Chile no puede quedar paralizado. Petrificado en el pasado de los últimos cincuenta años del que son también tributarios el ritmo y la velocidad que tomaron la democratización y el desarrollo que hemos vivido. El país no ha satisfecho las expectativas democráticas pendientes desde el golpe de Estado del ‘73. Sigue latente el sopor de un orden político semi-soberano, según Huneeus, o tutelado, en la visión de Felipe Portales, y nuestro sistema productivo no ha conseguido cruzar el umbral que lo separa de una economía avanzada.
Que Chile no se inmovilice es precisamente el desafío de la Convención Constitucional. No del gobierno de Boric. No la tarea del Congreso, sino del órgano constituyente. Es la Convención quien tiene la función de acomodar nuestra organización política a la tierra y el tiempo que compartimos, y hacerlo cuando el mundo se reajusta de un modo tan acelerado, que corremos el riesgo de percibirnos lentos, más bien ralentizados no obstante ser conmovidos por los inesperados beneficios de la guerra y la pandemia. Ahí están como muestra los inéditos 4,8 dólares por libra de cobre y el 12 por ciento de crecimiento del PIB.
Que Chile no se petrifique, como Pompeya, es el reto de la Convención, y lo está afrontando. Su mayor escollo es, sin embargo, el pesado y naturalizado hábito de mantener las cosas donde están, el miedo a moverlas, el fastidio de que se les cambie de lugar, o de que otros siquiera las toquen. En el extremo, la obsesión fantasiosa, conspirativa y autodestructiva por la inercia. Y ya en el abismo, la banalización de la acción política por la depravación del lenguaje, el envilecimiento de la crítica, donde todos son expertos en todo, y la lógica ilógica del argumento «ad hominem»: estoy en desacuerdo con tus ideas, pero la cuestión de fondo es que no me gusta cómo eres.
Los detractores del actual proceso constituyente han buscado desacreditar su trabajo, porque no pueden objetar sus contenidos pues todavía no existe un texto escrito.
La más grave de estas acusaciones la realizó el presidente del Servicio Electoral al cuestionar el origen democrático de la Convención, lo que fue refutado por los miembros del directorio.
Hoy se dice que la Convención está trabajando a matacaballo, deprisa o atropelladamente, e incluso de manera histérica e insensata, lo que justificaría prolongar por medio año el plazo de su mandato.
Seis meses más, sin embargo, no van a mejorar los actuales máximos consensos, permiten un periodo de penetración en la opinión pública a la sistemática campaña de menoscabo en que está empeñada la prensa y la televisión de derechas.
Hoy, la inmensa mayoría de quienes tienen claro su voto aprobará el texto constitucional que está preparando la Convención, y es improbable que esta actitud cambie de ahora al mes de agosto, que es la fecha de realización del plebiscito de salida, incluso mediando una fuerte propaganda de desprestigio. Se necesitan más días para que los mensajes maduren y prendan.
La encuesta Barómetro del Trabajo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, junto con MORI, de febrero recién pasado, comprobó que el 36 por ciento votaría por el apruebo y sólo un 17 por ciento por el rechazo. Esto significa un triunfo por un 67 por ciento, o sea, dos tercios.
No obstante, alrededor de siete millones de electores, el 47 por ciento de quienes deberían concurrir al plebiscito, no tiene resuelto qué hacer, y, naturalmente, sería permeable a la publicidad engañosa.
La reciente encuesta Data Influye confirmó que el 45 por ciento de la población se inclina por aprobarla, mientras el 31 por ciento está por rechazar y el 24 por ciento se declara indeciso. Asimismo, el 29 por ciento cree que el texto será visado por amplio margen y el 22 por ciento que lo hará estrechamente, cifras que disminuyen al 12 y el 7 por ciento, respectivamente, en cuanto al rechazo.
