compraventa porque ya se había vencido la anterior. Entonces volvió a realizar una, en la que pudo acceder a un subsidio del Estado. «Los problemas de atraso han sido reiterativos. Y cuando llegó el coronavirus, la excusa fue la pandemia. En todo este proceso han pasado 5 años. Pero no somos los primeros con este problema», advierte.

Mary Anne Flandez Muñoz es otra de las afectadas. Reservó su casa a través de una promesa de compraventa en Villa Galilea de Valdivia II en mayo de 2017, esto tras recibir un subsidio habitacional en enero de ese mismo año. Entonces le dijeron que como máximo iba a tener que esperar un año y medio para la entrega de su vivienda. «Nos sembraron la esperanza. Yo me proyecté para mantener mi trabajo, reunir dinero, y lo más preocupante es que tenía planes de irme a estudiar afuera, de postular a otros lugares para trabajar porque mi idea no era asentarme, sino que tener mi casa, aprovechar mi subsidio, estar acá y luego empezar a trabajar en otros lugares», explica. Ya han pasado más de 4 años de espera.

«Cada vez que viajaba al extranjero tenía miedo porque ellos me decían que si yo no estaba acá, no me iban a entregar la casa y podía perder esa posibilidad. No pude postular a becas, todo esto me mantenía amarrada al país. Esto ha generado un malestar emocional y un estrés adicional, porque entonces tenía problemas en el trabajo que debí seguir aguantando porque necesitaba estabilidad para el crédito hipotecario», narra Flandez.

AÑOS 2015 Y 2017, REGIÓN DEL MAULE

A inicios de julio de 2015, la Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó un fallo de primera instancia que condenó a la inmobiliaria Galilea por no cumplir con el plazo de entrega de una casa a una clienta de esa ciudad.

El hecho se remontaba a fines de noviembre de 2012, cuando la afectada firmó un contrato de compraventa con la empresa que acompañó con el pago al contado de casi 24 millones de pesos. En dicho documento, Galilea se comprometía a entregar el inmueble en un plazo de 14 días, lo que no se cumplió. De acuerdo a lo que informó el Sernac en su web, tras la interposición de un reclamo la constructora prometió que entre fines de enero e inicios de febrero el hogar ya sería de su propietaria, cuestión respecto a la que la afectada dijo nunca haber sido informada con anterioridad. Fue entonces que recurrió al Servicio Nacional del Consumidor.

La casa finalmente fue entregada la tercera semana de febrero de 2013, pero Galilea «no estuvo dispuesta a compensar a la consumidora afectada, motivo por el cual decidió interponer una denuncia (…), de la cual el Servicio se hizo parte», explica el Sernac.

El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua determinó que la entrega fue efectivamente fuera del plazo establecido en el contrato, por lo que la empresa había incumplido la Ley de Protección al Consumidor, siendo condenada al pago de una indemnización de $540 mil por daño directo -es decir, por lo que debió desembolsar la afectada por concepto de arriendo-, además de $1.000.000 por las molestias ocasionadas. Junto con ello, se aplicó una multa de 20 UTM, un millón de pesos de hoy, fallo que fue luego ratificado por la Corte de Apelaciones de la ciudad.

«La compra de una vivienda es el sueño para las familias y de ahí la gran frustración que se produce cuando las empresas no cumplen lo que prometieron», enfatizó el entonces Director Nacional del Sernac, Ernesto Muñoz.

Sin embargo, la historia volvería a repetirse. A fines de julio de 2017, en el marco de un acuerdo judicial con el mismo Servicio Nacional del Consumidor, Galilea debió comprometerse a compensar a todos los clientes de la Región del Maule que habían sufrido retrasos en las entregas de sus propiedades entre enero de 2013 y ese año.

Dicho acuerdo se logró luego de que el Sernac realizara una demanda colectiva contra la constructora en diciembre de 2014, la que significó además que la empresa se comprometiera paralelamente a modificar o eliminar cláusulas abusivas establecidas en los contratos de adhesión, como aquel que la facultaba para modificar unilateralmente planos, metrajes y especificaciones técnicas. Por otra parte, Galilea debió pagar una multa de 50 UTM por haber infringido la Ley de Derechos de los Consumidores.

