Luz Leiva ingresó con 17 años a estudiar derecho en la Universidad Diego Portales en el 2018. Ese año, y en medio de las movilizaciones feministas que se desarrollaban en la universidad, escuchó los relatos de violencia sexual de sus compañeras, dándose cuenta que lo que ella estaba viviendo no era un caso aislado. Todo lo que siguió fue una bola de nieve que terminó con expulsiones, persecución y vidas quebradas. Todo menos justicia para las víctimas. Las estudiantes expulsadas iniciaron una demanda contra la Universidad Diego Portales en busca de una reparación y para conocer más acerca de esta acción judicial, La voz de los que sobran conversó con Luz Leiva.
Cuando Luz ingresó a la universidad, un egresado y profesor ayudante de la casa de estudios la agregó a las redes sociales. Esta persona comenzó a escribirle regularmente a Luz, lo que le resultaba bastante incómodo. Pese a que las respuestas eran cortantes, el profesor jamás dejó de escribirle.
El segundo semestre de 2018, el académico titular de Derecho Constitucional de Luz se enfermó y pidió licencia médica. El reemplazante fue el profesor que le escribía constantemente a Luz, desde ese momento en adelante, las cosas comenzaron a escalar.
“Los mensajes eran mucho más frecuentes y más explícitos, me invitaba a su casa a estudiar y yo ponía excusas, en alguna de nuestras conversaciones le comenté que no me gustaba cuando los profesores solo leían sus presentaciones y de lo primero que me dijo cuando empezó a hacerme clases fue que no estaba usando presentaciones porque sabía que no me gustaba. Comencé a faltar a sus clases y me preguntaba por qué no me estaba viendo en la facultad, así sin parar hasta que terminó el año. Finalizó el semestre y colapsé, le saqué pantallazos a todo y lo bloqueé, no sabía bien qué era lo que iba a hacer con esas fotos, pero sí sabía que si decidía hacer algo jamás me iban a creer sin pruebas”, recuerda Luz de esos días del 2018.
El 2019, y en un grupo de WhatsApp del Mayo Feminista 2018, llegó un mensaje preguntando por el profesor ayudante y si alguien había tenido problemas con él. “Las respuestas fueron tantas que se convocó a una asamblea de mujeres. La sala se llenó por completo, de ahí salieron, al menos, unos 20 relatos que iban desde el acoso sexual en redes sociales y en la universidad, hasta abuso sexual. Finalmente, me di cuenta de que no estaba sola, que no era la única y me atreví a contar mi historia, decidimos irnos a paro”, recordó Leiva.
La movilización llenó la universidad de lienzos, Luz recuerda uno que replicaba el formato visual de los chats de instagram y donde se leía “este profesor ha respondido tu historia”, precisamente la notificación que le venía llegando hace un año.
Ante la presión estudiantil, la administración de la universidad las llamó a una reunión, y les señalaron que si ellas firmaban una carta, el profesor sería expulsado. La respuesta de las alumnas fue que “la expulsión era necesaria, pero no era una solución integral, puesto que no era el único caso de acoso a alumnas, había un problema integral de la universidad y había que abordarlo”.
En una segunda reunión, les señalaron que no podían expulsar al profesor “así no más”, puesto que arriesgaban una demanda por despido injustificado. Es por ello, que se inició una denuncia interna por violencia sexual y que la facultad las iba a respaldar en todo lo que fuera necesario. “Nos dijeron que era solo un trámite para hacer las cosas bien, prometieron cielo, mar y tierra así que seis de las veinte accedimos a pasar por este proceso”.
De las seis estudiantes que decicieron seguir con el proceso, cinco vivieron acoso sexual y una sufrió abuso sexual. A mediados de abril de 2019, las estudiantes se reunieron con las abogadas que llevarían el caso. Ahí compartieron sus relatos y entregaron las pruebas. Luz se percató que cuando el profesor la dejaba de acosar por unos días, era porque estaba acosando a otra estudiante.
