El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra del ex intendente y delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); de su ex jefa de gabinete y hasta hace poco directora regional de Tarapacá del Sernac, Lilian Plaza; y del ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia, Jhonny Muñoz Cancino, quienes serán formalizados el próximo 13 de diciembre por el presunto delito de fraude al fisco durante la entrega de cajas de alimentos en la pandemia.
Cabe recordar que a Quezada -quien anteriormente había sido seremi de Hacienda y gobernador de la Provincia de Iquique durante la primera presidencia de Sebastián Piñera-, se le acusa de haber pagado sobreprecios, a través de tratos directos, a las empresas proveedoras de las cajas que se repartieron en el marco del programa “Alimentos para Chile” durante la pandemia.
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En la querella del CDE, dada a conocer por el medio Radio Paulina, respecto de los tres funcionarios públicos se señala que “conforme a los datos disponibles, es posible sostener que (…) mediante el incumplimiento grave y doloso de sus deberes funcionarios, intervinieron -en razón de sus cargos- en operaciones de invitación, cotización, adquisición, fiscalización, control, autorización, adjudicación y entrega de la ayuda social (…), en concierto con los particulares proveedores adjudicados (…), defraudando o consintiendo en una defraudación que produjo una cuantiosa pérdida de recursos fiscales”.
En ese sentido, se apunta que Quezada, Plaza y Muñoz “intervinieron en la adquisición vía trato directo de 23.113 canastas familiares (…) en mayo de 2020, y de manera directa (…) se reunieron, gestionaron pagos, solicitaron y recibieron las cotizaciones de los proveedores Lorena Barrientos Ramírez E.I.R.L, DID Sonido y Compañía Spa, y Sociedad V y L Deportes Ltda, los cuales finalmente fueron seleccionados por el entonces intendente de Tarapacá”.
Junto con ello, se identifica en la acción legal a los representantes de las empresas que habrían sido favorecidas, como son Lorena Barrientos Ramírez, Juan Carlos Ayala Brito, Ximena Ciudad Varela, Dimitri Díaz Neira, Ricardo Percic Barrera y Jorge Venegas López.
La querella establece que se pagó a dichos proveedores, “con pleno conocimiento” tanto de estos como de los funcionarios públicos, “precios unitarios por caja ostensiblemente superiores a los valores de mercado en que se podía adquirir estos productos”.
A raíz de ello -añade el Consejo de Defensa del Estado- se provocó “un perjuicio al patrimonio público estimable (…) de $230.763.144”.
Está bien la nota, pero el número que aparece al final es 230 millones, no 230 mil millones. Debieran arreglarlo, en buena lo digo.