Ex intendente UDI será formalizado por fraude al fisco: habría favorecido a proveedores de cajas de alimentos en pandemia

La noche de este domingo T13 emitió un reportaje que abordó la formalización a la que será sometido prontamente, el 13 de diciembre, el ex intendente y delegado presidencial del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Miguel Ángel Quezada Torres (UDI), por el presunto delito de fraude al fisco.

También serán formalizados representantes de los proveedores; la ex jefa de gabinete del otrora intendente y hasta hace poco directora regional de Tarapacá del Sernac, Lilian Plaza; y el ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia, Jhonny Muñoz Cancino.

A Quezada, quien anteriormente había sido seremi de Hacienda y gobernador de la Provincia de Iquique durante la primera administración de Piñera, se le acusa de haber pagado sobreprecios, a través de tratos directos, a las empresas proveedoras de las cajas que se repartieron en el marco del programa «Alimentos para Chile» durante la pandemia.

«Los elementos de la investigación han logrado determinar que, desde un inicio, Miguel Ángel Quezada dirigió los tratos directos con tres empresas en particular, y que pese a algunos reclamos por parte de funcionarios de la Intendencia Regional, la orden fue solamente una; y si no le gustaba a ese funcionario, lo sacaban y asumía otro que sí firmara los antecedentes», apuntó el diputado Matías Ramírez (PC), quien como concejal de Iquique denunció por entonces lo que estaba ocurriendo.

El mencionado ex jefe de Administración y Finanzas, Jhonny Muñoz, declaró ante la PDI que «el intendente y Lilian Plaza me dieron órdenes directas que, con el pasar del tiempo, logré darme cuenta que tenían desde un comienzo la decisión de beneficiar a estas personas y empresas, de quienes no conozco su vínculo o beneficio mutuo».

Es este ex funcionario quien también menciona en una conversación de WhatsApp con Plaza a la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, quien supuestamente habría estado en conocimiento de lo que sucedía. La parlamentaria se ha defendido señalando que se trató de un consejo que dio en función del cuidado en el manejo de fondos públicos.

En el reportaje se destaca el caso de una de las empresas proveedoras que, encontrándose inhabilitada para suscribir contratos con el Estado, habría utilizado otra razón social para poder adjudicarse la contratación de sus servicios. Esto, «en presumible coordinación con las autoridades y funcionarios públicos a cargo del proceso de adquisición de cajas de alimentos», según se consigna en la denuncia.

También se hace hincapié en que otra compañía mencionada, DID Sonido, durante períodos de campaña ha prestado el servicio de amplificación a candidatos de Chile Vamos.

Por otra parte, tras llegar el caso a Contraloría, este organismo advirtió que los proveedores que hoy están cuestionados entregaron además la cotización de sus productos antes de que comenzara la ejecución del mencionado programa de alimentación.

También figura cuestionada en esta causa la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, a la cual -de acuerdo a lo que consignó T13– se le transfirieron más de mil millones de pesos para que adquiriera cajas con alimentos.

«Hay una indignación porque, primero, cuando uno ve el sobreprecio, cercano a 20 mil pesos por caja, te puedes dar cuenta que el ámbito de cobertura podría haber sido mucho mayor; y segundo, porque al final se hicieron negocios con recursos públicos», sostuvo en la nota el diputado Matías Ramírez.