«No fue oída ni pudo presentar pruebas»: Suprema anula expulsión ilegal de mujer venezolana por parte del Gobierno

La resolución del máximo tribunal en favor de una migrante con familia en Chile, significa un nuevo revés para las masivas salidas obligadas de ciudadanos extranjeros decretadas por la administración de Sebastián Piñera.

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en representación de una ciudadana venezolana con familia en Chile, quien fue expulsada por ingresar ilegalmente al país.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que la expulsión de Carmen Cecilia Varela, decretada por la Intendencia Regional de La Araucanía, se adoptó en un «proceso administrativo insuficiente, carente de proporcionalidad y razonabilidad».

En ese sentido, el fallo destaca que dicha decisión «se adoptó luego de un procedimiento contencioso administrativo insuficiente», donde la afectada «no fue oída ni pudo presentar las pruebas que estimare del caso, lo que torna en ilegal tal pronunciamiento en cuanto carece de la debida fundamentación, no pudiendo desprenderse de ella criterio alguno de proporcionalidad y razonabilidad». Junto con ello, se estableció que se afectó «la libertad ambulatoria» de Carmen Cecilia Varela.

Por otra parte, el máximo tribunal enfatizó que se debió tener en consideración factores como la epidemia del Covid-19, las persecuciones políticas y las dificultades económicas «que padecen en sus países de origen quienes ingresan irregularmente a Chile».

En esa misma línea, la Corte señaló que debió igualmente tenerse presente que la ciudadana venezolana expulsada «cuenta con familia en el territorio nacional, por lo que de mantenerse la decisión de la autoridad administrativa se ocasionará la separación de ella». «El acto administrativo impugnado vulnera de esta forma el principio de reunificación familiar, consagrado en el artículo 1° inciso primero y final de la Constitución Política de la República, en cuanto establecen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección, por lo que el tribunal debe adoptar las medidas para reparar la afectación de los derechos vulnerados», concluye la resolución.

NUEVO REVÉS PARA PIÑERA

Este nuevo fallo de la Corte Suprema se viene a sumar a una serie de reacciones de ese tribunal ante las cuestionadas expulsiones masivas decretadas por el gobierno de Sebastián Piñera, las que tuvieron su punto de inflexión cuando tras la salida obligada de 56 ciudadanos venezolanos durante el primer fin de semana de junio, tanto la Defensoría de la Niñez como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) acusaron faltas al estado de derecho.

Lo anterior implicó que el propio máximo tribunal estableciera que las Cortes de Apelaciones deben funcionar en días y horas inhábiles para resolver justamente recursos como el de este caso, lo que comenzó rápidamente a hacerse efectivo.

Una postura que el pasado viernes, durante su discurso en un nuevo juramento de abogadas y abogados, refrendó el propio presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, quien recordó que las expulsiones colectivas son «medidas prohibidas por el derecho internacional de los Derechos Humanos, en general».

Y en esa misma línea fue lo realizado por 33 organizaciones de la sociedad civil, las que el pasado 16 de junio enviaron una misiva a los relatores y relatoras del sistema universal y sistema interamericano de Derechos Humanos. El objetivo fue conseguir respaldo para exigir al gobierno chileno la detención inmediata de estos actos constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos.