Periodista detenida mientras cubría aniversario del 18-O fue multada: denuncia irregular proceso de Carabineros y Fiscalía

El pasado 11 de noviembre la periodista Carolina Trejo fue notificada de la decisión judicial que la multó a pagar 1/3 de Unidad Tributaria Mensual (UTM) -es decir, $20.300 aproximadamente-, luego de haber sido detenida por Carabineros el pasado 18 de octubre mientras cubría en las inmediaciones de la Plaza Dignidad en Santiago las manifestaciones por el tercer aniversario del estallido social.

De acuerdo a lo que informa la agencia Sputnik, medio del cual Trejo es corresponsal, la también académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile fue condenada como autora de «una falta penal de desobediencia policial».

En diálogo con Sputnik, la periodista sostuvo que «lo absurdo, por no decir sospechoso, es que el juez de garantía, que acoge el requerimiento presentado por la Fiscalía y resuelve la multa, lo hace sobre la base de la información entregada por el fiscal, que al momento de individualizarme detalla todos mis datos: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento y la dirección de mi domicilio, pero respecto de mi profesión u oficio indica que ‘se ignora'». «Es decir, que extrañamente solo se desconoce mi profesión», enfatizó Trejo respecto al actuar del fiscal adjunto Patricio Cooper Monti.

En ese sentido, la docente añadió que su profesión «es un dato que está a la vista de cualquier funcionario público, de Carabineros, del fiscal, del propio juez. Está impreso en la cédula de identidad, no es algo que tengan que averiguar». Junto con ello, apuntó que al ser subida al carro policial aquella jornada, sus dos credenciales de periodista -la de la agencia y la que otorga el Gobierno a los corresponsales- le fueron retenidas por el cabo Segundo Rafael Carrasco, «quien las mantuvo en su poder durante todo el tiempo que estuve detenida».

«Es de no creer la facilidad con la cual la policía decide contar su versión de los hechos, omitiendo, en mi opinión intencionadamente, información relevante y que cambiaría la resolución. Omisión de la cual la Fiscalía, con o sin conocimiento, se hace parte al momento de entregar esos únicos antecedentes al juez», profundizó Carolina.

Una vez notificada, Trejo tiene 15 días para aceptar o rechazar la pena impuesta. De rechazarla, se iniciará un procedimiento judicial simplificado ante un juez. En este caso, la imposición de la pena ha sido suspendida por seis meses. Sin embargo, la periodista advirtió lo siguiente a Sputnik:

«En el momento que se suspende la condena, se señala que no debo tener un nuevo requerimiento o formalización. ¿Y qué significa esto?, ¿que no debo ir a cubrir noticias donde existan procedimientos policiales, manifestaciones sociales? Es decir, ¿dejar de hacer mi labor?… Es inaceptable; sobre todo, si un funcionario puede nuevamente mentir en su declaración, como lo hemos constatado en varios casos de presos de la revuelta».

El medio añade que Trejo está decidida a rechazar la sentencia. «Es injusta, además de irregular todo el actuar, desde la detención, hasta la acusación y la posterior imposición de la pena», argumentó.

Para la comunicadora, esta es una situación que «me hace pensar en tantos y tantas ciudadanas, jóvenes y estudiantes, que han sido detenidos, que no cuentan con el apoyo como el que yo he recibido de mis colegas, de mi gremio, de mi agencia Sputnik y mi universidad». «Porque si a mí me condenan, a pesar de existir pruebas y registros de que me encontraba trabajando, ¿qué pasa con esas personas que son acusadas injustamente y no tienen la visibilidad que mi profesión me brinda?», concluyó Trejo.