Culpar a la Convención Constitucional de la decadencia de los partidos políticos, es como culpar al sepulturero de la muerte del extinto. Las causas se hallan fuera del organismo y no entre sus representantes, principalmente independientes, mujeres y pueblos originarios, a quienes está dirigida la crítica. Las motivaciones pueden encontrarse antes de las deliberaciones de la constituyente y antes del texto votado por ella. Están en los relatos que formaron o que contribuyeron a formar la opinión de los partidos, y que los condujeron o los empujaron a transitar los caminos de la irrelevancia.
El espejo trizado
Y es que al poner las cosas en perspectiva, aquellos defectos que se le atribuyen a la Convención cambian su composición cromática y atenúan sus contrastes, dando lugar a un juicio más razonable, más indulgente, más misericordioso, como el de las Carmelitas Descalzas de San José de Maipo sobre la propuesta que se votará en septiembre.
“Como mujeres contemplativas -han escrito- nos parece importante y destacable el artículo 67. En el punto 1: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión; y en el siguiente, 67.3: El estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. En ninguna otra Constitución se había hecho mención a esta dimensión trascendental del ser humano”.
Lo mismo puede decirse de aquel juicio excesivo de Belisario Velasco, ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, quien acusó en las páginas de El Mercurio una “intervención sin precedentes” del Gobierno en la campaña del plebiscito de salida. Una exageración, porque difícilmente podría hallarse intervención más brutal y sin contrapeso en la historia reciente de Chile, que la perpetrada por la dictadura para instaurar la actual Constitución, y que el veterano militante democratacristiano invita a prolongar con su voto de Rechazo, para lamento de sus camaradas y, desde luego, de la resignada impotencia del Tribunal Supremo de la colectividad. No existe el menor parangón. No hay comparación siquiera con los actos administrativos irregulares de la transición democrática, como el desmalezado de la refinería de petróleo de Concón, MOP-Gate, Coimas, Publicam, EFE o programas de empleos inexistentes, todas intervenciones groseras destinadas a financiar campañas y clientelas políticas.
Esta vez piden que el Ejecutivo se inhiba de informar y de tomar posición. ¿Por qué Velasco no criticó a Carlos Cáceres para la reforma constitucional del 1989? ¿Por qué no lo hizo Patricio Aylwin que, por el contrario, sí discrepó de Ricardo Lagos por motivos de fondo? Es preciso unir los fragmentos de la memoria. Felipe Portales escribió en Chile: una democracia tutelada: “Es famosa la reunión del 25 de mayo del 89, donde se trató entre los líderes de la Concertación el plan de reformas que se iba a votar. Lagos desaprobó entonces las grandes falencias de la negociación y lo fuerte que quedaba la institucionalidad del régimen fáctico. Ya se sabe el choque que entonces mantuvo con Aylwin y cómo, al final, este doblegó las resistencias del líder del PPD. Aquel día los dirigentes de la Concertación comprendieron que entraban en un largo desfiladero y que había que dejar atrás muchas alegrías e ilusiones de aquellas semanas mágicas del NO”. El hecho fijó un antes y un después.
¿Por qué no criticaron a Lagos el 2005? ¿Por qué no censuraron a Bachelet y su elogio de los cabildos ciudadanos? Porque por entonces la derecha gozaba del poder de veto y ella fijaba las reglas del juego, entre ellas, la libertad de expresar públicamente el acuerdo con sus concesiones.
La senadora Ximena Rincón afirma con certidumbre envidiable que “nunca, desde que tengo recuerdo en la historia democrática de nuestro país, vale decir, desde el retorno a la democracia, habíamos tenido a la Contraloría dentro de La Moneda”. La verdad es que siempre, desde que asumió el primer contralor designado de la democracia, como fue Arturo Aylwin en 1997, la Contraloría ha estado haciendo control de gestión en La Moneda. Lo hizo con Lagos y lo hizo con Bachelet. Lo ha hecho durante las administraciones de Sciolla, de Mendoza y de Bermúdez.
