Ecos de la dictadura: Las violaciones a los DD.HH. de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda

Tres son los casos públicamente emblemáticos que han marcado a la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda: Camilo Miyaki, Mauricio Cheuque y Josué Maureira. Sin embargo, esta es una historia de años de constantes y sistemáticas violación a los Derechos Humanos, provocando que hoy, para los vecinos, sea el símbolo de estos actos en Chile.

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El viernes 5 de enero, dos carabineros asesinaron en plena vía pública al malabarista Francisco Martínez. Dos días más tarde, el domingo 7 de febrero, Camilo Miyaki fue encontrado muerto dentro de uno de los calabozos de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. El martes 9 de febrero, Jaime Veizaga, ciudadano boliviano, fue dejado moribundo a las afuera del Servicio Médico Legal y los principales inculpados son dos carabineros de la Primera Comisaría de Calama.

Tres casos distintos, tres lugares diferentes, pero un factor en común: la sospecha e impunidad de Carabineros de Chile.

Dentro de estos casos, el que más confusión ha causado es el de Camilo Miyaki, producto de que la comisaría donde falleció dio como motivo de su muerte el suicidio. Y al no existir más testigos que los mismos funcionarios policiales, la versión oficial que se ha tomado por los medios tradicionales es esa.

Pero, ¿alguien se suicida en una comisaría?

Uno de los factores que se ha pasado por alto es la comisaría donde ocurrieron los hechos. La 51ª comisaría de Pedro Aguirre Cerda es sinónimo de miedo, violencia y abusos para los pobladores de la comuna del sur de Santiago. Son muchos los casos de agresión física que se conocen, pero pocos los que –con fortuna– se han hecho públicos, siendo el más conocido el de Josué Maureira.

La casa de los «perros»

En 2011, el entonces ministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, inauguró la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, ubicada en la calle Centro América 4210. Este punto corresponde a la unión de varias de las poblaciones de la comuna, algunas emblemáticas desde los ochenta por ser puntos de férrea oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, como La Victoria y Dávila.

El costo de la construcción del inmueble de tres pisos fue de $1.800 millones y, según el exministro, la instalación de esta comisaría iba acorde al programa de justicia que tenía el entonces gobierno.

“Es nuestra obligación poner a los delincuentes en el lugar que se merecen, porque sentimos mucho más compromiso con entregarle a la gente honesta la posibilidad de vivir en paz, y sentimos mucha más lealtad con la gente que quiere sacar a sus hijos adelante”.

Rodrigo Hinzpeter

Sin embargo, para los pobladores de Pedro Aguirre Cerda, el edificio de la 51ª Comisaría dejó de ser solo eso. Hoy, al contrario de su propósito inicial, es un símbolo del horror, tal como infamemente se conocen espacios como Villa Grimaldi: un lugar donde se violan los Derechos Humanos en el país y, peor aún, estando en democracia.

El cientista político y candidato a concejal de la comuna, Sharun Uttamchandani, explicó que al igual como existe un sitio de la memoria en Londres 38, «hay una memoria histórica entorno a casos de violación, casos de tortura perpetuadas por parte de agentes del Estado”, que tomó a la 51ª Comisaría como su representación en nuestros días.

Pero esto no es porque sí y ya. El motivo principal es la constante violación y abuso en contra de las personas que habitan esta área metropolitana. El estudiante de Historia de la Universidad Finis Terrae y vecino de la comuna de Lo Espejo, Nicolás Acosta, afirmó que no hay una fecha ni hora exacta de cuándo comenzó la violencia, pero sí que ésta ha sido de manera creciente y constante.

Del mismo modo, según nos explica un joven poblador –al que llamaremos Diego– que ha vivido siempre en la comuna, “luego del 18-O del 2019, los casos aumentaron y fueron mucho más bullados». Aunque también menciona que «desde antes en la comunidad, se comenta de abusos contra los detenidos” por parte de funcionarios.

