En La Voz de los que Sobran investigamos los reportes de armas perdidas y robadas en las principales ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Armas del Estado en manos de delincuentes, negligencias e información precaria configuran el alarmante escenario del robo y la pérdida de armas en el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Gendarmería, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.
Fue el día 4 de abril de 2019 cuando los centinelas Christian Quiñones Gaete y Cristián Ruminot Martínez, del Regimiento Chacabuco, ubicado en la ciudad de Concepción, declaraban haber sido víctimas de un robo por parte de desconocidos mientras efectuaban la guardia.
Según dijeron en su momento, en la oscuridad de la noche, a eso de las 4:30, dos individuos con armas de fuego ingresaron por la parte de atrás del recinto militar. Sin que los soldados tuviesen tiempo de reaccionar, fueron amedrentados con cuchillos y reducidos, para luego ser despojados de los fusiles de guerra, modelo SIG 542, calibre 7.62, fabricados por la FAMAE.
El relato es de película. Dos delincuentes ordinarios, al interior de un regimiento, habían desarmado a militares entrenados para el combate y huyeron sin hacer saltar alarmas ni dejar un rastro que seguir.
Algo más faltaba para hacer plausible la versión de los uniformados. Producto del supuesto ataque, Quiñones exhibió una herida de dos centímetros, a la altura del muslo, y provocada por un elemento cortopunzante, como evidencia de la agresión, mientras que Ruminot presentaba una contusión en la cara.
A pesar de los elementos descritos, bastó la sola toma de declaraciones para que ambos conscriptos confirmaran lo evidente: Todo se trataba de un montaje que habría tenido como finalidad la sustracción del armamento militar para luego ser revendido en una suma cercana a los $2.000.000.
Las heridas, conforme se deja entrever, se las habrían hecho ellos mismos para añadir una mínima cuota de realidad a su fantástica historia, mientras que los únicos delincuentes implicados en el incidente habrían sido los propios conscriptos en concomitancia con un civil amigo.
Danilo Andaur Paredes, el civil involucrado, quien, según archivos judiciales observados por este medio registra una anotación por deserción simple a las Fuerzas Armadas en abril del 2017, fue delatado por su propio cómplice, Cristián Quiñones, quien declaró ante investigadores que Andaur mantenía ambos fusiles en su domicilio.
Cuando los oficiales concurrieron al domicilio solo encontraron uno de los fusiles bajo la cama; el otro desapareció, sin saber qué fue de él hasta la fecha.
Por la causa, los soldados quedaron a disposición de las autoridades de la justicia militar, arriesgando penas de hasta 10 años por el delito. Andaur, en tanto, corrió su suerte bajo los estándares de la justicia civil; Al poco tiempo de ocurrido el incidente de los fusiles, según consta en documentos de Gendarmería, Andaur sería sorprendido en los baños del módulo N°52 del centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío por un sargento en posesión de un arma blanca de fabricación artesanal.
Se trató de uno de los casos más bullados de robo de armamento fiscal desde instituciones de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y que abrió el debate en torno a las armas de grueso calibre que, en muchos casos, acabarían fortaleciendo el poder del crimen organizado.
En La Voz de los que Sobran pusimos bajo la lupa a las principales instituciones de distintas ramas, solicitando los reportes de armas robadas y extraviadas entre enero del 2019 y enero del 2021, incorporando en el análisis periodístico un 2020 marcado por largos periodos de confinamiento debido a las restricciones sanitarias derivadas de la expansión del Covid-19 en territorio nacional.
En la investigación se encontraron importantes diferencias respecto al tipo de armamento perdido y una variedad de causas a las que se aduce el extravío y robo de armas , aparte de una relación sumamente disímil en cuanto a las pérdidas informadas a contraluz de las recuperaciones.
Además, la solicitud estandarizada a las diferentes ramas para la entrega de los reportes puso a prueba los mecanismos de transparencia de las distintas instituciones, siendo Carabineros de Chile y Gendarmería las ramas que entregaron la información más precaria para su análisis.
Ilustrando la situación a nivel macro, en 2019, el presidente de la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas Chile (ANTRA), Cristián Gamboa, fue tajante al señalar que “no se explica que en un asalto a bancos aparezcan armas automáticas que no se venden al mundo civil, ni siquiera son importadas por el mundo civil, sino que se importa directamente por las fuerzas armadas y policiales”, declaró en su momento el experto a Chilevisión. La conclusión respecto a las pérdidas informadas es certera: “Eso no se pierde, eso se vende”, indicó el experto.
Hace mucho tiempo atrás, en 2007, un boletín con la opinión de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) ya advertía esta realidad. “En el trabajo práctico, se ha podido detectar que armas robadas o extraviadas provenientes del cargo de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, han sido empleadas con propósitos delictuales”, dicta parte del escrito accedido por este medio.
Los valientes soldados
El Ejército de Chile, en el consignado periodo, dio cuenta de dos incidentes, ambos ocurridos durante el año 2019, contabilizando un total de tres armas perdidas, correspondiendo a dos fusiles y una pistola, de los cuales la pistola y un fusil fueron recuperados.