Partidos sin democracia
¡La omisión de los partidos dañó el corazón de la propuesta de la Convención Constitucional! ¿Quién lo dice?: Lo escribe Carlos Huneeus Madge en El Mostrador.
De lejos se ve más claro. La apología que hizo Carlos Huneeus de lo que, citando a Arend Lijphart, inapropiadamente llamó democracia de consenso, y durante cuya vigencia se movió a gusto, es un antecedente de primer orden de este declive de los partidos políticos. Entonces Huneeus sostenía que producto del autoritarismo, “la sociedad estaba dividida por ese traumático pasado, lo que obligó a integrar los intereses de la minoría y a no dejarlos de lado, como se hace en la democracia mayoritaria”. Que para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad había pues que reconocer al tercio minoritario de la derecha un peso paritario equivalente en todos los campos políticos e institucionales. Aquella habría sido la época de oro de la primacía de la política sobre la economía. Sin embargo, esa forma de democracia habría luego derivado hacia una democracia corporativista, donde los intereses empresariales y de los grandes grupos se tornaron predominantes, abandonando la democracia de consenso y alejando la expectativa de una democracia de mayoría.
Si este corporativismo empresarial es cierto, y lo es desde el experimento neoliberal de mediados de los años 70 y no más tarde, como se arguye, entonces debió haber actuado sobre la capacidad de los partidos políticos de formar el interés general y de movilizar la voluntad ciudadana. Debió haber desplegado su poder e influencia para limitar la autonomía de decisión de las organizaciones políticas y, sobre todo, su carácter transformador. La realidad es que así fue y no de otra manera. Y así fue el persistente envilecimiento y la banalización de los partidos, que Huneeus imputa a la Convención y al texto, poniendo el efecto antes de la causa. ¿Es responsabilidad de la Convención que la Democracia Cristiana no haya tenido representación en el órgano de deliberación? El ex embajador en Alemania no tiene respuesta, pero la obra ad intra y ad extra del convencional Chahín está inspirada en la democracia de consenso, un pensamiento sobre-ideologizado intrínsecamente anti-partidos.
Sorprendentemente, Huneeus ahora postula una vía restauracionista. No obstante el paso de los años y el deterioro observado de los partidos políticos, vuelve a reiterar el proyecto transicional de una democracia de consenso que torne simétricos el peso de las mayorías y el de la minoría de derecha. ¿En qué argumentos ampara este neo-binominalismo? En una amenaza latente y secular como el peso de la noche. De no hacerlo, dice, la derecha buscará, como hace cincuenta años, el golpe de Estado, se pondrá al margen de la Constitución, atropellará los Derechos Humanos, las instituciones y las reglas procedimentales e, incluso, seguirá dependiente del poder económico.
Huneeus se queja de una democracia sin partidos, cuando los que han venido minando el sistema político han sido partidos sin democracia, respecto de los cuales él mismo ha hecho una inestimable contribución. Con ocasión del conflicto interno que llevó a la ruptura de 2007, aquella que dio origen al PRI, proponía una solución elitista, jerárquica y excluyente, al margen de la institucionalidad legítima del partido. En febrero de aquel año declaraba al diario La Nación que “la DC tiene que concordar entre todos sus barones un cuadro de convivencia civilizado que beneficie al Partido”.
El año 2017 propuso una batalla de todos contra todos. Todos los presidenciables contra todos los presidenciables en primera vuelta sin pasar por primarias. Todos los partidos contra todos los partidos sin necesidad de pactos. Después se vería qué hacer para encarar una segunda vuelta. Él suponía que habría voluntad y condiciones para un consenso de gobierno. Ese año la Democracia Cristiana, la única que siguió su consejo, obtuvo su peor representación parlamentaria y una adhesión presidencial vergonzante. Ese año ganó la derecha, pero se instalaron las condiciones objetivas para el proceso constituyente que le sucedería.