“Se envió la denuncia a Casa Central de la UDP y salimos de la oficina con esperanza, nerviosas, pero firmes con que estábamos haciendo lo correcto. La esperanza duró unos días y terminó cuando comenzaron las declaraciones en Dirección Jurídica. Empezaron los cuestionamientos y la revictimización, el profesor armó su defensa con datos confidenciales nuestros, hizo un archivo de preguntas a las cuales no íbamos a tener acceso hasta el momento de una segunda ronda de estas interrogaciones, las cuales eran aún más aberrantes que las preguntas de Dirección Jurídica, jamás se tuvo en cuenta de que esto era un caso de violencia de género, que merecía un manejo muchisimo mas prolijo, que no estábamos en igualdad de condiciones con nuestro agresor”, señaló Luz.
Las estudiantes lo único que solicitaron a la universidad al momento de hacer la denuncia fue que este profesor no les hiciera clases, que tuviera prohibido contactarlas de alguna forma y que no pudiera ingresar a la facultad mientras durara el proceso, medidas que no se cumplieron. Si bien él no podía hacerles clases temporalmente y las víctimas se toparon con su agresor reiteradamente en la facultad.
Un día, las abogadas de las estudiantes las citaron a una reunión urgente para informarles que el acuerdo de confidencialidad que habían firmado al inicio del proceso se había roto.
“Nos contaron que nuestra denuncia llegó al mail institucional de la entonces directora de carrera, parte del protocolo y que todos saben que el archivo es confidencial, a pesar de eso, ella lo reenvío al jefe de departamento de Derecho Público, una persona que tenía contratada a nuestro agresor en un estudio jurídico y quien lo llevó a la facultad para que hiciera clases. El jefe de departamento procedió a difundir nuestra denuncia a todos los profesores, con el relato de que nosotras estamos haciendo esto para conseguir beneficios académicos, que estábamos instrumentalizando el feminismo y que su niño estrella era un chivo expiatorio de nuestra causa”, detalló Luz.
A raíz de la difusión de su caso entre los académicos, los días de las estudiantes en la facultad nunca más fueron los mismos. Sus profesores comenzaron a hablar sobre sus casos en clases, haciendo que los alumnos respondieran, frente a las víctimas de violencia sexual, si un mensaje en redes sociales era una acción denunciable. “A más de alguna nos pidieron que nos quedamos después de clases para hacernos preguntas, nunca se me va a olvidar cuando me dijeron ‘¿pero te toco o no te toco’?”
Y llegó la resolución del caso por parte de la universidad: una amonestación escrita al profesor denunciado. Sería oral, pero se tomó como agravante que Luz era menor de edad al iniciar el acoso, decidieron hacerla escrita.
“Se nos cayó el mundo, todo fue para nada, la humillación, los cuestionamientos, el maltrato, todo para que nos destrozaran y él siguiera protegido en la facultad. Hablamos con nuestras abogadas, nos queríamos ir a toma, nos dijeron que citamos a asamblea y contábamos nuestra historia, estaríamos rompiendo el acuerdo de confidencialidad y arriesgamos uno a dos semestres de suspensión, el mismo acuerdo que la directora de carrera ya había roto. Era tan ridículo que lo hicimos igual, tres de las seis denunciantes habíamos congelado la carrera porque nos daba pánico entrar a la facultad”, recuerda Luz.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDP, Emilia Garzon y Anacarla Figueroa, parte de la Secretaría de Sexualidad y Género, “fueron apoyos fundamentales para nuestro caso, agotaron todas las instancias para que la universidad recapacitara, hicieron todo lo posible para llegar a acuerdos, pero la universidad solo logró que la situación siguiera escalando hasta llegar con todas las carreras movilizadas”.
Emilia y Anacarla fueron caras visibles dentro de la movilización por su rol como dirigentes estudiantiles, y gracias al trabajo y presión de varias estudiantes, la universidad decidió expulsar al profesor denunciado por agresión sexual. Además, el rector, Carlos Peña, para pedirles perdón en persona y en esa reunión, acordaron medidas de reparación que consistían en “flexibilidad para tomar pruebas, no tener ramos con los profesores encubridores y no poder ser sumariadas”.
“Por supuesto esto vino con un costo, tanto Emilia como Anacarla fueron expulsadas de la universidad, las tildaron de agitadoras cuando solamente estaban ejerciendo sus labores de dirigentes, estaban haciendo lo que la universidad debió haber hecho desde el principio, protegernos. El acuerdo que teníamos con el rector nunca quedó por escrito a pesar de nuestra insistencia, así que una vez que empezó el año académico del 2020 y las medidas de reparación no se cumplieron, Sofía Rodriguez y yo nos tuvimos que ir, empezar carreras nuevas en otras universidades”, señaló Luz.