«DESISTIR»

Ingriz Flores explica que a través de correos electrónicos enviados por Verena Ernst Thiers, jefa de ventas de Galilea, se le ha pedido «desistir» de la compra de su casa en el proyecto habitacional Villa Galilea de Valdivia II, ofreciéndole a cambio la siguiente «indemnización»: la devolución del dinero pagado por la afectada como parte del precio de la vivienda, que en su caso son 121 UF ($3.600.000 aproximadamente); 25 UF ($745.000 aproximadamente) por concepto de «avaluación anticipada de perjuicios fijada en contrato de promesa de compraventa» y otras 25 UF como «compensación adicional».

En ese mismo e-mail, se argumenta que el retraso en el proceso de construcción de las viviendas se debe a «motivos imprevistos, ajenos a la voluntad de la empresa e imposibles de resistir (…), lo que a su vez ha impedido avanzar en el proceso de recepción municipal» de estas para proceder con el otorgamiento de la escritura de compraventa del inmueble.

Ingriz ha rechazado categóricamente esta suerte de oferta. «Ellos han trabajado estos cinco años con mi plata y la plata de todos nosotros», señala, y agrega otro antecedente que resulta incluso aún más importante y que tiene que ver con la pérdida del beneficio que la amenaza tanto a ella como a las 150 familias que demandan poder de una vez por todas ocupar las casas por las que han esperado más de 5 años: el vencimiento de los subsidios habitacionales otorgados por el Estado.

«A mí afortunadamente me ampliaron el subsidio hasta el 2024; todavía puedo seguir esperando, pero el problema es que hay familias que tienen el beneficio, que ha sido ampliado por la pandemia, hasta enero del 2022 y en algunos casos hasta septiembre de 2021, y no van a poder postular nuevamente a subsidios porque ya no cumplen las características de vulnerabilidad que cuando postularon a dicho beneficio. Entonces, si lo pierden, lo hacen para siempre», advierte Flores.

Mary Anne Flandez sostiene la misma postura que Ingriz. «No vamos a desistir de nuestras casas. Acá en Valdivia con esa plata de la indemnización no alcanza», espeta.

LA ALERTA DEL SERVIU

Algo que ha debido alertar también el propio Servicio de Vivienda y Urbanismo ante la demora en la entrega de las casas. El pasado 21 de julio, Raúl Escárate, director regional del Serviu de la Región de Los Ríos, debió enviar a la constructora Galilea una solicitud para obtener información respecto a la situación en la que se encontraban 20 beneficiarios de subsidios estatales, debido a que -como se lee en el documento- estas personas «manifestaron una gran preocupación por la entrega de las viviendas que han reservado durante el año 2017, debido al tiempo transcurrido y la vigencia del subsidio».

Bajo esta introducción se detalla la fecha en que vencen los subsidios obtenidos por los beneficiarios, caducando 17 de ellos en enero de 2022 -es decir, en solo 6 meses más-, solo uno de ellos en julio y uno en septiembre de este año.

Junto con ello, desde el Serviu se solicita a la empresa «especialmente tomar las medidas para cada uno de los casos, además de informar a este servicio los tiempos de entrega y las acciones a considerar dado el atraso en la entrega de las viviendas y la posibilidad de pérdida del beneficio de las personas individualizadas».

En ese sentido, la afectada Mary Anne Flandez plantea que «si bien nos ganamos un subsidio clase media, a nosotros no nos resguarda el Serviu, no existe ninguna ley que le exija a esta inmobiliaria, que además tiene contacto directo con nuestro subsidio; y vale decir esto, porque ellos también pueden gestionar nuestros subsidios desde esas empresas».

Junto con ello, enfatiza que en Valdivia «los trabajos no son tan estables, la estabilidad económica va variando, por lo tanto el crédito hipotecario se puede perder», destacando al igual que Ingriz que «nuestros subsidios duraban 18 meses y después hubo una prórroga, pero algunos ya las hemos acabado».

