*Imagen central solo de referencia / Agencia Uno
Durante la última semana se han agudizado las críticas hacia el Ejército de Chile a raíz del anuncio de que no solo los tres ex comandantes en Jefe anteriores al actual están inculpados por la ministra en visita Romy Rutherford en el llamado “caso fraudes”, sino que también quien hasta el pasado miércoles fuera la máxima autoridad de dicha entidad, el general Ricardo Martínez.
Cabe recordar que este último uniformado decidió la mañana del 2 de marzo anunciar, en el contexto de su cuenta pública, su renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército, a tan solo un día de ser interrogado por la jueza Rutherford y ante el riesgo de pasar a la historia como el primero en ser detenido estando activo en su cargo. De hecho, frente a ese “peligro”, Martínez simplemente optó por no presentarse ante la magistrado.
Hasta ahora, Romy Rutherford ha procesado a las tres últimas máximas autoridades del Ejército -Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018)– y mantiene en calidad de inculpado a Ricardo Martínez.
El llamado “caso fraudes” en el Ejército es indagado en dos aristas por la ministra en visita: la del uso irregular de dineros destinados para viajes oficiales de integrantes de la entidad; y la de la malversación de fondos correspondientes a Seguridad e Inteligencia que fueron utilizados por comandantes en Jefe para costear pasajes y fletes privados.
Este escenario de desconfianza y deslegitimidad respecto a la institución castrense vino a empeorar este jueves cuando se dio a conocer un polémico informe elaborado por el propio Ejército, en donde este reconoce una serie de crímenes perpetrados por sus funcionarios durante los últimos 50 años. Allí se consignan, por ejemplo, los asesinatos de los generales Carlos Prats y René Schneider y los cometidos por la Caravana de la Muerte, pero se niega la relación de la entidad militar con aquellos llevados a cabo por la DINA y la CNI.
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A raíz de esto, han surgido serias críticas al comportamiento de las más altas autoridades del Ejército, considerando igualmente que luego del asesinado general Carlos Prats la totalidad de los uniformados que han ocupado el cargo de comandantes en Jefe han enfrentado la Justicia, ya sea por casos de violaciones a los Derechos Humanos o por corrupción.
En ese sentido, de la mano de la exigencia al próximo gobierno que encabezará Gabriel Boric en cuanto a un fortalecimiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, se ha mencionado la necesidad de contar con un proceso efectivo de degradación de militares que se vean involucrados en casos de violaciones de Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad o traición a la patria.
La voz de los que sobran revisó qué ha ocurrido con los proyectos de ley que en los últimos años han sido ingresados al Congreso con el objetivo de precisamente hacerse cargo de esa demanda, constatando que dos de ellos han sido archivados, mientras que el otro duerme en el Parlamento desde el año 2010.
ONCE AÑOS Y MEDIO SIN TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO
Este último se trata de la moción presentada por los diputados Sergio Aguiló, Osvaldo Andrade, Gabriel Ascencio, Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez, Sergio Ojeda y Ximena Vidal, y cuyo titulo es Modifica el Código de Justicia Militar sobre la degradación militar por crímenes de lesa humanidad.
Ingresado el 15 de julio de 2010, la iniciativa comienza recordando justamente uno de los crímenes reconocidos en el aludido informe del Ejército, el del ex comandante en Jefe Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, enfatizando que se trata de “una de las más cobardes realizadas lamentablemente por miembros del Ejército de nuestro país, según fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia”.
Dicho esto, el proyecto consigna que “en el Código Militar no existe la degradación para aquellos uniformados que hayan cometidos delitos de lesa humanidad, siendo ellos repudiables por todos los Estados democráticos del mundo”.
En ese sentido, se consigna lo que señala el artículo 228 del Código de Justicia Militar respecto a la pena de degradación, la que se entiende como “la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares, el retiro absoluto de la Institución, la incapacidad absoluta i perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos, y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos”.
Debido a lo anterior es que el proyecto de ley propone una modificación del Artículo 222 del Código de Justicia Militar, para que este quede de la siguiente forma: “La pena de muerte, y las de presidio y de reclusión perpetua y la pena por crímenes de lesa humanidad, llevan consigo la degradación”.
¿Qué ha ocurrido con esta moción?: Ha tenido un avance prácticamente nulo, luego de que tras su ingreso el 15 de julio de 2010 haya pasado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constatándose un solo movimiento posterior a ese, que tiene que ver con un oficio de la Comisión de Defensa Nacional donde se solicita que la iniciativa les sea enviada una vez que sea informada por la mencionada Comisión de Derechos Humanos.
Esta petición ocurrió el 8 de septiembre de 2010, y desde entonces han pasado 11 años y seis meses sin tramitación.
DEGRADACIÓN POR TRAICIÓN A LA PATRIA Y ACTOS DESHONROSOS: ARCHIVADOS
Una segunda iniciativa a mencionar fue ingresada al Parlamento cuatro años más tarde, el 14 de marzo de 2104, esta vez por la senadora Isabel Allende, bajo el siguiente título: Sobre degradación militar en caso de traición a la patria, y en los casos de violaciones a derechos humanos, genocidio o crímenes de lesa humanidad, en el Código de Justicia Militar.
Al igual que la moción presentada por los diputados en 2010, el proyecto de Allende advierte que si bien la pena de degradación para uniformados se encuentra contemplada en el Código de Justicia Militar, “no es posible aplicarla a los casos de violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de lesa humanidad y en el caso de traición a la patria”.
En el documento se cita una declaración de marzo de 2014 del entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien en conversación con la prensa se había referido a la propuesta de degradar a los militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, señalando el juez que “hasta donde yo tengo conocimiento, no existe la posibilidad por los delitos ordinarios de una pena accesoria de degradación”.
En ese sentido, la moción de la senadora propone la modificación de los artículos 228 y 232 del Código de Justicia Militar, así como la inclusión del artículo 223 bis, con el siguiente objetivo: “Establecer (…) la obligación de la aplicación de la pena accesoria de degradación en caso de condena por violaciones a los derechos humanos, a los actos de genocidio, a los crímenes de lesa humanidad, y de traición a la patria (…)”.
¿Qué ocurrió con este proyecto de ley?: Tras su ingreso al Senado el 14 de marzo de 2014 pasó ese mismo día a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, permaneciendo en ese trámite por 7 años aproximadamente, hasta que el 26 de agosto de 2021 fue archivado.
Lo anterior, en conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 36 bis del Reglamento del Senado, el que establece que “transcurrido el plazo de dos años sin que la Comisión se hubiere pronunciado sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, éstos pasarán automáticamente al archivo”.
En ese sentido, cabe destacar que la iniciativa corrió exactamente la misma suerte que otra ingresada por la senadora Isabel Allende un año antes, el 15 de octubre de 2013, y que -como su título lo indica- buscaba modificar el Código de Justicia Militar “con el objetivo de definir los actos deshonrosos para la dignidad militar e imponer la sanción de degradación a los oficiales que incurrieran en esas conductas”. Este fue archivado igualmente el 26 de agosto de 2021 por las mismas razones que el de 2014.
