Caso Daniel Urrutia: Abogado solicitó conocer llamadas recibidas por magistrados que sancionaron a juez por fallar en favor de Primera Línea

El querellante contra los integrantes del pleno de la Corte de Apelaciones, Fernando Leal, estuvo acompañado en Mentiras Verdaderas por la periodista Alejandra Matus, quien advirtió que en este caso «hay cierto paralelo con procedimientos similares de la dictadura militar».

A la edición de este martes de Mentiras Verdaderas de La Red fueron invitados la periodista Alejandra Matus y el abogado Fernando Leal, quienes profundizaron en los detalles del bullado caso de las sanciones recibidas los primeros meses de 2020 por el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien decidió entonces modificar la medida cautelar que pesaba sobre un grupo de integrantes de la llamada Primera Línea.

El origen de este caso se remonta al 25 de marzo de 2020, cuando Urrutia emitió una resolución en la que ordenó la liberación inmediata y el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total para un grupo de 13 miembros de la Primera Línea, quienes habían sido detenidos por Carabineros durante manifestaciones del estallido social.

Lo que ocurrió fue que esa misma jornada el pleno de la Corte de Apelaciones, reunido de forma extraordinaria, dejó sin efecto la decisión del juez del 7º Juzgado de Garantía capitalino, abrió un sumario en su contra y lo suspendió de sus funciones, enviándolo a un tribunal de cobranzas judiciales.

Finalmente, el pasado 24 de junio de forma unánime el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió dejar sin efecto la sanción aplicada a Urrutia, quien desde esta jornada puede regresar a las labores en el tribunal donde había ejercido hasta marzo de 2020. Esto ocurrió días después de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designara al fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, para indagar a los ministros de ese mismo tribunal que sancionaron a Urrutia, esto en el marco de una querella por prevaricación presentada contra éstos por el mencionado abogado Fernando Leal.

«HAY CIERTO PARALELO CON LA DICTADURA MILITAR»

Leal accionó judicialmente en contra de los jueces del tribunal de alzada en representación de la madre de uno de los integrantes de la Primera Línea que se habían visto favorecidos con la resolución de Daniel Urrutia. En ese sentido, el abogado entregó un importante antecedente en Mentiras Verdaderas respecto a las diligencias solicitadas en esta indagatoria. «Hemos pedido que la Corte de Apelaciones de Santiago informe en forma detallada todas las llamadas telefónicas que se recibieron esa mañana del 25 de marzo de 2020», señaló el querellante.

Consultado sobre si el objetivo de dicha diligencia es conocer si existió algún tipo de presión hacia los magistrados desde el mundo político, Fernando Leal respondió señalando que «hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Almonacid-Arellano versus Chile que dice que los ciudadanos tenemos derecho a temer de nuestro propio Estado, y creo que aquí hay que agotar las diligencias y transparentar lo que ocurrió».

Para profundizar en esto último, el jurista reveló un grave episodio de presión política que le tocó conocer en una causa laboral que patrocinó, donde solicitó que declarara la ministra vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez. «Un abogado llamó desde La Moneda al tribunal señalando que no tenían por qué citarla como testigo, y de hecho la jueza dejó constancia en una certificación de ese telefonazo», relató.

Por su parte, al referirse a la importancia del caso del juez Daniel Urrutia, la periodista Alejandra Matus advirtió que, «guardando las proporciones, hay cierto paralelo con la dictadura militar (…), donde habían procedimientos similares que uno puede comparar». En ese sentido, recordó lo ocurrido con el juez Carlos Cerda, quien en ese período se negó a aplicar la amnistía en el caso de 13 detenidos desaparecidos por tratarse de crímenes de lesa humanidad, lo que le trajo una serie de consecuencias que estuvieron a punto de terminar en su expulsión del Poder Judicial.

«En el fondo, lo que ha hecho la Corte de Apelaciones es castigar a Urrutia, como en aquel tiempo la Corte Suprema castigó a Carlos Cerda, por aplicar criterios en base a los tratados de Derechos Humanos firmados por Chile que le parecen improcedentes. Se castiga la desobediencia a los superiores», concluyó Matus.