Empresarios y macro minería: Los grandes responsables de la sequía y la falta de agua

El saqueo de los recursos naturales es sinónimo de muerte para las comunidades campesinas e indígenas en el norte, centro y sur del país, que son despojadas de sus recursos estratégicos y condenadas a la pobreza.

Chile es el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas. El Código de Aguas de 1981, impuesto bajo la dictadura militar, separó los derechos de agua de los de la tierra. Con este cambio el agua pasó a ser una mercancía más. Dicho código establece que el propietario puede arrendar, comprar y/o vender sus derechos como cualquier otra propiedad. En Chile, los particulares obtuvieron sus derechos de agua de forma gratuita y perpetua, es decir, heredable y el Estado no los puede recuperar porque la constitución no lo permite.

Esta política se fortaleció durante los gobiernos de la ex Concertación, que en el año 1994 vende, a muy bajo precio, y privatiza las empresas sanitarias de distribución de agua, que en esta época ya contaban con una extensa red acuífera. Se dijo que esta transacción era para urbanizar nuevas áreas. ¡MENTIRA! Las pruebas son contundentes: siguen las inundaciones cada vez que llueve, hay zonas que no tienen alcantarillado e incluso, en comunas del «Gran Santiago», como San Ramón o Lo Espejo, hay familias sin conexión a la red de agua potable y les están cobrando 9 millones de pesos por esta conexión. Nadie se hace cargo, ni las municipalidades, ni la compañía de agua, ni el Estado. Porque el agua no está contemplada como un derecho, sino como una mercancía.

¡Cada fin de mes tenemos que pagar a los empresarios por un derecho humano!

Porque Chile les regaló el agua y ellos nos hacen el «favor» de distribuirla.

El saqueo de los recursos naturales es sinónimo de muerte para las comunidades campesinas e indígenas en el norte, centro y sur del país, que son despojadas de sus recursos estratégicos y condenadas a la pobreza. El Estado encubre este saqueo como una sequía derivada solo del cambio climático y traspasa la responsabilidad de la falta de agua a los ciudadanos, pero, es la gran industria la que más ocupa este recurso: mineras, forestales, grandes plantaciones de monocultivo o hidroeléctricas, generan zonas de sacrificio mediante el extractivismo.

En la ciudad de Calama, por ejemplo, en medio del desierto de Atacama, las industrias mineras ocupan el 97% de las aguas subterráneas y en la misma ciudad más de 26 mil personas viven con carencia de recursos básicos como agua, luz o gas y esto sin contar con los daños ambientales que genera este tipo de industria. Por otra parte, el 80% de las cuencas están sobre otorgadas, es decir, regalaron más de lo que existe. Pero la gran industria necesita aún más y usan aguas ilegales de napas subterráneas. Las multas por este tipo de robo son tan bajas, que las empresas ya las tienen contempladas en sus gastos operacionales.

Este gobierno busca asegurar sus ganancias. ¿Cómo no? si Antonio Walker, ex ministro de agricultura de Piñera, junto a su familia tienen una acumulación de 29 mil litros por segundo de agua y no es el único político con intereses hídricos. Lo anterior contrasta con la realidad de muchos chilenos que dependen de agua no potable repartida por camiones aljibes para suplir la carencia de agua que generan estas industrias.

¿Qué ofrece el Estado? Represión, muerte, robo y saqueo. Macarena Valdés, defensora del agua y del territorio mapuche e hicieron pasar este hecho como un suicidio, es más, muchas y muchos activistas del agua viven hoy bajo constantes amenazas.

El capitalismo y la acumulación irracional de los recursos, genera una fractura total del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, dañando el ecosistema y la biodiversidad.   

¡No es sequía, es saqueo! Trabajadores y comunidades somos capaces de gestionar y distribuir nuestros recursos estratégicos para que estén a disposición de satisfacer las necesidades de las grandes mayorías.

Luchemos por la estatización de los servicios sanitarios, por la renacionalización de nuestros recursos estratégicos y del agua, que sean gestionados y administrados por trabajadores y comunidades, priorizando las necesidades humanas y ambientales, no las ganancias millonarias de los empresarios.

Pongamos fin al saqueo de los 30 años y al Código de Aguas.

La única salida ante la catástrofe que nos amenaza es tomar el presente y el futuro en nuestras manos.

Por eso, en este proceso constituyente queremos darle vuelta todo y mantener en alto las demandas de octubre por una Asamblea Constituyente libre y soberana para terminar con todo el legado de la dictadura y ponerle fin al capitalismo extractivista que está destruyendo nuestro planeta.