Este viernes se dio a conocer el anuncio por la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre la entrega a la justicia de 12 mil carpetas con testimonios de exconscriptos sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Estos antecedentes han estado en poder del Ministerio de Justicia desde el año 2018, sin que hasta ahora fueran entregados al Poder Judicial.

La actual subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, sostuvo que su institución tomó conocimiento de los informes en abril de este año, momento en que habrían empezado el trabajo para ponerlos a disposición de los poderes del Estado.

Los antecedentes de dichos informes no estaban en conocimiento de los jueces dedicados a investigar violaciones de DD.HH durante la dictadura, y por eso se tomó la decisión de abrir la indagatoria, confirmada por el propio ministro en visita de Concepción, Carlos Aldana.

La Subsecretaría de DD.HH, además, informó este jueves que inició un sumario administrativo para conocer las responsabilidades en el ocultamiento de los documentos.

La exmilitante de Revolución Democrática (RD) y exjefa de campaña de Ignacio Briones, Javiera Parada, habló en el seminario “Apruebo vs Rechazo, ¿qué pasa el día después?”, organizado por la Fundación Aire Nuevo.

En una entrevista para La Tercera, Parada dijo que “la Convención ha cometido un enorme error, que es creer que la representatividad que tiene la derecha y centro derecha es lo que representan en Chile y por lo tanto, han tenido la soberbia de operar como si no necesitaban esos votos y cómo si no hubiera que contar con esas miradas en la Construcción de esta Constitución”.

“Este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es el constitucionalismo bolivariano, que a una constitución moderna”, añadió.

Además, la ex jefa de campaña de Ignacio Briones agregó que “cuando no quedan bien dibujados los sistemas políticos, el riesgo del autoritarismo o de la ingobernabilidad permanente, como vemos en el caso del Perú, están a la vuelta de la esquina“.

No obstante, en la entrevista, Javiera Parada reconoció que no ha leído todavía la propuesta de nueva Constitución.

La Comisión de Normas Transitorias envió al Pleno de la Convención Constitucional varias disposiciones respecto a la aplicación del nuevo estatus jurídico del agua una vez que entre en vigencia la posible Carta Magna.

Según lo que establece la norma, “en el plazo de cinco años, los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas o el organismo sucesor (Agencia Nacional de Aguas), para solicitar la regularización de la autorización de uso, según corresponda”.

“Se exceptúan de estos trámites los derechos de aprovechamiento que han sido otorgados, adquiridos y reconocidos en favor de comunidades, asociaciones y personas naturales indígenas, los que serán inscritos automáticamente en el registro respectivo”, cierra lo aprobado por la comisión.

Además, se dispuso que el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas será realizado por el regulador “de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia”, así como “priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas”.

Por otro lado, el regulador elaborará informes que “establecerán los objetivos de redistribución, así como el ajuste y reducción a los caudales ya autorizados en las respectivas autorizaciones de agua, hasta alcanzar el caudal necesario para satisfacer los usos prioritarios definidos en la Constitución”.