«La clase media está sola. Necesitamos que el Serviu inspeccione a las inmobiliarias donde están siendo utilizadas las platas del Estado», concluye Flendez.

«NOS DEJAN SIN CASA Y LAS VENDEN MUCHO MÁS CARAS»

Ingriz firmó una promesa compraventa por 1.210 UF en 2016. Hoy, esa misma casa, en el portal de Galilea figura a 1.900 UF, es decir, prácticamente $20 millones más.

«Entonces nosotros sacamos como conclusión dentro del grupo: que para la empresa es beneficioso el negocio. A nosotros nos deja sin casa, sin subsidio, y ellos las venden mucho más caras; y la indemnización que nos están dando es una burla», acusa la afectada.

«Yo tengo 121 UF paradas en Galilea, más la plata que tuve que depositar para postular al subsidio. Por lo tanto, tengo alrededor de 6 millones y medio congelados», advierte Flores, y agrega: «Yo considero que es una estafa porque las mismas viviendas las están publicando a 1.900 UF; entonces tú te preguntas cómo es posible que hagan eso si a nosotros ni siquiera nos han entregado nuestras casas de hace 5 años atrás».

Lo mismo advierte Flandez. «Nosotros reservamos nuestras casas -en mi caso, con subsidio, a 1.100 UF-, entonces si ellos me ‘invitan’ a desistir tienen la posibilidad de venderla a 2.080 UF, porque nuestras casas pueden ser vendidas a personas sin subsidio. Vale agregar que cuando yo reservé mi casa la UF estaba como a 26 mil pesos y actualmente está a cerca de $30 mil. Es decir, si yo llego a desistir, ellos estarán vendiendo mi casa como a 900 UF más», denuncia Mary Ann.

El caso ya está en conocimiento del senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti (PS), quien se comprometió a estudiar la situación que afecta a las familias de Valdivia, y que en el caso de Flores -como probablemente ocurra con la mayoría de los afectados- se ha transformado en un verdadero drama.

Y es que, como advierte Flandez, las familias afectadas tuvieron que comenzar a movilizarse y accionar en distintos ámbitos para intentar lograr una solución. «Tuvimos que gestionar desde las carpetas sanitarias con Aguas Décima, reunirnos con la municipalidad para que nos ayudaran a agilizar los procesos, conseguir el apoyo de parlamentarios -como el diputado Marcos Ilabaca (PS) y Alfonso de Urresti (PS)-, hablar con Conadecus… Y vemos que en distintos lugares de Chile Galilea ha hecho lo mismo», enfatiza.

«PERSONAS MURIERON ESPERANDO SU CASA»

Ingriz vive con su hijo y hoy está obligada a arrendar un departamento que está lejos de parecerse al hogar que espera le entregue Galilea. «La pieza de mi hijo es diminuta. Se siente encerrado, enclaustrado, porque ese espacio en muy chico, solo cabe una cama de una plaza. Y yo sé que esto puede ser insignificante frente a lo que están viviendo otras personas, pero nosotros teníamos una expectativa de vida muy distinta a la que tenemos hoy», relata.

La casa por la que lucha Flores tienen dos dormitorios amplios, patio y entrada de vehículo. Sin embargo, ya lleva dos años arrendando el aludido departamento donde vive, el que además de no contar con esos espacios, tampoco tiene ascensor y ella vive en un quinto piso. «Me compré una casa en verde pensando en guardar mi auto, y ahora lo debo tener en la calle. Ya me lo robaron, lo logré recuperar, pero desvalijado. Entonces, uno ha pagado ciertas cuestiones que no corresponden», concluye.

En esa misma línea, Mary Anne recuerda que cuando en 2019 conoció a otras personas que estaban en su misma situación pudo comprender la profundidad del drama en el que se encontraban, lo que no solo se reducía a lo complejo que es perder un subsidio habitacional. «Me di cuenta que habían personas que habían perdido la vida, que murieron de cáncer esperando su casa», narra.