El ingreso masivo de migrantes durante los últimos dos años es un hecho que no tiene precedentes en la historia de Chile. La crisis migratoria se convirtió rápidamente en una crisis humanitaria y de seguridad que no ha dejado indiferentes a los habitantes de la Región de Tarapacá.
El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, entregó su cuenta pública el pasado 28 de enero, en la cual abordó el crecimiento de ciertos delitos en algunas zonas. El delito que más ha aumentado es el “tráfico de migrantes”, el que registró un alza de un 501%. Le siguen los homicidios, con un 183% de crecimiento, los que tienen una tasa de 14 muertes por cada 100.000 habitantes en Tarapacá, mientras que a nivel nacional esa medición es de 3,7, según comparó el fiscal.
El delito que también crece es el porte de armas cortantes, con un 124%, seguido de infracciones a las leyes de tránsito (61%), tráfico de drogas (42%), el robo con violencia (18%) y la violencia intrafamiliar, con un 14% de aumento.
El pasado 30 de enero y 1 de febrero, a propósito de las cifras esgrimidas por el fiscal, fue convocada una movilización y un paro regional, respectivamente, en la Región de Tarapacá. Los llamados que fueron convocados a través de redes sociales tuvieron una amplia adhesión de la población, quienes demandaban mayor seguridad por parte del Estado ante el crecimiento de la delincuencia y nuevos delitos. Todo bajo el contexto de la grave crisis humanitaria, de seguridad y migratoria que vive Tarapacá.
El sociólogo Luis Eduardo Thayer, quien fue el coordinador programático de la agenda migratoria de Gabriel Boric durante su campaña, habló con La voz de los que sobran respecto a la grave crisis migratoria y humanitaria que se vive en la Región de Tarapacá y las posibles soluciones a la problemática que afecta al norte del país.
Thayer se especializó en migraciones en América Latina en la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó un magister y un doctorado. Actualmente se desempeña como investigador en la U.C. Silva Henríquez. Además, presidió el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones y varias publicaciones en torno al tema, además de un libro e investigaciones.
¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo en la Región de Tarapacá?
Es una situación de descontrol no tan solo de la frontera, sino que también de lo que pasa después. Hay una falta de control de las personas en el sentido de que no se tiene claridad del número de personas que son, de dónde vienen y en las condiciones que están, puesto que la mayoría ingresó por pasos no habilitados y no hay registros.
El único registro que hay, en algunos casos, son las autodenuncias, que son una proporción que no es completa, es baja en comparación a la gente que entra. Entonces, hay un desconocimiento total de la situación y no se tiene la información de base de lo que está pasando, quiénes son las personas, cuántos son, cuáles son sus condiciones. Hay una situación súper compleja que es producto de una gestión de la frontera muy deficiente, así como también la gestión de la política migratoria muy deficiente y hay una falta de realismo.
¿Qué piensas respecto a la ausencia de una política pública para hacer frente a esta problemática?
A veces se ha buscado política y definiciones muy de diseño de escritorio para resolver una situación que requiere mucha claridad respecto a la realidad del proceso migratorio. Es una situación que es nueva para el país, nunca habíamos vivido una crisis de irregularidad tan grande como la que hemos vivido estos años, de ingresos clandestinos tan elevados, y tiene un componente humanitario en donde no está clara la magnitud, pero al venir gente en estas condiciones, acompañados de menores, gente es víctima, eventualmente, de trata, tráfico o de persecución política o que viene de situaciones de requerimiento de protección, también le suma un componente adicional. Es una situación bastante crítica la que estamos viviendo.
¿Cuáles serían las políticas que se deberían implementar a la brevedad ante la crisis?
Primero hay que tener el control de la información y de la frontera. Hay que empadronar a la gente y tener una nueva base de datos con el registro de quiénes son, dónde están, cuáles son sus antecedentes, si tienen familiares acá, etcétera. Hay que crear condiciones para acumular y recoger toda esa información, puesto que sin esa información no se podrá hacer nada. Hay que tener información de las capacidades que tiene la gente para evaluar si esas personas se pueden quedar o no. Ese es el principal paso que se tiene que dar.
Luego, se tiene que establecer un sistema de gestión de la frontera que es distinto. O sea, hoy las fronteras están cerradas y eso hace que las personas ingresen por cualquier parte. Lo que se tiene que hacer es crear las condiciones para que las personas puedan entrar por un control fronterizo provisoriamente. De alguna manera se ha pensado la gestión de la frontera como si esta fuese una línea que las personas atraviesan con mucha facilidad, como se está viendo.
No se ha pensado la frontera como un sistema donde las personas ingresen a un estado provisorio, donde sean evaluada y el Estado pueda tener control y seguimiento de esas personas para ver dónde se ubican, en qué condiciones, etcétera. Entonces, hay que tener primero un sistema de información y luego un sistema de control de la frontera más eficiente que piense que la frontera no es una línea, sino que es extendida hacia adentro.
luis eduardo thayer
Evidentemente hay que avanzar, esto es más lento, con los países fronterizos también para ir definiendo políticas de colaboración con ellos y de corresponsabilidad de la situación. No solo Chile tiene responsabilidad internacional en el tema de proporción de refugio, lo tiene Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera.
Con respecto a Iquique y Colchane, ¿qué es lo más urgente?
Lo más urgente es crear un sistema que permita descomprimir los espacios públicos, que sea más que un albergue, puesto que el albergue es una medida necesaria y va en buena dirección, pero es insuficiente para lo que se requiere, se necesita que las personas no estén solo en una carpa o en un centro, sino que se requiere que puedan comenzar otro proceso de integración; o si tienen antecedentes penales, si han cometido delitos, que puedan ser devueltos. Hay que avanzar en una política de centro de derivación de las personas que es distinta a la lógica del alberge, donde simplemente es una cama, comida y techo.
