La semana ha estado marcada por las cuestionadas políticas migratorias del gobierno, tendientes a coartar los derechos de personas migrantes. Aquello, cuando aún no se saca adelante la nueva Ley de Migraciones.
“No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, tampoco (…) que estén como turistas”. Con esas palabras el Canciller, Andrés Allamand, anunció la Resolución Exenta Nº 136 del Ministerio de Salud destinada a limitar el proceso de vacunación para quienes no tengan documentos.
El mismo día, 10 de febrero, se informó de la expulsión de 138 personas desde Colchane hacia sus países de origen. A su vez, 23 venezolanos ya habían sido expulsados desde Iquique, pese a que salieron de su país por la crisis humanitaria que se vive allí.
Estas políticas de gobierno han generado gran preocupación en diversos sectores, debido al nulo enfoque en derechos humanos de salud y migración. Aquello, en circunstancias en que todavía no se logra sacar adelante la nueva Ley de Migraciones, que también ha sido apuntada por su falta de apego a los estándares internacionales y el cumplimiento de los mínimos estándares de los Tratados y Convenios internacionales en derechos humanos.
Vacunación debe ser universal
Respecto a las limitantes para la inoculación, el Servicio Jesuita Migrante pidió en entrevista con Radio ADN revisar la medida. Esto, a través de su directora nacional, Waleska Ureta, quien apuntó a que no vacunar a una parte de la población “no estaría garantizando los derechos de las personas nacionales, ni las personas migrantes ni refugiadas, y expone a la sociedad en su conjunto”, señaló.
Esta solicitud se sumó al llamado que realizó el Colegio Médico a no limitar la vacunación bajo el mismo argumento. “Afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población”, señaló la entidad en su cuenta de Twitter.
La resolución mencionada llega a empañar el proceso de vacunación en Chile, el que ha sido el más exitoso de Latinoamérica hasta ahora.
Polémica expulsión
Dentro de las políticas migratorias, la expulsión y represión de personas han marcado el manejo del gobierno frente a la crisis humanitaria en Colchane y el resto del país.
Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo a favor de 23 ciudadanos venezolanos. Aquello, ya que su motivo de salida fue para escapar de la crisis humanitaria en su país.
Por lo mismo, el recurso apunta a que devolver a estos migrantes implica un riesgo para su vida. Algo que “vulnera de manera ilegal y flagrante (…) el principio de no devolución contenido en la Ley Nº 20.430 y en múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos”, señala el documento.
