Este lunes 14 de noviembre el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aprobó presentar una querella en contra del Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad ante violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social.
La acción legal, dada a conocer este martes por La Tercera, fue votada a favor por los consejeros Consuelo Contreras, Sergio Micco, Constanza Valdés, Lieta Vivaldi, Francisco Ugás, Juan Carlos Cayo y Yerko Ljubetic, y en contra por Cristián Pertuzé y Sebastián Donoso.
Si bien la querella se dirige “en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumamos o degradantes”, en ella se menciona a siete generales que son a quienes la Contraloría les imputó un conjunto de infracciones a la normativa legal y reglamentaria que fija los marcos y protocolos de actuación de la institución policial.
Se trata de Mauricio Rodríguez, ex jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, ex jefe de la Zona Santiago Este; Jorge Ávila, ex jefe de la Zona Control Orden Público e Intervención; Jorge Valenzuela, ex director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Jean Camus, ex director de Logística; Hugo Zenteno, ex jefe de la V Zona Valparaíso, y Enrique Monrás, entonces jefe de la Zona Santiago Oeste. Y también se menciona en la acción legal al ex general director de Carabineros, Mario Rozas.
Respecto de Monrás, cabe destacar que el pasado 14 de octubre fue ratificado por el Presidente Gabriel Boric en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. Monrás fue quien, junto al también mencionado Enrique Bassaletti, firmaron dos informes que en septiembre de 2020 Carabineros hizo llegar a la fiscal Ximena Chong -quien investiga el ataque que a manos de la policía sufrió el 18 de octubre de 2019 María Paz Grandjean– en los que se descartaba la presencia de funcionarios en la esquina de Alameda con Ramón Corvalán en Santiago, donde la reconocida actriz recibió el impacto de una munición de una escopeta antidisturbios.
Recordemos que el proyectil le provocó a Grandjean una fractura en la mandíbula, lesión que alcanzó parcialmente su ojo derecho.
Las cámaras ubicadas en la mencionada esquina habían grabado el momento en que el capitán Tomás Rodríguez, acompañado de un gran contingente policial, disparó en el rostro de la actriz, evidenciándose que Monrás y Bassaletti habían mentido ante el Ministerio Público.
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“Omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos“
La querella del INDH, que se presentará en estos días, busca que se investigue y sancione las “graves violaciones de derechos, procurando perseguir una de las dimensiones de la responsabilidad penal, la de los mandos policiales, que en el período comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019 omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición de hacerlo”.
En ese sentido, se apunta que una vez iniciadas las manifestaciones de la revuelta se reportaron una serie de vulneraciones a derechos a manos principalmente de Carabineros y las Fuerzas Aramadas, y que el propio INDH comenzó a emitir breves informes donde se incluían episodios de violencia institucional. De hecho, el lunes 21 de octubre, dos días después de iniciado el estallido, el organismo contabilizó 84 personas heridas por armas de fuego.
La acción legal menciona los informes donde se iba detallando las personas que estaban resultando heridas -incluidas aquellas con trauma ocular-, además de las acciones legales que el Instituto iba interponiendo ante la Justicia. Al 8 de noviembre de 2019, por ejemplo, se contabilizaban 182 heridos oculares y 262 acciones judiciales.
Al respecto, se enfatiza en la querella que el 30 de octubre el otrora director del INDH, Sergio Micco, dirigió un oficio al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, donde se daba cuenta de todas las querellas y otras acciones deducidas por el Instituto entre el jueves 17 de octubre y la tarde de ese mismo día.
“De manera fehaciente se puede constatar que el Alto Mando de Carabineros tomó conocimiento de estos hechos -al menos aquellos que habían sucedido hasta el día 30 de octubre de 2019- y, no obstante ello, estos hechos continuaron ocurriendo con similar o mayor gravedad, hasta que recién el día 19 de noviembre de 2019 se da la orden general de uso restringido de la escopeta antidisturbios”, se subraya en la acción legal citada por La Tercera.
Por otra parte, se advierte que incluso hay documentos remitidos desde la institución policial en donde se explicita que esta se hallaba en conocimiento de lo que estaban provocando sus procedimientos. Por ejemplo, se menciona un oficio enviado por la comisaria mayor de Carabineros, Macarena Cáceres Cané, al Juzgado de Familia de Pudahuel, donde se sostiene que “resulta evidente que existe un peligro latente para los menores, niñas, niños y adolescentes, de verse expuestos a riesgos en su integridad física y psíquica, del todo evitables”.
Por último, el INDH solicita en su querella que se le tome declaración a una serie de víctimas y a generales de Carabineros, entre ellos al actual general director, Ricardo Yáñez, y al ex teniente coronel Claudio Crespo Guzmán, este último imputado por el Ministerio Público como responsable de la ceguera que hoy padece el manifestante Gustavo Gatica.