“Fue tanto la revictimización que ya no asociamos este evento con nuestro acosador, el agresor principal fue la universidad. A tres años de la denuncia, nunca volvimos a ser las mismas personas, seguimos viviendo las secuelas de los daños que nos causaron”, cerró Luz.
Sofía, Anacarla, Emilia y Luz iniciaron una demanda contra la Universidad Diego Portales en busca de una reparación y para conocer más acerca de esta acción judicial, La voz de los que sobran conversó con Luz Leiva.
¿Cómo viviste el proceso de ingreso académico del 2020?
Cuando terminó la movilización, porque habían expulsado a este profesor, se nos llevó una serie de medidas reparatorias que en parte eran una flexibilidad para poder tomar las solemnes, si es que teníamos pruebas con alguno de los profes encubridores, nos podían cambiar de sección. Yo me cambié de carrera, lo hice por admisión especial y todo el conducto regular. La Facultad de Psicología estaba al tanto, porque en mi entrevista de postulación para entrar a la facultad, yo transparenté este caso un poco, puesto que me preguntaban por qué quería entrar a psicología o por qué me estaba cambiando de derecho.
Expulsaron a Emilia, a AnaCarla, y fue difícil volver a la universidad con esa culpa. Todas estas medidas que, supuestamente, se nos prometieron, finalmente no se cumplieron porque nunca quedaron por escrito, siendo que nosotras insistimos bastante en que eso ocurriera, la Universidad, en particular el rector Carlos Peña, solamente lo dejó como un acuerdo de buena fe entre partes. Obviamente no funcionó y por lo mismo nos tuvimos que ir de la universidad. No era sostenible. Aguantábamos.
La universidad expulsó a dirigentas estudiantiles a las que trataron de agitadoras y ustedes tuvieron que irse ante la falta de garantías, ¿qué te parece el actuar de la UDP?
Efectivamente las trataron de agitadoras. A todas se nos tildó de muchas cosas. A mí, a Sofía nos tildaron de instrumentalizadoras del feminismo, que éramos mentirosas, que solamente queríamos sacar beneficios académicos de toda esta situación. Cosa que en verdad nunca pedimos. Incluso, cuando se solicitó medidas de reparación después de toda esta revictimización, tampoco se cumplieron.
Emilia y Anacarla las tildaron de agitadoras, de que con ellas era imposible llegar a acuerdos. Y en verdad nuestras compañeras, y no solamente ellas, sino que la gran mayoría de las dirigencias estudiantiles feministas de esa época, agotaron todas las instancias para poder llegar a acuerdos. Tenían las reuniones en Casa Central, conversaban con sus respectivas facultades, con rectoría, con todas las personas que hubiera que conversar para poder llegar a un acuerdo que pudieran expulsar a esta persona que estaba sancionada. Estaba sancionada por violencia sexual. Y aún así, nunca se pensó en la seguridad de sus alumnas y nunca se intentó abordar esta tremenda negligencia por parte de la UDP. Entonces no quedaba de otra que irse a toma. O era eso o seguir en clases con esta persona y que le siguiera haciendo lo mismo a 20 compañeras más. Fue bastante duro, tanto para mis compañeras, como para nosotras.
Esta persecución política al final, porque lo es. Los sumarios no por necesariamente romper alguna norma clara del reglamento, sino que fue por un tema de ser dirigente estudiantil y hacer algo que la universidad no había hecho, que era proteger a las denunciantes, que era proteger a la comunidad estudiantil frente a la violencia de género, que es un problema estructural de la de la Universidad Diego Portales. Nosotras no somos un caso aislado, esto es algo que ocurrió y sigue ocurriendo.
Fue tanta revictimización y tanta la agravación de nuestro trauma, que ya no identificamos a este profe como un agresor, sino que fue el gatillante de un tema mucho más complejo y mucho más profundo, que fue el de la universidad. Sabemos que nunca más vamos a volver a ser las personas que éramos, el 2018 o el 2019. El día que nosotras enviamos esa denuncia, el día que se filtró nuestros nombres, el día que nos empezaron a insultar y maltratar, nos quebramos.
¿Qué te pareció el manejo de Carlos Peña, rector y cara visible de UDP, en su caso?
