Fotos: Mara Eve Daruich Rozas
El pasado martes 17 de mayo, se conmemoró el día Internacional del Reciclaje, lo que nos recuerda el desafío que tenemos de aumentar el 9,2% de residuos que son reciclados en nuestro país. Desafío que se ha transformado en una prioridad ante la crisis climática y ecológica que vivenciamos como sociedad.
La gestión de los residuos o en su defecto la generación de basura es la segunda problemática ambiental que más preocupan a las personas en Chile, como lo demuestra la Encuesta Nacional Ambiental 2020, donde el 29,7% identifica la generación de basura como un problema prioritario, en esa línea el 43.3% de las personas encuestadas declara separar habitualmente sus residuos para reciclar. Pero ¿La valorización de los residuos se condice con la preocupación de las personas por reciclar?
Según el Reporte del Estado del Medio Ambiente 2021, en el 2019 la generación de residuos alcanzó los 19,7 millones de toneladas, 55,6% de los cuales son de origen industrial y 39,9% de origen municipal, lo restante corresponde a Plantas de tratamiento de aguas servidas y residuos peligrosos. Respecto del tratamiento de los residuos sólidos municipales, un preocupante 98,2% va a disposición final y solo el 0,9% se destina a algún tipo de valorización.
En la comuna de Santiago, según datos de la Subdirección de Aseo y Gestión integral de Residuos, para el año 2020 se retiró 168.974,55 toneladas de residuos sólidos, de los cuales se reciclaron mediante el programa Santiago Recicla Fácil 1585,5 ton, lo que significa un 0,93% del total, considerando que los materiales reciclables son el PET, cartón, vidrio y aluminio. También es importante considerar que aproximadamente el 54% corresponde a material orgánico de los cuales una ínfima cantidad son valorizados mediante programas de compostaje municipal.
Entonces, ¿Por qué se valoriza tan poco? Por una parte, tenemos la falta de políticas públicas que aborden la problemática de la gestión de los residuos desde un punto de vista integral. Las políticas vigentes se han basado en la disposición final de los residuos mediante la construcción y uso de rellenos sanitarios, vertederos, rellenos de seguridad, entre otros, los cuales corresponden a una vía menos costosa pero que históricamente ha desconocido la generación de pasivos ambientales que actualmente los hace insostenibles. Así mismo, dado el aumento sostenido de la población, los cambios en los patrones de consumo y la ausencia de procesos de valorización eficientes, ha hecho de su capacidad finita llegue a los máximos de disposición debiendo buscar nuevos lugares para construir rellenos sanitarios u otras infraestructuras para la disposición final.
En segundo lugar, se debe evaluar la existencia y eficiencia de servicios municipales de reciclaje, así como otras acciones de valorización de residuos. Esto se ve supeditado a los presupuestos municipales para aseo y ornato, los cuales son desiguales dependiendo de la comuna que se analice, además de no existir una obligatoriedad en la Ley orgánica constitucional de municipalidades donde solo se establece la responsabilidad de proveer el servicio de extracción de basura y aseo de la vía pública y de bienes nacionales de uso público, por tanto las municipalidades no están en la obligación de destinar presupuesto a servicios de reciclaje o valorización, dependiendo así de la voluntad política del gobierno municipal de turno.
Un tercer elemento está asociado a la falta de obligatoriedad individual de separar los residuos en origen, así como de disminuir la generación de los residuos previo a la entrega de estos a los servicios de recolección, lo que se ha determinado como estrategias de prevención. En ambos casos se requiere de planes de educación ambiental, incentivos al reciclaje de inorgánicos y orgánicos, así como de políticas públicas que regulen ambas estrategias, pero que también destinen presupuesto fiscal para programas que permitan su eficaz implementación, pues ¿cuántas veces no hemos separado los residuos para luego ver que el camión de la basura mezcla todo?.
El cuarto elemento corresponde a la trazabilidad del residuo, lo que involucra a quienes producen los envases y empaques que posteriormente son desechados. Hasta ahora, la responsabilidad por dichos contaminantes terminaba hasta la distribución del producto para la venta en el mercado, traspasando dicha responsabilidad a las entidades municipales o bien generando las condiciones para que empresas privadas, así como también, de recicladoras y recicladores de base, realicen la recolección y posterior valorización de estas.
¿Cómo avanzamos? En 2016 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.920 sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que establece la responsabilidad de las empresas productoras e importadoras de productos determinados, para que estos se hagan cargo de los residuos generados por sus productos. El reglamento de dicha ley contempla metas de recolección y valorización de residuos lo que “debiese” traducirse como estímulos para el reciclaje. Pero, esta ley se reconocen diversos vacíos que no son contemplados y con los cuales podríamos avanzar efectivamente a una gestión integral de residuos como lo son los impuestos sobre los rellenos sanitarios y símiles, mejora en las técnicas de manejo de los residuos sólidos municipales, promoción y financiamiento de infraestructura de almacenamiento en diversas escalas con priorización de los servicios básicos municipales, consideración de la salud ambiental, implementar estrategias de recuperación y generación energética, mejora en los sistemas informatizados de gestión de datos respecto de los procesos encadenados en la gestión de residuos, promoción e integración efectiva de recicladoras y recicladores de base mediante programas de acompañamiento, formación y cooperativismo, mayor deber de los sectores industriales en la valorización y reciclaje y por último el aumento del acceso a los recursos financieros para las municipalidades destinados a aseo, ornato y gestión integral de residuos.
La crisis climática y ecológica es hoy uno de los mayores desafíos a nivel mundial y civilizatorio, que nos obliga a repensar las ciudades de forma distinta cuestionando los patrones de producción, consumo y valorización de residuos, esto último, puesto que el desafío es lograr la circularidad reduciendo, cuanto se pueda, la generación de basura o fracción rechazo que no es posible valorizar.
Actualmente el proceso constituyente no ha estado al margen de esta discusión, en el borrador final de la nueva constitución se ha aprobado Artículo n° 20 el cuál establece la gestión de residuos como un “deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos, en la forma que determine la Ley”. Con esto damos unos pasos en el camino correcto hacia un horizonte en donde podamos hacernos cargo de los residuos que generamos como sociedad, en la futura constitución se encuentran depositados elementos claves que hasta el día de hoy no habían sido recogidos por constituciones anteriores, estando a la vanguardia en materia de responsabilidad ambiental, abriendo así la posibilidad de tener una carta magna a la altura de los tiempos de crisis que enfrentamos, en miras al buen vivir de los territorios, sus comunidades y el resguardo de los ecosistemas.