Las cosas no pueden quedar atrapadas en el tiempo. Nosotros mismos no podemos dejarnos fosilizar por esta erupción de atavismos y miedos. El máximo consenso posible con que hoy se busca condicionar la legitimidad del trabajo de la Convención, no es algo por garantizar y que deba tutelar el gobierno, el parlamento o los jueces. Si acaso está al alcance de los partidos políticos hacerlo cuando se arriba a la coronación del debate constitucional.
El máximo de acuerdo está fijado por la regla de los dos tercios que operó como cepo desde los años ochenta. La fórmula del candado institucional, del quórum del 67 por ciento, difícil de lograr, fue impuesta durante la dictadura y rehabilitada a instancias del expresidente de la UDI, Pablo Longueira, como moneda de cambio para destrabar las negociaciones y darle curso al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
El máximo consenso posible de los dos tercios fue, asimismo, resistido por el Partido Comunista, que, dadas sus reiteradas derrotas en el seno de la Convención, sugirió que la norma pudiera ser enmendada por el nuevo parlamento que creía afín. Pero no fue factible y, así acabó resignándose a ella, y ha sido en virtud de ella que ese mismo partido ha podido frenar la fragmentación político-administrativa del país y la desarticulación de la organización sindical que acarrearía consigo. Ese máximo consenso sigue prevaleciendo para garantizar el respeto de los tratados internacionales, el régimen democrático y republicano, y los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos. Precisamente por todo esto la Convención es poder instituido y no poder constituyente.
No debiera excitar pasiones flamencas, el cambio de la estructura y composición del Congreso, la mayor autonomía de las regiones o la nacionalización del cobre, el litio y el oro, pues no hay nadie aquí apostando la vida a una carta. Hace cincuenta años, cuando algunos de nuestros políticos recién comenzaban a caminar, en Chile ya se discutía públicamente la propuesta de cámara única, que, en las democracias parlamentarias, forman nada menos que el gobierno, algo que nunca ha tenido lugar en nuestra historia. Luego, por primera vez en sesenta años, desde que escuchamos la voz técnica, está asomando una genuina descentralización y desconcentración, pero no acaba de nacer y es motejada de federalismo y secesionismo ―como aquel calificativo según el cual lo de La Araucanía es invasión de un país por otro país―, un soberano disparate. Y así también son las reacciones cáusticas que suscita la protección del patrimonio material de Chile. Nada extraño para el Congreso de la Democracia Cristiana, donde se ha defendido que el cobre, el litio, el cobalto y las tierras raras debían ser de nuestro país y, por lo tanto, administrados por el Estado, revisando el accionar de CORFO y los contratos suscritos con países y empresas extranjeras.
No cabe imputarle a la Convención el propósito de copiar en el papel constitucional un boceto foráneo. Porque el único camino posible es la vía chilena. No hay votos para otra cosa. Incluso a contrapelo de quienes emulan sin consecuencias prácticas la Venezuela de Chávez, la Cuba de Fidel o la Rusia de Putin. Y si la distancia con Suecia y Canadá es geográfica, cultural y económica, es porque tampoco se pretenden sus estándares sin pasar por las propias etapas de nuestro desarrollo humano. Por eso, de todo punto de vista resulta peregrina la idea de un reprobatorio plan B, como si hubiera habido un aprobatorio plan A.
Desear una nueva Constitución no necesariamente entraña aprobar la que ofrezca la Convención, pero será ésta la que apruebe la mayoría de los quince millones de ciudadanos convocados a plebiscito. A la inversa, rechazar el texto de la Convención no necesariamente significa que éste sea malo. Puede ser un buen escrito, pero que una minoría de la ciudadanía rechace porque quiere seguir votando por la Constitución de 1980. Así y todo, nada será más dramático que seguir perfeccionando la Carta a lo largo de los años, como en el pasado. O volver a cambiarla.
Esto no es Pompeya, que quedó sepultada el año 79 bajo el flujo piroclástico del volcán Vesubio.
