El indulto que José Antonio Kast pretende otorgarle a los criminales de lesa humanidad, pone en grave peligro la poca justicia que ha existido en materia de derechos humanos en Chile. En este artículo, La voz de los que sobra te cuenta quiénes son estos violadores de DDHH y por qué están cumpliendo condena.
Es de conocimiento público la simpatía y admiración de José Antonio Kast por la dictadura cívico – militar de Augusto Pinochet, de la cual su familia participó directamente del régimen y por la que hizo campaña para su continuidad. A pesar de que durante las últimas semanas el candidato de la extrema derecha ha moderado su discurso intentando abarcar la mayor cantidad de votantes, lo cierto es que en materia de derechos humanos Chile corre un grave peligro.
No son pocos los registros que han circulado por redes sociales, algunos de ellos incluso son entrevistas en canales de televisión, donde Kast ha señalado que indultará a los presos de Punto Peuco sin ninguna distinción y acabando con la poca justicia en materia de derechos humanos que ha existido en nuestro país.
En uno de los últimos registros que se han viralizado, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresa que “soy partidario, si no tuviera mayorías parlamentarias, de dictar una ‘Ley de punto final’. Si eso no es posible, procedería con indultos presidenciales en situaciones de procesos basados en ficciones jurídicas”.
“Aplicaría todos los beneficios carcelarios a personas que cumplen condena en Punta Peuco y, lamentablemente, en Colina 1”, añadió.
Pero ¿quiénes son estos criminales? Uno de ellos es el exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, condenado a más de 800 años de presidio por crímenes de lesa humanidad y a quien José Antonio Kast ha ido a visitar a Punta Peuco e incluso relativizó los graves crímenes cometidos por Krassnoff.
“He ido a Punta Peuco y en una de esas idas tuve la oportunidad de cruzarme con él. Me regaló su libro y plantea su versión de los hechos. Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”, señaló José Antonio Kast en una entrevista televisiva.
Uno de los casos emblemáticos por el cual Miguel Krassnoff está condenado es por la tortura, secuestro calificado y desaparición de la periodista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR, Diana Aron.
La tarde del 18 de noviembre de 1974, Diana Aron caminaba por Avenida Ossa en dirección a la casa de unos amigos. Al percatarse que iba a ser detenida por civiles que se movilizaban en una camioneta Chevrolet nueva, intentó huir del lugar resultando herida por impactos de bala en el pulmón y en el riñón. Diana se encontraba embarazada al momento de su detención.
Marcia Merino, la flaca Alejandra, exmirista y colaboradora de la dictadura cívico – militar se refiere al antisemitismo de Krassnoff al relatar la muerte de Diana Arón Svigilisky, en una entrevista sostenida con la periodista Nancy Guzmán en 1995, Merino señala:
“Me recuerdo que cuando llegó Diana Arón a Villa Grimaldi estaba herida a bala y sangraba, pero igual la torturaron y fue el propio Krassnoff quien se encargó de hacerlo. Lo sé porque tenía las manos con sangre. Lo que más me impactó fue que Krassnoff salió de la sala de torturas con las manos ensangrentadas gritando: “marxista, y además judía”. Eso lo decía con la cara desencajada, además, el jamás decía garabatos y esa vez estaba tan enojado que gritaba”.
Marcia Merino en entrevista con Nancy Guzmán
Diana Aron estuvo detenida en Villa Grimaldi, debido a la gravedad de sus lesiones y a las torturas recibidas por Krassnoff, fue trasladada hasta la clínica secreta de la DINA que se ubicaba en el sector de Santa Lucía desde donde se le perdió el rastro.
Pedro Espinoza Bravo, exmilitar e integrante de la DINA, participó en la comitiva del Ejército que recorrió el país durante 1973 y que fue conocida como la Caravana de la Muerte. La operación criminal terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos.
El exmilitar, como miembro de la DINA, era el segundo al mando después de Manuel Contreras y se desempeñó como jefe de operaciones y fiscalizador del centro de detención clandestino Villa Grimaldi, lugar donde se estima que pasaron mas de 5.000 prisioneros. De este total, 18 fueron ejecutados políticos y 211 permanecen hasta hoy como detenidos desaparecidos.
Además, está condenado por ser el autor material del asesinato del exministro de la Unidad Popular, Orlando Letelier, asesinado en Washington por el agente de la CIA al servicio de la DINA, Michael Townley.
Pedro Espinoza también se desempeñó como torturador en el centro de exterminio de la dictadura, el Cuartel Simón Bolívar. Todos los detenidos que pasaron por este siniestro lugar hoy se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos, entre ellos, Reinalda Pereira y quien se encontraba embarazada de cinco meses al momento de ser secuestrada, detenida, torturada y desaparecida.
