Segpres se reunió con mesa de la Convención en medio de polémica por presupuesto de Consulta Indígena
El Ministerio había oficiado a la Mesa Directiva por solicitud de montos superiores a los presupuestados. Al respecto, el Ejecutivo informó que colaborará con el proceso y la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, prometió un recorte presupuestario.
Foto: Sebastián Beltrán
El pasado jueves, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad y la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, realizaron el lanzamiento de la Consulta Idígena.
Su primera etapa se extenderá hasta el 14 de febrero y se basa en la difusión del proceso. Luego, se realizarán visitas a las distintas regiones donde se ubican las comunidades indígenas, lo que culminará el 4 de marzo.
Seguido de eso, se procederá a la etapa de deliberación de las propuestas y posterior a ello se trabajará en los informes y catálogos de derechos, para comunicar los resultados el 4 de abril.
Sin embargo, el presupuesto fue criticado por el Gobierno, ya que era de $1.400 millones. El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, solicitó un reajuste presupuestario y, además, se manifestó preocupado por el acotado plazo que tienen para realizarla.
Frente a esto, este viernes se llevó a cabo el encuentro ente autoridades de Gobierno, encabezadas por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, y la Mesa Directiva de la Convención Constitucional.
Fue así que a través de un oficio firmado por el propio Ossa y el subsecretario Máximo Pavez, se señaló que “nos preocupa el que pocos días atrás (21 de enero de 2022) se haya señalado que se requería un presupuesto de más de 1.410 millones de pesos para la realización de la consulta indígena. Lo anterior, pues dicho monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria con que cuenta actualmente la Convención Constitucional, incluso considerando el monto de 974 millones de pesos transferidos el año recién pasado al Consorcio de la Universidad del Estado de Chile, que además de la consulta, deben utilizarse para la Secretaría de Participación Popular y la Secretaría de Comunicaciones”.
El ministro Ossa añadió que “se trata de un proceso que requiere tiempos muy rápidos; nos preocupa que pueda haber algún atraso, y por lo mismo hemos comprometido poder avanzar en algún mecanismo de colaboración con nuestros equipos y también de la mano de los gobiernos regionales, muchas municipalidades. Así es que los próximos seguiremos avanzando y esperamos tenerles alguna novedad”, sentenció.



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