Este jueves el convencional Hernán Larraín Matte (Evopoli) acusó a través de una declaración pública que la Mesa Directiva de la Convención Constitucional (CC) “modificó hoy el texto constitucional sin respetar la voz del Pleno”.

Lo que en su calidad de vicepresidente adjunto denunció Larraín en específico -calificando la acción como un “acto abusivo y antirreglamentario”- es que, además de las sugerencias realizadas por la Secretaría Técnica de la Convención establecidas por protocolo, la Mesa Directiva “puso en votación la modificación del inciso segundo del artículo 191 del texto definitivo sobre la consulta indígena con consentimiento, lo que fue aprobado por ocho votos a favor, con mi voto en contra”.

En ese sentido, la modificación aludida por el convencional de Evopoli se tradujo en que en el inicio del inciso segundo del artículo 191 se cambió la frase “pueblos y naciones preexistentes al Estado” por “pueblos y naciones indígenas”.

Para cerrar su comunicado, Hernán Larraín postuló que “la Mesa modificó el texto sin tener las facultades para eso”, pidiendo en consecuencia que dicho cambio se deje sin efecto.

La respuesta de la Mesa

Ante esto, la Mesa Directiva de la Convención emitió la noche de este jueves una declaración pública en la que señaló que durante la jornada se llegó a un acuerdo mayoritario en esa instancia -que no contó con el voto de Larraín- en cuanto a “interpretar” que de acuerdo al artículo 39, letra u), del Reglamento General, este organismo sí “tiene atribuciones para introducir correcciones en el texto constitucional con el objeto de dar cumplimiento al principio de coherencia consagrado en el artículo 3, letra ñ), del mismo reglamento”.

En ese sentido, se añade en la declaración que el mencionado acuerdo “tenía como finalidad dotar de contenido a las recomendaciones efectuadas por la Secretaría Técnica”, las que -recordemos- sí son reconocidas por Hernán Larraín en su comunicado.

En cuanto a la modificación misma, la Mesa Directiva sostiene que “la expresión usada para referirse a los pueblos indígenas en la propuesta es ‘pueblos y naciones indígenas’”, que es con la que finalmente se reemplazó a “pueblos y naciones preexistentes al Estado” en el citado artículo 191.

De hecho, los convencionales de la Mesa destacan que “es posible constatar que en el texto armonizado, esta referencia, luego de las votaciones en el Pleno, se repite en más de 30 oportunidades”.

En esa misma línea, se añade que el sinónimo utilizado –pueblos y naciones indígenas– “obedece a las reglas de lenguaje claro que esta Convención ha adoptado para todo el texto, siendo un aspecto clave para la comprensión de la propuesta por parte de la ciudadanía”.

Puedes leer la declaración completa de la Mesa Directiva de la Convención a continuación.

En la edición de este jueves del matinal de La voz de los que sobran conversamos con el abogado del Observatorio Constituyente, Flavio Quezada, quien se dio el tiempo de derribar las fake news que han circulado en los últimos días respecto a que la nueva Constitución no garantizaría a las personas el derecho a la propiedad sobre una vivienda.

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Respecto a la supuesta inseguridad jurídica sobre la propiedad de un inmueble que se ha denunciado desde la derecha, Quezada fue categórico al afirmar lo siguiente: “Esto de que ya no vas a ser dueño de tu vivienda, de que el Estado ahora puede quitar esto, es falso”.

El abogado enfatizó en que la nueva Constitución incluso agregó obligaciones al Estado que no están consideradas en la actual carta fundamental. “Con el derecho de propiedad tú ya tienes garantizado de que esa propiedad ya es tuya (…); pero el derecho a la vivienda además garantiza -a diferencia del derecho a la propiedad- la habitabilidad, es decir, que sea de buena calidad donde vas a vivir, que existan servicios a los que tú puedas acceder, que no te quede demasiado lejos del trabajo y que en el fondo te lo impida (…) Y este derecho impone, además, ciertos deberes prioritarios al Estado”, explicó el jurista.

En ese sentido, el representante del Observatorio Constituyente destacó que, por ejemplo, entre esos deberes del Estado se incluyen “asegurar el acceso (a la vivienda) a ciertos grupos históricamente desfavorecidos (…), como las personas mayores de edad, discapacitados, a los enfermos terminales, a las personas con VIH positivo”, entre otros.

#LaVozDeLosQueSobran | @Flavioqr: "Esto de que ya no vas a ser dueño de tu vivienda y que el Estado pueda quitártela, es totalmente falso. También se establece todo un conjunto de otras obligaciones, que no existen hoy, y que han generado un montón de problemas sociales". pic.twitter.com/73yzMjJMZ2— La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) June 30, 2022

#LaVozDeLosQueSobran | @Flavioqr: "El derecho a la vivienda además garantiza, a diferencia del derecho a la propiedad, la habitalidad, es decir, que sea de buena calidad donde vas a vivir y que existan servicios a los que puedas acceder".

📺EN VIVO https://t.co/1UjCMI5HYY pic.twitter.com/3st8p0V2J9— La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) June 30, 2022

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El pasado 17 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de la defensa de la exministra de Justicia, Javiera Blanco, procediendo a sobreseerla de la investigación por presuntos desvíos de gastos reservados de Carabineros.

En aquella oportunidad, los jueces de la Corte de Apelaciones determinaron que el Ministerio Público comenzó a indagar los hechos cuando se había cumplido el plazo de prescripción.

No obstante, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público interpusieron un recurso de queja en contra de los ministros Antonio Ulloa Márquez y la subrrogante Ana María Osorio Astorga, quienes sobreseyeron a la exsecretaria de Estado.

Finalmente, será la Corte Suprema quien deberá derimir si los jueces que sobreseyeron a la exministra de Justicia, cometieron una falta grave.