Duco, BTS y lo que se esconde debajo del pasto

El Gobierno justificó la cancelación de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional apelando a razones técnicas: la protección del césped, el peso del escenario y la programación del recinto. Pero esa explicación, aun siendo legítima, resulta insuficiente para entender todo lo que vino después. Partiendo por la  ARMY: una comunidad que, fiel a su capacidad de organización, convirtió la frustración en movilización pacífica, instaló el tema en las redes sociales y salió a las calles para exigir respuestas.

Desde el Frente Amplio hasta Evelyn Matthei, pasando por diputados de distintos sectores, la discusión se desplazó hacia otro terreno ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Quién coordinó la programación? ¿Por qué se vendieron cerca de 200 mil entradas si existían restricciones? ¿Qué impacto tiene esta decisión sobre la economía, el turismo, la imagen internacional de Chile y los bolsillos de quienes compraron su entrada para un espectáculo de escala mundial?

Porque cuando el Estado subestima la cultura, no sólo subestima una expresión artística; también el impacto económico, que en este caso, genera una industria creativa de alcance global. Y por  supuesto, el costo que esa decisión tiene para miles de personas: tiempo, dinero, planificación y expectativas.

Y es justamente ahí donde Chile sigue al debe. Corea del Sur entendió hace rato que la cultura podía convertirse en una política de Estado: una industria capaz de generar crecimiento económico, turismo, prestigio internacional y una poderosa marca país. Acá, en cambio, se sigue discutiendo bajo qué condiciones es capaz de recibir a uno de los mayores fenómenos culturales de la actualidad.

Una decisión como ésta expresa una manera de entender las prioridades de un país. Puede adoptar la forma de un informe técnico o de una resolución administrativa, pero ninguna resolución sobre un bien público es políticamente neutra. Toda prioridad expresa una jerarquía de valores: qué merece protección, qué puede esperar y qué está dispuesto el Estado a postergar cuando dos intereses entran en tensión. Más aún cuando se trata del Estadio Nacional, un espacio que nunca ha sido sólo una cancha. Es memoria, deporte, cultura y uno de los principales escenarios simbólicos del país.

No es la primera vez que un concierto termina abriendo una discusión que desborda lo musical. En 1992, la cancelación del show que Iron Maiden ofrecería en la Estación Mapocho transformó un recital en un debate sobre el poder que todavía ejercía la autoridad religiosa en Chile. La presión fue ejercida por el entonces obispo y cardenal Jorge Medina, ferviente defensor de la Dictadura y uno de los principales referentes del conservadurismo católico chileno.

Entonces cabe la pregunta: ¿quién define las prioridades del Estado chileno cuando la cultura entra en conflicto con otros intereses?

Esa respuesta sigue quedando a merced de la contingencia y no de una visión de largo plazo. Por eso seguimos mirando el césped o escuchando “chamanes”, cuando hace rato la verdadera discusión ocurre debajo de él.