Cercano a la UDI fue único opositor a masiva entrega de datos de celulares a Cadem aprobada por CPLT: Gloria de la Fuente (PS) votó a favor

La Asociación Chilena de Telefonía Móvil había cuestionado la solicitud de la Subtel para que las empresas de telecomunicaciones facilitaran la información de 15 millones de aparatos móviles a la reconocida encuestadora, calificando dicha petición como «excesiva y desproporcionada».

El pasado 30 de abril el Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió validar la entrega de los datos de aproximadamente 15 millones de celulares a la empresa de opinión pública Cadem, esto luego de que la Asociación Chilena de Telefonía Móvil (Atelmo) presentara un requerimiento ante dicho organismo manifestando una serie de objeciones.

Atelmo había ingresado su solicitud a inicios de diciembre de 2020 con el objetivo de que el Consejo para la Transparencia se pronunciara respecto al actuar de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), debido a que esta última ha solicitado a las empresas de telefonía móvil «información de carácter personal de sus abonados que resulta excesiva y desproporcionada, con abierta inobservancia a las disposiciones de la Ley N° 19. 628 sobre protección de la vida privada y excediendo sus propias atribuciones».

En ese sentido, la Asociación Chilena de Telefonía Móvil puso especial énfasis en el traspaso de información personal de usuarios de telefonía móvil a la empresa Cadem, la que es contratada por la Subtel para llevar a cabo encuestas de satisfacción del servicio entregado por las compañías telefónicas. Eso ha significado que la encuestadora tenga acceso al número telefónico del cliente, al tipo de plan que usa, a su comuna y región, y al detalle del tráfico de voz y datos durante un determinado mes.

TRES A FAVOR, UNO EN CONTRA

Finalmente, el 30 de abril pasado el Consejo para la Transparencia votó a favor de validar la solicitud de datos realizadas por la Subtel a las empresas de telecomunicaciones para la realización de encuestas de satisfacción. El resultado al interior de su Consejo Directivo fue de tres votos a favor y solo uno en contra.

A favor estuvieron la consejera Natalia González Bañados, abogada y directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del centro de pensamiento ligado a la UDI Libertad y Desarrollo (LyD); el consejero y docente de la USACH Bernardo Navarrete Yáñez, vinculado a la DC y que en 2013 fuera encargado electoral de la candidatura de la senadora Ximena Rincón a las primarias presidenciales internas; y la presidenta del Consejo, la cientista política y ex presidenta de la Fundación Chile 21, la socialista Gloria de la Fuente.

Entre los argumentos expuestos por esta mayoría al interior del Consejo en su oficio N° 127 se señala que este «advierte una evidente conexión entre la ejecución de las Encuestas de Satisfacción respecto de los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan las concesionarias, con el mandato legal que tiene SUBTEL y las facultades que el legislador le ha otorgado a través de los cuerpos normativos».

Sin perjuicio de ello, el Consejo para la Transparencia advierte a la Subtel que «en las operaciones de tratamiento de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado, se deberá dar aplicación estricta al principio de proporcionalidad y mínima recolección de datos o minimización».

El voto en contra fue del consejero Francisco Javier Leturia Infante, abogado e integrante de una familia con una larga y estrecha vinculación con la derecha chilena. Una relación que viene desde su padre, Francisco Leturia Mermod, uno de los fundadores de la UDI y amigo cercano de Jaime Guzmán. Hoy es parte del Partido Republicano liderado por José Antonio Kast. El hermano de Francisco, en tanto, el ingeniero civil Cristóbal Leturia Infante, es militante de la Unión Demócrata Independiente y cercano a Jacqueline Van Rysselberghe. Actualmente se desempeña como subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera.

Entre los argumentos para justificar su voto disidente del resto del Consejo directivo del CPLT, Leturia señaló que «la conclusión de que la SUBTEL se encuentra habilitada para recolectar la totalidad de los datos personales vinculados a las líneas activas de usuarios de telecomunicaciones no puede ser establecida en función de facultades legales amplias y abstractas», añadiendo que «las excepciones de la Ley 19.628, deben ser interpretadas de forma restrictivas».

En ese sentido, el consejero apuntó que «si hay razones técnicas que justifican que las encuestas de la SUBTEL se beneficien de esta muestra/universo de casi 15 millones de números, ellas son las mismas para cualquier encuesta requerida por un servicio público. Incluso para las encuestas políticas que la ley manda a tener reservadas durante el periodo de gobierno en que ellas se encargan».

Dicho esto, agregó que «la lógica del voto de mayoría legitimaría que cualquier encuesta, sobre cualquier materia, pueda contar con la totalidad de teléfonos activos de un país, lo cual me parece excesivo y desproporcionado. El criterio de mayoría podría legitimar que estos números se soliciten y se entreguen a privados una y otra vez».

Puedes descargar el oficio N° 127 del Consejo para la Transparencia acá.