Dentro de los motivos que Uttamchandani señala como causales de esta violencia, está el que «hay una unidad policial que tiene una autonomía excesiva», a lo que se sumaría «el silencio cómplice» de las autoridades comunales.

Todos estos factores han generado la sensación de que en la zona, Carabineros tiene un poder por sobre cualquiera, sentimiento que se acrecienta aún más cuando el miedo ha invadido las calles. Y este miedo se ha convertido en la forma de enfrentar los abusos, las violaciones, los golpes y las muertes.

“Se les tiene como ‘perros'», cuenta Diego respecto a Carabineros y la ejecución de las acciones anteriormente descritas. «Constantemente abusan de su poder contra la gente de la comunidad”.

Frente a esta percepción, Sharun Uttamchandani –pese a no gustarle la expresión–, la expuso como consecuencia de un «comportamiento en el que cada vez se ha hecho más sistemático el asesinato, la tortura y la presión”, provocando que solo surja un temor justificado hacia la policía.

Hablar como sinónimo de represalia

Cuando una persona que no vive en esta zona de Santiago oye todo esto, puede surgir la interrogante del por qué no se denuncia. La respuesta a esta interrogante es simple: el medio a la represalia (al igual que en el entorno del narcotráfico).

Para la realización de este reportaje, se contactaron alrededor de 10 personas para conversar sobre las implicancias de vivir con uno de los símbolos de la violación a los Derechos Humanos. En su gran mayoría, la única respuesta fue el silencio.

Ante la problemática, Nicolás Acosta nos aseveró que las personas no hablan porque “tienen familia y les asusta el hecho de conversar sobre esto, porque les ha pasado que se habla y un cabro es llevado (a la comisaría), se meten a las casas y ese tipo de cosas”.

Al momento de escuchar esa respuesta, se entienden el porqué de los mensajes leídos sin respuesta por parte de los vecinos contactados para este reportaje.

Al consultarle a Diego sobre este punto, responde que dentro de la comuna existe miedo hacia los funcionarios de esa comisaría. Por su parte, Sharun comenta que existe gente “que declara no tener ningún miedo a perder la vida en manos de Carabineros”, pero al mismo tiempo sí hay “un evidente temor”. Y por otro lado, donde han habido casos de tanta impunidad, «no es que la gente haya perdido el miedo a denunciar, sino que la denuncia no queda en nada, y ese quedar en nada es complicado”.

Ambos dan a entender que sí hay un miedo a hablar sobre lo que pasa tanto dentro como fuera de la 51ª Comisaría, por lo que significaría para ellos y su familia.

Ejemplos concretos de estas represalias son el perseguimiento a las familias de presos de la revuelta social. Según cuenta Sharun, en muchos casos las familias han sido seguidas por automóviles con vidrios polarizados (como en la época de la CNI y la DINA). A esto se suma la intervención de carabineros vestidos de civil en medio de las movilizaciones que se han desarrollado en el sector, grabando a las personas que participan.

«Oficiales de Carabineros de civil han grabado, han anotado patentes, han perseguido gente, han desplegado personal de civil para infiltrarse en asambleas, en manifestaciones (…) Hemos visto a esos autos entrando en la 51° Comisaria, de repente los ves estacionados ahí».

Sharun Uttamchandani

La comisaría desde dentro

Josué Maureira es un joven estudiante de enfermería que durante el estallido social fue detenido por Carabineros. Tras ser dejado en libertad, se querelló en contra de la comisaría por abusos físicos y sexuales durante los cuatro días que estuvo preso.

El relato de lo vivido por Maureira hace énfasis en los golpes de parte de efectivos de Carabineros por su sexualidad. “Tres efectivos policiales comienzan a golpearme, patadas, lumas y a incriminarme mi situación de homosexual«, contó en su momento a Cooperativa.

