Generales de Carabineros sumariados por Contraloría dicen que los cargos no se ajustan a la Constitución y acuden a la justicia

Los siete generales del Alto Mando, acusados por no garantizar el cumplimiento de los protocolos durante el estallido social, presentaron recurso de protección en tribunales. Alegan que la acción del ente fiscalizador va contra sus derechos y les provoca «desmérito personal, moral, familiar y de ascendiente institucional».

Según publicó La Tercera los recursos fueron presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago por los generales inspectores Jorge Valenzuela, quien dirige la división de Apoyo a las Operaciones Policiales, Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana, Enrique Bassaletti, jefe de Zona Santiago Este, Enrique Monrás, jefe de Zona Santiago Oeste, Hugo Zenteno, jefe de la Quinta Zona Valparaíso, Jean Camus, director de Logística, y el general en retiro Jorge Ávila, quien abandonó Carabineros en diciembre por las las críticas a Fuerzas Especiales.

Los siete fueron sumariados por Contraloría el pasado 11 de septiembre por su responsabilidad administrativa en el estallido social y no garantizar el cumplimiento de los «protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos» durante las protestas entre el 18 de octubre y diciembre del 2019.

Los generales del Alto Mando de Carabineros primero solicitaron suspender el proceso, y ahora decidieron presentar el recurso de protección en el Tribunal de alzada de Santiago acusando al contralor Jorge Bermúdez, a la fiscal de la entidad, Doris Roa, y al fiscal instructor del sumario, Carlos Soto, afirmando que tanto el sumario como los cargos no se ajustan a la Constitución y muestran un actuar «arbitrario e ilegal».

Según los siete uniformados solo el general director de Carabineros, Mario Rozas, puede iniciar sumarios y remover de su puesto a los Carabineros, no cabiéndole ninguna responsabilidad a la Contraloría en esta materia.

Por ejemplo,  la defensa del general Rodríguez argumentó, al mismo medio, que sumariar a los altos oficiales es «un despropósito que agrede al estado de derecho y además nos genera un demérito personal moral y familiar y de ascendiente institucional, ya que afecta nuestra reputación y honor así como relevantes derechos constitucionales».

En la misma línea, los abogadores defensores de los otros generales afirman que el actuar de la Contraloría vulneraría los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y esperan que no se entreguen los antecedentes del caso al Ministerio Público.