Como se sabe, la ciudadanía rechazó el domingo 4 de septiembre el borrador de nueva Constitución por una contundente cantidad de votos. Con anterioridad en Chile han existido varias Constituciones, entre ellas las de 1833, la de 1925 y la de 1980.
Entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973, Allende intentó elaborar una nueva Constitución, la cual incorporaba al texto la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, ello no pudo conocerse porque tuvo lugar el golpe de Estado.
En 1980 la dictadura elaboró una nueva Constitución, plebiscitada en una elección sin registros electorales y donde en algunas regiones votó más del cien por ciento de los ciudadanos inscritos.
Aunque ella fue modificada en 1989 y en 2006, donde se eliminan los senadores designados y se cambia la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, tiene aún la huella de la dictadura.
Hay que recordar además que el ex Presidente Frei Montalva la calificó, en un discurso en el Teatro Caupolicán, como ilegítima. Por eso y por muchas cosas más, es necesario cambiarla, creando una nueva.
El Presidente Boric señalo, en su alocución del 4 de septiembre en la noche, que eso le correspondería al Congreso, una entidad, sin ninguna duda, de carácter democrático.
Para elaborar una nueva Constitución hay que considerar dos aspectos: primero, el método de elaboración y luego los contenidos. Ambos deberían ser democráticos, como lo fue la Convención Constitucional. Pero esta última fue rechazada por la ciudadanía, lo que no obsta que la nueva Constitución deba ser elaborada de manera democrática y sus contenidos también deberán serlo.
Ello porque se desea que Chile sea un país con una carta magna democrática, como fundamento jurídico de una sociedad democrática. Y la forma más democrática de elaborar una Constitución es a través de una Asamblea Constituyente.
Una asamblea de ese tipo debe estar constituida por representantes electos en los diferentes territorios. Estos, clasificados por tamaño, son el barrio, el municipio, la provincia, la región y la cúpula del Estado. Si se quiere que la elaboración del texto constitucional sea lo más democrática posible, la asamblea que la elabore debe partir del barrio. Eso significa que pueda participar el vecino que en la esquina habla de fútbol. O sea, los ciudadanos comunes, lo más vinculados al vivir cotidiano.
Del nivel más bajo debe ir subiendo. Siempre con representantes electos, sea en los municipios, las provincias, las regiones, la cúpula del Estado. Ellos deben ir pensando y discutiendo la nueva Constitución, la cual deberá surgir de un debate profundo.
El contenido de la Constitución siempre dependerá de la democracia que se quiera crear. Si esta es una representativa convencional, los contenidos serán unos; si se desea crear una democracia participativa, serán otros.
Ello porque en esta última los ciudadanos ejercen muchos más derechos que en la primera. En la representativa convencional solamente participan de elecciones, mientras en la participativa tienen muchas más atribuciones.
Eso significa, por ejemplo, que los partidos deben ser distintos. Esto significa que deben ser ideológicos y democráticos. Ideológicos significa que deben tener, además de planteamientos sobre el presente, también sobre el pasado y el futuro de la sociedad chilena. Democráticos significa que todos sus dirigentes deben ser electos por las bases y las decisiones que se tomen las realizará el colectivo, en especial aquellas que se refieren a políticas públicas.
Ello porque se trata de una democracia representativa ampliada. En ellas los ciudadanos tendrán las siguientes posibilidades de mayor participación: a) podrán plantear proyectos a discutir en el Parlamento, cuestión que en la actualidad está restringida al Presidente y al Parlamento; b) cuestionar proyectos aprobados por el Congreso, recurriendo por ello al plebiscito; c) pedir la derogación de los mandatos de representantes electos, sancionados por no cumplir sus compromisos electorales o por realizar actos considerados lesivos; d) participar en la elaboración de presupuestos, en los diferentes niveles, del municipal al nacional; e) participar en la dirección de empresas donde trabajan; f) incentivar la creación de cooperativas, con especial énfasis en las de producción; y g) otorgarle mayores derechos al pueblo mapuche.
El valor de una Asamblea Constituyente es que permite la participación de ciudadanos que no ocupan cargos en el Parlamento. Además, como se ha dicho, pueden organizarse desde abajo, desde el barrio y el municipio. Para ello hay que plantear un modelo amplio, no un órgano que exista solo en la cúpula, sino uno que existe abajo, al medio y arriba.
