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Este martes se llevaron a cabo en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago los alegatos de apertura del nuevo juicio en contra de los presos del estallido social Matías Rojas, Benjamín Espinoza y Jesús Zenteno, en el llamado “caso Hotel Principado”.
Cabe recordar que el 12 de noviembre de 2021 la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad en contra de la sentencia del Tercer TOP de Santiago que había condenado a los tres acusados, ordenando la realización de un nuevo juicio.
El tribunal había condenado en mayo de ese mismo año a 6 años de presidio efectivo a Benjamín Espinoza y Jesús Zenteno por el delito de elaboración y lanzamiento de bombas molotov, y a Matías Rojas a 5 años y 1 día de cárcel por elaboración de artefacto explosivo.
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El inicio del nuevo juicio causó sorpresa y malestar entre los abogados y familiares de los acusados, luego de que advirtieran que en la audiencia de este martes figuraban como querellantes dos abogados del Ministerio del Interior, además de otros dos del Consejo de Defensa del Estado.
Algo que no esperaban los afectados luego del anuncio durante los primeros días del gobierno del Presidente Gabriel Boric del retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado interpuestas por la administración de Sebastián Piñera, además de su público respaldo al proyecto de indulto o amnistía en favor de aquellos privados de libertad durante la revuelta.
Así lo hizo sentir Elsa Marambio, madre del preso Matías Rojas, quien se preguntó a través de su cuenta en Facebook “¿por qué si Boric se supone que sacó las querellas del Estado contra los jovenes del estallido social, en el juicio de mi hijo está el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior aún? Y no solo eso, sino que vienen cada uno con dos abogados más”.
“Todos sabemos que si está el Estado presionando, los jueces no harán un juicio justo. Hasta cuándo quieren seguir cagándose a jovenes estudiantes. Preocúpense de los verdaderos delincuentes”, agregó Elsa.
En tanto, citada por la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Jovita Guiñez, madre de Jesús Zenteno, declaró que “nosotros lo encontramos pésimo, supuestamente este gobierno iba a retirar las querellas, iba a aprobar la Ley de indulto, hizo hasta campaña a través de los chiquillos y que ahora venga a desconocer, es indignante. Estamos muy enojados”.
Por su parte, el defensor de Matías Rojas y abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, señaló que “estaremos a la espera de lo que pase mañana (miércoles). Si (el Gobierno) solicita las penas efectivas, estaríamos ante un escenario sorpresivo, pero para la organización que represento es un escenario esperado”.
Un malestar que se repitió en otro caso de presos políticos del estallido social, el de la Universidad de Concepción, donde 12 alumnos de esa casa de estudios se encuentran querellados por el rector del plantel acusados de haber causado daños en la infraestructura del recinto durante movilizaciones al interior del campus entre febrero y marzo de 2020.
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Recientemente, en el contexto de una manifestación en favor de los jóvenes, Elena orellana, vocera del llamado “caso UDEC”, hizo un llamado al gobierno del Presidente Gabriel Boric a apoyar esta causa, argumentando que el mandatario “se comprometió con nosotros a retirar también la querella, a hablar con el rector”.
Sin embargo, esto no ocurrió de acuerdo a lo que informó el abogado Esteban Arévalo a través de un video subido a sus redes sociales tras la audiencia realizada este lunes. “Les traigo una muy mala noticia: Hoy hemos confirmado que el gobierno de Gabriel Boric ha decidido incumplir su compromiso y seguir como querellante en el caso de los presos políticos de la Universidad de Concepción”.
En ese sentido, el defensor en esta causa advirtió que quien está representando al Ejecutivo en este caso “es el mismo abogado que la tramitó ante el gobierno de Piñera”.
“La Delegación Presidencial del Bío Bío y el Gobierno continúan la senda de Piñera de la persecusión de los presos de la revuelta social”, cerró Arévalo.