El arma corta, según consta en el escrito, fue sustraída del Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra”, y su recuperación se efectuó luego que personal de la unidad notificara el robo del armamento y acudiera al domicilio de los conscriptos sospechosos, que en dicha instancia se encontraban haciendo uso de su permiso de franco.
El otro incidente responde a la causa descrita en el primer capítulo de este reportaje, correspondiendo al robo de dos fusiles desde el Regimiento N°6 Chacabuco.
Las circunstancias adjuntas en el reporte describen el caso de manera bastante pobre, señalando que “luego de las primeras diligencias investigativas llevadas a cabo por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Militar Letrada de Concepción, se logró recuperar el armamento serie N°66807”.
Dentro de las especificaciones, el arma ni siquiera es descrita como un fusil, siendo catalogada apenas como un “arma larga”. El caso debió ser reconstruido por este medio con base a diversos documentos legales asociados a la causa. El fusil que hasta la fecha no es recuperado por la institución castrense corresponde al número de serie 67106.
Mar y Cielo
En el caso de la Fuerza Aérea de Chile y la Armada, los reportes de pérdida de armas dentro de los últimos dos años son prácticamente inexistentes si se comparan con el resto de las instituciones analizadas.
Por su parte, la fuerza naval se limitó a contestar que en el consignado periodo no registraron pérdidas de armamento. La solicitud de transparencia realizada fue reformulada bajo el derecho de petición, dando a entender que la institución no contaría con resoluciones y actos administrativos previos de los cuales dar cuenta sobre la materia.
Es preciso consignar que la versión de la aludida rama no pudo ser contrastada por este medio con casos judiciales de la Corte Marcial atingente debido a que la institución no dispone de registros digitalizados de sus causas judiciales, solo en libros empastados, revelando una deficiencia del organismo en cuanto al acceso a la información si se pone en perspectiva con las disposiciones de otros organismos para la consulta de sentencias de manera virtual y pública.
Mientras, la Fuerza Aérea reportó el robo de un fusil Galil, calibre 5.56, a un funcionario de la Base Aérea El Bosque. El armamento, de número de serie CH710797, ha sido catalogado por la propia rama como “robado y no recuperado a la fecha”.
Si bien la Fuerza Aérea no se refirió a las circunstancias de la pérdida en el documento, por material de prensa se sabe que el fusil, de acuerdo a los primeros antecedentes, fue robado a un cabo que se encontraba de servicio en el recinto militar, en similares condiciones a las relatadas por los conscriptos implicados en el emblemático caso de robo de armas en el Ejército.
La versión, en el caso de la aviación, dicta que dos sujetos entraron al recinto militar e intimidaron al soldado con un arma de fuego para proceder a golpearlo con un elemento contundente y arrebatarle el fusil, huyendo de las inmediaciones.
Fuera de la muestra inicial pensada para este reportaje, durante la contrastación de las fuentes oficiales, este medio notificó otra situación de robo de armas que afectó a la Fuerza Aérea.
Se trata de una sentencia a la que tuvo acceso La Voz de los que Sobran, donde se indica que en octubre del 2016 se constató la ausencia de un revólver Colt “special” calibre 38 de la Base Aérea Los Cóndores.
El revólver se encontró en el automóvil particular de Carlos Videla Leyton, padre del conscripto Alejandro Videla Palacios, durante un control policial de rutina. De acuerdo a los hechos sindicados ante las autoridades marciales, Videla Palacios adquirió el revólver a través de su compañero de armas, Erick Castillo, quien sustrajo el arma corta, cuyo valor asciende a los $117.000, desde un container con la intención de venderlo.
Cuando Videla Palacios se enteró que su amigo se propendía a vender el armamento fiscal, lo ofertó de inmediato a su padre en la suma de $100.000. El revólver fue hurtado por Castillo el mismo día en que tenía que rendir honores a la bandera.
Se perdió, mi cabo
En el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros de Chile reportó un total de 19 armas perdidas entre los años 2019 y 2021, las cuales se distribuyen en 10 pistolas, 7 revólveres y 2 escopetas desde comisarías a lo largo del país.
En desglose, Carabineros, durante el año 2019 extravió 6 pistolas, 4 revólveres y una escopeta, mientras que, en el año 2020, reportó la pérdida de 3 pistolas, 3 revólveres y otra escopeta. Por otro lado, durante el 2021, la institución ya habría reportado la pérdida de una pistola desde la 2da Comisaría de Temuco, siendo una de las dos ramas que han informado extravíos en el año en curso.
Sin embargo, los datos realmente preocupantes se observan al momento de poner en contraste las recuperaciones con las pérdidas, ya que, en el señalado periodo, Carabineros solo informó 7 recuperaciones, una cifra que no representa ni la mitad de las pérdidas (19).
Cabe destacar que, de todos los informes de parte de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Orden, Carabineros de Chile entregó la información más precaria, sin indicar fechas exactas, circunstancias o números de serie de los pertrechos perdidos.
De esta información deficiente se desprende una premisa mucho más alarmante. Y es que, contrastando con la detallada información requerida por La Voz de los que Sobran, esto significaría que Carabineros no cuenta con un conocimiento en profundidad sobre sus propias armas perdidas, o que la institución deliberadamente se ha propuesto a ocultar la información.
A pesar de ello, del listado elaborado se desprende una situación anómala, y es que, en el grueso de las recuperaciones informadas, solo una comisaría coincide en su repartición con una de las armas perdidas. Todas las demás recuperaciones informadas se remiten a Comisarías que no figuran en el listado de armas extraviadas.
Bajo esta premisa es que se baraja la hipótesis de que la mayoría de las armas reportadas como recuperadas corresponderían a años previos, dando cuenta de una situación donde el escaso armamento que vuelve a la institución lo hace en un periodo superior a un año, o que las armas recuperadas fueron captadas lejos de sus domicilios de pérdida originales.
En el módulo
Gendarmería se planteó como la única institución que durante la pandemia vio un incremento en los reportes de las armas perdidas, totalizando 4 piezas sustraídas desde junio del 2020 versus dos robos ocurridos el 2019.
El resultado final de pérdidas se reparte en 4 revólveres, una pistola y una escopeta desde el Centro de Reinserción Social Norte, el CET de Talca/ Anexo San Rafael, el CDP de Limache y el CP de Concepción.
En cuanto a las recuperaciones no existen reportes, debido que al momento de formularse la solicitud pertinente la institución solicitó “delimitar la solicitud de información, y referirse a una época inferior al periodo solicitado y respecto a una región en particular, en consideración al alto volumen de información que podría involucrar su petición; a fin de no distraer indebidamente a los funcionarios penitenciarios que se encuentran enfocados a la custodia y reinserción de las personas privadas de libertad”.
Sin embargo, y a fin de privilegiar el periodo de muestra, La Voz de los que Sobran insistió con otra solicitud simplificada, obteniendo como resultado una planilla con las armas y sus unidades de pérdidas correspondientes, muy similar a la elaborada por Carabineros.
Por otro lado, en el contraste de lo informado oficialmente por la institución, en recopilación de material de prensa, este medio observó que el robo de armas que afectó al Centro de Reinserción Social Norte, en la comuna de Recoleta, se produjo cuando un gendarme encargado de la seguridad del lugar donde se almacenaban las armas, se ausentó de su puesto durante el horario de colación para realizar un trámite, instancia en la que delincuentes aprovecharon la ausencia del funcionario para ingresar y sustraer las armas.
Lo llamativo es que, conforme se indicó en el momento, el botín con el que huyeron los antisociales constó de dos revólveres, chalecos antibalas y una escopeta. En el reporte entregado a este medio no figura la escopeta, solo dos revólveres.
Tira y Afloja
La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó como la rama que más armamento extravió entre los años 2019 y 2021, con un reporte que se divide en 30 causas y sumarios abiertos en 2019 por el concepto de pérdidas fiscales, 25 reportes más durante 2020 y dos que datan de enero del 2021.
En términos de armas, el análisis arrojó un total de 32 armas perdidas en 2019, 24 en 2020 y una pistola en el 2021, correspondiendo los pertrechos que hacen la diferencia en el balance a otro tipo de especies fiscales, como cargadores y munición.
La mayoría de las pérdidas corresponden a pistolas de diferente calibre, placas, documentos e incluso una subametralladora de 9mm marca SAF.
El texto otorgado por la PDI se desmarca de las otras instituciones sobre las cuales se tiene detalle de las circunstancias de pérdida. Si bien la mayoría de las Fuerzas Armadas tienen como principal causa la sustracción del armamento por parte de funcionarios de la institución o robados por terceros directamente desde recintos militares, la PDI concentra el grueso de sus informes en causas más cotidianas, algunas de las cuales rayan en lo irrisorio, como el extravío de pertrechos en centros comerciales y supermercados. El resultado es el mismo: terminan en manos de delincuentes.
Por ejemplo, buena parte del material perdido fue hurtado por delincuentes desde vehículos o domicilios de funcionarios, mientras que otras armas fueron arrebatadas a efectivos en violentos asaltos en la vía pública, configurando, entre estos motivos, la mayoría de las causas de pérdida de armamento fiscal.
A pesar de lo anterior, la Policía de Investigaciones, envuelta en un manto de sospecha, ha registrado la sustracción de armamento desde almacenes y recintos de la institución, en circunstancias que no han sido determinadas del todo.
La otra causa de pérdida que se repite, y plantea escenarios que bordean en el absurdo, es el extravío de armas en malls, tiendas comerciales e incluso la vía pública, contenidas en bananos y bolsos personales que funcionarios dejaron olvidados.
Con todo, el índice de recuperación de armas por parte de la PDI es también el más bajo respecto a las otras instituciones. Si, a grosso modo, la institución ha reportado 56 armas perdidas, solo se han informado de 4 recuperaciones, exponiendo una dramática relación en torno a las armas, de alto poder de fuego, que se encuentran hoy en la calle.
A nivel general, la Policía de Investigaciones concentra casi el doble de las armas perdidas que las otras instituciones juntas, las cuales acumulan, entre todas, 28 casos frente a los 57 de la PDI.
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