“Lo están usando como escarmiento”: el calvario de la familia de preso del estallido que se ha entregado cinco veces

Matías Andrade es el único acusado de la quema de una caseta en el peaje de la ruta D-43 en Ovalle. En cuatro oportunidades se le ha otorgado el beneficio de arresto domiciliario, pero esa misma cantidad de veces este ha sido revocado, aun cuando ha reconocido su participación en el hecho. Su padre acusa una persecución política en contra del joven, quien lleva más de un año entrando y saliendo de prisión sin un juicio.


El 28 de enero de 2020, cuando supo que Carabineros lo andaba buscando, Matías Andrade Tabilo (22) se entregó voluntariamente. Fue la primera de cinco veces. Lo acusaban de haber participado el 17 de diciembre de 2019 en la quema de una de las casetas de la plaza de peaje de la ruta D-43, esto durante una protesta por el alza del pasaje en el contexto del estallido social. Se le decretó la medida de arresto domiciliario nocturno.

El Ministerio Público ha pedido en este caso un total de 20 años de prisión para el estudiante, único acusado por lo ocurrido: 10 de presidio mayor en su grado mínimo por incendio e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, y otros 10 como pena única por dos delitos por destrucción de bienes públicos y corte de uso público.

Desde entonces la vida se ha transformado en un verdadero calvario para Matías y su familia, principalmente porque pese a que ha reconocido su participación en el hecho, que tiene irreprochable conducta anterior, que ha colaborado con la Justicia y que ha acudido voluntariamente en cinco oportunidades a entregarse, la Corte de Apelaciones continúa enviándolo una y otra vez a prisión preventiva mientras espera el inicio de un juicio que se ha reprogramado en dos ocasiones, llegando a estar un año y dos meses en esa condición. “Matías ha colaborado con la investigación, reconoció los hechos, íbamos a ir a un juicio abreviado, pero nos dijeron que no, que habían instrucciones”, ha explicado Robin Valenzuela, su abogado defensor, al medio El Ovallino.

A ello se suma que tras la última revocación del beneficio de arresto domiciliario establecido por la Corte de Apelaciones de La Serena, su familia decidió presentar el 4 de enero pasado un recurso de amparo. Sin embargo, ese tribunal se declaró incompetente, enviando dicha solicitud a su par de Valparaíso, el que se declaró igualmente sin competencias para resolver. Fue finalmente la Corte Suprema la que le ordenó al tribunal porteño revisar la acción judicial en cuestión, rechazándola finalmente este viernes, luego de casi dos meses de tramitación. “Mi hijo parece una pelota de ping-pong, lo tienen de allá para acá, tramitándolo”, dice el padre de Matías, Hugo Andrade, en conversación con La voz de los que sobran.

“Esto es un tema político, una persecución contra Matías”

“No entiendo por qué hacen eso. Si fuera un peligro para la sociedad mi hijo no se habría presentado, se habría fugado. Lo que más nos duele como familia es que han sido injustos con mi hijo”, sostiene Hugo.

Hugo Andrade, padre de Matías Andrade

Andrade se refiere especialmente a que en cuatro ocasiones el Juzgado de Garantía de Ovalle le ha otorgado el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, sin embargo, luego de que los querellantes -entre ellos la Fiscalía, el Gobierno Regional y la concesionaria dueña del peaje- apelan a esa resolución, la Corte de Apelaciones lo vuelve a enviar a prisión.

Una decisión que incluso ha sido cuestionada por el propio Juzgado de Garantía de Ovalle. De hecho, el juez de dicho tribunal, Luis Muñoz Caamaño, al otorgarle el 17 de diciembre pasado por cuarta vez el arresto domiciliario, señaló lo siguiente: “Resulta gravoso en este caso -que lleva más de diez meses privado de libertad- mantener la prisión preventiva a la espera de un juicio que no sabemos en qué momento se va a realizar por motivos de la pandemia, y esto significaría alargar la prisión preventiva en circunstancias que podría, el imputado, ser beneficiado con una medida de cumplimiento alternativo en caso de condena”.

“Estamos destrozados porque a mi hijo cada tres meses le dan la libertad, se la revocan y se vuelve a entregar; mi hijo se ha entregado cinco veces de forma voluntaria. Ya no hayamos qué hacer. Él psicológicamente está medio desesperado porque ha colaborado con la Justicia, pero la Justicia lo toma como un verdadero delincuente, y él no tiene antecedentes, es primera vez que se mete en estas cosas”, enfatiza Hugo.

En ese sentido, el padre de Matías agrega además que cada vez que su hijo se entrega debe permanecer 15 días aislado debido a la pandemia de Covid-19 que afecta a nuestro país. “Es decir, se ha entregado cinco veces, por lo tanto ha estado casi 90 días aislado, solo en un cuarto”, explica.

Andrade relata también que llegaron a un acuerdo con la concesionaria afectada para pagar la caseta que se quemó a modo de reparación, la que fue avaluada en 10 millones de pesos. Se le permitió entonces a Hugo cancelar primero el 30% del total y luego el resto en cuotas. Como familia lograron reunir los fondos y depositarlos ante el tribunal. Sin embargo, el padre de Matías apunta que la empresa les explicó posteriormente que no podían recibir esos recursos porque tenían seguros comprometidos.

“Esto ya no es un problema de la Justicia, esto es un tema político, una persecución contra Matías. Lo tienen como ejemplo para los demás, yo creo, como un escarmiento. Mi hijo responde por una sola caseta, ¡y por esa caseta el fiscal está pidiendo 10 años!… ¿Y las otras casetas, quién las quemó? Hay otros involucrados y mi hijo es el único que está preso”, se cuestiona Hugo Andrade.

Un diagnóstico que comparte también el diputado por la zona Daniel Núñez (PC), quien tras visitar a Matías en la cárcel ha declarado que “aquí hay un ensañamiento del Gobierno contra un joven que hizo uso legítimo de protestar”. “Él ha asumido su responsabilidad en los hechos que se le acusan, está dispuesto a reparar el daño producido, pero se lo quiere mantener en prisión por un período que prolonga el año sin tener condena y solo para dar una señal de amedrentamiento a todos aquellos jóvenes que se movilizan para lograr un Chile más justo”, enfatizó el parlamentario, citado por el diario El Día.

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