Ricardo Lawrence Mires, exoficial de Carabineros y uno de los fundadores de la DINA, también sería uno de los criminales de lesa humanidad que recibirían el indulto del candidato ultraderechista.
Lawrence, brutal torturador, participó en al menos tres cuarteles clandestinos de tortura y exterminio. Es uno de los responsables del secuestro, tortura y desaparición del estudiante de filosofía y militante del MIR Alfonso Chanfreau.
El exintegrante de la policía secreta de Pinochet y que estuvo prófugo por varios años, también le cabe responsabilidad en la tortura y asesinato de la dirigenta del MIR Lumi Videla, cuyo cadáver fue lanzado al interior de la Embajada de Italia en noviembre de 1974, como represalia a los asilos otorgados por el país europeo. Es uno de los responsables de la desaparición del esposo de Videla, Sergio Pérez, en el montaje y asesinato de la familia Gallardo en Rinconada de Maipú y en el asesinato del funcionario internacional chileno-español Carmelo Soria.
El brutal torturador está involucrado en el caso denominado ‘Calle Conferencia’ desde donde son secuestrados y desaparecidos 12 dirigentes comunistas en 1976.
Raúl Iturriaga Neumann, mayor general en retiro del Ejército y director asistente de la DINA también podría ser indultado por José Antonio Kast. A Iturriaga se le sindica como responsable de la Operación Colombo, mientras este era el encargado del Departamento de Asuntos Exteriores de la DINA.
La Operación Colombo fue un operativo montado por DINA a mediados de 1975, con el objetivo de encubrir la desaparición forzada de 119 opositores de la dictadura cívico – militar. El régimen buscaba hacer creer a la opinión pública nacional e internacional —mediante la publicación de información falsa en medios de comunicación en Chile y en el extranjero— que los desaparecidos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras o habían sido víctimas de purgas internas.
Aún es recordada la portada de La Segunda, que tituló “exterminados como ratones” el 24 de julio de 1975 que señaló, falsamente, que 59 miristas habían fallecido en combates en el exterior.
Iturriaga es acusado como autor de los secuestros calificados de Mario Fernando Peña Solari y Nilda Patricia Peña Solari. Además, está procesado como coautor de 38 secuestros calificados, muchos de ellos aparecieron en la lista de los 119 en la Operación Colombo. Todos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos en Chile.
Otro criminal de lesa humanidad recluido en Punta Peuco es Álvaro Corbalán, el exmiembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI), exdirector del Comando Conjunto y comandante del Cuartel Borgoño de la CNI. Corbalán está condenado por el secuestro y asesinato del periodista José Carrasco Tapia, quien fue secuestrado desde su hogar y ejecutado en la vía pública.
Corbalán fue el responsable de uno de los montajes más conocidos en la última etapa de la dictadura; la Operación Albania o Matanza del Corpus Christi, la que acabó con la vida de 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La masacre fue realizada durante los días 15 y 16 de junio de 1987 y fue presentado por las autoridades del régimen como “enfrentamientos”.
Cinco de los asesinatos se produjeron en distintos puntos de Santiago, mientras que durante la madrugada de la madrugada del 16 de junio de 1987, siete detenidos que se encontraban en el Cuartel Borgoño fueron trasladados en caravana a una casa deshabitada de calle Pedro Donoso 582, que la CNI ya tenía identificada.
Según versiones de vecinos de la casa de calle Pedro Donoso, las personas que esa noche llegaron detenidas estaban descalzas, con los brazos atados atrás de la espalda, amarrados y con la vista vendada.
La misma CNI calculó que esa noche había cerca de un centenar de agentes, carabineros y detectives dentro y fuera de la casa. La orden para que los efectivos percutieran sus armas se dio lanzando un ladrillo al techo, mientras el resto de los agentes disparó al aire y gritó para dar a los vecinos la idea de un enfrentamiento. Los siete frentistas que se encontraban al interior del inmueble fueron acribillados por sus verdugos.
Dos meses más tarde de la matanza del Corpus Christi se produjo el secuestro y desaparición de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, integrantes del FPMR, que según las investigaciones judiciales, fueron arrojados al mar en septiembre de 1987. Álvaro Corbalán cumple condena por el secuestro calificado de los últimos cinco detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico – militar.
Estos son solo algunos nombres de los criminales que José Antonio Kast quiere indultar. No están detallados todos los casos en que participaron ni tampoco los crueles e inhumanos métodos que utilizaron para detener y desaparecer a miles solo por el hecho de querer construir una sociedad más igualitaria en una democracia. Como una mala metáfora del destino y la impunidad de ayer y hoy, Chile corre el peligro que la poca justicia en materia de derechos humanos se convierta en otro detenido desaparecido.
