Rutherford establece que ex comandantes en jefe se ‘concertaron’ para quedarse con gastos reservados del Ejército

La tarde de este miércoles La Tercera publicó un artículo en donde dio cuenta del informe que la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, elaboró en respuesta al amparo presentado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, tras su procesamiento y envío a prisión preventiva el pasado martes 25 de octubre.

Cabe recordar que Cheyre fue procesado por el delito de malversación de caudales públicos, lo que se traduce en un perjuicio fiscal que alcanza los $128.638.559. Esto, en una de las indagatorias que Rutherford sigue en el llamado caso “fraude en el Ejército”, específicamente en la arista que tiene que ver con los gastos reservados.

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En el documento de 23 páginas dado a conocer hoy, pero fechado el 28 de octubre pasado, lo que Rutherford hace es responder a la acusación de la defensa de Cheyre de que la ministra de la Corte Marcial habría dispuesto la detención del ex uniformado «sin tener jurisdicción para ello».

Ante esto, la magistrada es categórica al responder explicativamente que los hechos por los que está procesado Cheyre efectivamente «dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro». «Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe», añade Rutherford.

Y para reforzar su respuesta, expone lo siguiente sobre el ex militar: «Existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva, se encuentra indubitada».

«Concertados»

Junto con la respuesta respecto del caso específico de Juan Emilio Cheyre, en su informe la ministra en visita de la Corte Marcial explicita un trascendental antecedente sobre los cuatro ex comandantes en jefe del Ejército encausados: Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018), Humberto Oviedo (2018-2021), Óscar Izurieta (2010-2014) y Juan Emilio Cheyre (2006-2010).

Romy Rutherford establece que los cuatro altos mandos de la institución castrense se organizaron para crear un sistema para asegurar la entrega de gastos reservados, una vez que pasaran a retiro.

«Al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros-, no puede desconocerse el concierto que se ha referido», sostuvo la magistrada.

De hecho, Rutherford enfatiza esta afirmación al momento de referirse a la situación de Cheyre, al señalar que «estuvo en concierto con aquellos excomandantes en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados».

Y respecto al llamado «general del Nunca Más«, la ministra en visita de la Corte Marcial sostiene igualmente que este «ha reconocido no solo que en su cargo como comandante en jefe activo dispuso la entrega de estos dineros sino, además, que los percibió mensualmente desde que se retiró de la institución el 2006 y hasta el año 2018, sin rendir nunca cuenta de ellos, por lo tanto, reconoce que tampoco justificó de modo alguno que los haya utilizado en seguridad, como en la actualidad asegura».

Esto último, en respuesta al argumento de la defensa de Cheyre -y también de los otros ex altos mandos del Ejército- de que los dineros cuestionados corresponden a una disposición legal firmada en 1998 por el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para que los comandantes en jefe tuvieran acceso a seguridad una vez que dejaran sus cargos.