Fue bastante lamentable y negligente por lo demás. Él no se enteró de este caso hasta cuando toda la universidad se movilizó. Esto se sabía y se sabía hace harto tiempo. Era casi un secreto a voces que los profesores estaban haciendo esto porque ya veníamos saliendo del mayo feminista, de una toma feminista que no solamente fue en la Universidad Diego Portales, sino que fue en varias universidades a lo largo del país y se sabía que había un problema estructural sobre violencia de género dentro de las universidades y también había casos emblemáticos dentro del mayo feminista que también daban cuenta de esta problemática interna.
Entonces, no es que Carlos Peña se enteró una vez que ya esto estaba demasiado bullado y empezó a salir en medios de comunicación. Él lo sabía desde mucho antes. Como rector de la universidad, si tú sabes que hay un profesor ayudante donde se comprobó que era un acosador sexual de sus alumnas, ¿cómo permites que solamente se le dé una amonestación escrita y que era tan ridículo porque al principio le quería dar una amonestación oral como esa? Una amonestación escrita para una persona que está egresada, no le genera ningún daño, es como una amonestación, o sea, es como es como una anotación negativa en un libro de curso.
Peña tampoco intervino cuando sumariaron a nuestras compañeras. No fue una persona que ayudó precisamente a estas dirigentes estudiantiles que dieron la cara, que agotaron todas las instancias, que se sentaron una y otra vez con personas que trabajan para él, que estaban en Casa Central. Carlos Peña es tan culpable como los profesores que nos estaban tildando de mentirosas, o nos insultaban. Peña es la autoridad máxima de esa universidad y permitió que eso pasara, nunca hizo nada y hasta el día de hoy no hace nada por poder cambiar este problema que existe en la universidad en donde él es el responsable.
¿Qué buscan con esta acción judicial y cuál es la importancia de intentar marcar un precedente en la materia?
Buscamos con esta demanda que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y el problema en la Universidad Diego Portales es que a cualquier compañera le puede pasar, a cualquiera como a nosotras. Insisto, no fuimos un caso único, no éramos personas particulares, de hecho entre nosotras ni siquiera nos conocíamos como nos hicimos amigas ahí. El objetivo de empezar a hablar de esto y empezar a visibilizarlo, es mostrar que la universidad tiene un problema y que no lo está abordando. Y también para exigir justicia.
Queremos visibilizar esa negligencia y la vulneración de derechos que fue reiterada. Se entiende, en algunas oportunidades, que la perspectiva de género no siempre es perfecta, porque es un tema de trato también y los tratos no siempre son perfectos. Pero acá hubo dolo, acá hubo una mala intención, acá se intentó una y otra vez quebrarnos.
El difundir nuestros nombres fue para quebrarnos, armar todo este relato con que nosotras éramos unas mentirosas, que Emilia y Anacarla eran unas agitadoras. Esto fue para quebrarnos. Darle una amonestación escrita en vez de expulsarlo también fue para quebrarnos. Expulsar a las únicas personas que estuvieron ahí, que nos apoyaron, que nos protegieron, que lograron que se hiciera algo de justicia dentro de la interna, también fue para quebrarnos. Es un mecanismo institucionalizado de persecución hacia las víctimas.
Entonces, si de nuevo volvemos a dar la cara y de nuevo nos volvimos a meter a un proceso que no ha sido fácil, que la universidad no lo ha hecho fácil, que en ningún momento se han querido sentar a conversar con nosotras ni intentar llegar a un acuerdo, es porque finalmente esa es una universidad que no es dialogante y que ve a sus alumnos como netamente números, no los ve como personas dignas de respeto, de igualdad de condiciones.
Estamos buscando justicia, creo que eso es lo único que nos queda. En verdad ya no tenemos nada que perder. Siento que ya nos quitaron tanto que ya no nos importa y por lo mismo nos estamos exponiendo. Siendo que es un riesgo muy grande. Es volver a abrir la puerta a que las personas vuelvan a comentar del caso y vuelvan a comentar de nosotras y volvamos a perder el control un poco de la experiencia que vivimos. Pero ya está. Como fue tan horrible, tan traumática la experiencia con la universidad, la experiencia con Carlos Peña, que en verdad hacer judicializar este caso es una raya más al tigre.