Asimismo, explicó que también fue víctima de una brutal agresión sexual por parte del personal: “No tengo claridad en qué lugar de la comisaría, entre tres efectivos de Carabineros, dos me bajan los pantalones y proceden a agredirme sexualmente con la luma».

El caso de Josué ha sido de los pocos que ha logrado ser parte de un proceso judicial. No obstante, tras interponerle una prisión preventiva a seis policías implicados en los hechos, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, meses después, derogó la medida cautelar. El motivo: no existirían antecedentes que justifiquen la existencia del delito.

Sin embargo, el de Maureira no es un caso aislado. El 27 de octubre, el medio Interferencia dio a conocer otros dos nuevos casos de abuso sexual por parte de carabineros de la 51ª Comisaría. En esta oportunidad a dos menores de edad.

Según el reportaje, estos dos nuevos casos ya estaban siendo investigados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que ya había confirmado las denuncias y manifestado su preocupación al respecto.

Pese a esto, hasta la fecha de publicación de este reportaje, no ha habido actualización pública de lo sucedido con los menores y las denuncias.

Durante diciembre del 2020, nuestro medio también publicó un testimonio sobre lo sucedido, pero esta vez desde la voz del obrero mapuche Mauricio Cheuque, quien fue detenido durante la conmemoración de asesinato de Camilo Catrillanca por supuestamente portar una bomba molotov.

Según comentó en la querella en contra de la comisaría, la tortura de la cual fue víctima iba desde humillaciones hasta los golpes.

«Mientras me iban insultando, también me escupieron, me grabaron con celular, me humillaron, cada funcionario que pasaba me golpeaba, insultaba o escupía«.

Mauricio Cheuque

A eso se suma la agresiva detención por parte de Carabineros, los cuales lo atropellaron y subieron a golpes arriba del retén.  

La historia se repite

«Herminda de La Victoria
Murió sin haber luchado
Derecho se fue a la gloria
Con el pecho atravesado
Las balas de los mandados
Mataron a la inocente
Lloraban madres y hermanos
En el medio de la gente»

Víctor Jara (1972)

‘Herminda de La Victoria’ es una canción de Víctor Jara, del disco La Población (1972), que relata la historia de una niña que murió en 1967 de un disparo en la cabeza por parte de un carabinero en una de las históricas tomas de terrenos ocurridas en el área que hoy conocemos como población La Victoria.

Antes de existir Pedro Aguirre Cerda como una comuna, La Victoria era uno de los territorios más fieros en oposición al dictador Augusto Pinochet. En consecuencia, la violencia por parte de Carabineros y Fuerzas Especiales era una constante. Balazos y muertes eran pan de cada día.

Una de las muertes que más resonó durante esos años es la del sacerdote André Jarlán, quien el 4 de septiembre de 1948 recibió un impacto de bala de un carabinero en su cuello, mientras leía la Biblia al interior de su casa.    

Vecina de La Victoria es la población Dávila, que pese a tener inicios muy distintos, tiene un desarrollo muy parecido. Creada como legado de la Corporación de la Vivienda por Miguel Dávila Carson en 1949, bajo el contexto de la dictadura también fue refugio de grandes grupos opositores al régimen militar.

Del mismo modo, sus calles guardan grandes cantidades de sangre de muchos jóvenes que combatieron en contra de la tiranía en los tiempos más oscuros del país. Dentro de los más conocidos están Laura Díaz Maldonado, quien fue asesinada en su hogar, y Patricio León Fuentes, hombre tomado a la fuerza a las afuera del Consultorio Amador Neghme, y posteriormente encontrado muerto en la comuna de Estación Central.

Hoy, según Diego y Sharun, el ambiente de Pedro Aguirre Cerda es similar al de esa época. Familias llenas de miedo de que en algún momento, un miembro se vea involucrado en un caso de tortura dentro de la 51ª Comisaría.

No obstante, hay jóvenes que siguen en la lucha por la dignidad y la justicia de los caídos en manos de las mismas personas que juraron ser del débil, el protector.