Carabineros como víctimas y relativizar la protesta social: Los graves dichos del comisionado del CIDH Joel Hernández ante comisión investigadora del Congreso

Con una declaración pública, Londres 38 y otras 123 organizaciones y personas ligadas a la defensa y promoción de los derechos humanos expresan la preocupación por las declaraciones emitidas –a título personal– por Joel Hernández García, relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión de la Cámara Baja. La gravedad de los dichos del comisionado es que se cuadran con el discurso oficial del Gobierno que desde el 18 de octubre ha criminalizado la protesta social y negando la existencia de presos políticos de la revuelta.

El pasado 19 de abril, Joel Hernández García, relator para Chile y relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recurrió al Congreso Nacional para asistir a una sesión de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, “sobre los actos del gobierno y de las policías en el marco del control del orden público, que hayan significado afectación o violación de los derechos humanos de civiles desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.

En dicha instancia, Hernández realizó una serie de observaciones «a título personal», encendiendo las alarmas de las distintas organizaciones nacionales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos  y «permanentes promotoras del derecho a la protesta como pilar fundamental de la estructura  democrática». Por tal motivo, Londres 38, espacio de memorias, comandó esta iniciativa de una acción para manifestar el reclamo formal a la CIDH y la recolección de firmas.

Para Carlos Margotta, presidente de la la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH), «el problema es que el comisionado entregó opiniones a titulo personal, muy desafortunadas, y él no fue invitado en esa calidad», indicó. Además, agregó que estas declaraciones «son muy preocupantes porque no se corresponden con las opiniones oficiales de la CIDH en esta materia».

Peor aún, las declaraciones vertidas por el abogado mexicano a dicha comisión investigadora de la Cámara Baja, coinciden con el discurso oficial del gobierno en tanto a los graves hechos ocurridos en el país luego del estallido social.

La relativización de la protesta social

Ante las preguntas de los parlamentarios, Hernández indicó que “en lo que tiene que ver con el debate de si existen presos políticos del estallido social, déjenme aquí ser muy claro y muy honesto: sé que este es un tema de polémica al interior de Chile, en mi opinión personal, es difícil caracterizar que haya presos políticos con motivo del estallido». Posteriormente indicó que: «la Comisión ha reiterado que la protesta social debe ser pacífica y que cuando se excede el límite de lo pacífico, deja de ser protesta social. Aquí lo importante también es ver cuál es el rol del Estado en resguardar la seguridad, tanto de terceros ajenos a la protesta como de personas que están participando en las protestas”. 

«Al señalar que era muy difícil hablar que en Chile habían presos políticos y más bien él está por considerar que se trata de personas acusadas de delitos de orden común, en consecuencia, se alinea con el discurso del gobierno que ha estigmatizado a los presos de la revuelta y los ha tratado de delincuentes, vulnerando con ello, en primer lugar, la presunción de inocencia, porque la gran mayoría no está condenado. Por otro lado, desconoce las graves vulneraciones a las que han sido objeto desde el mismo momento de la detención hasta la forma en que han sido sustanciado sus procesos, donde no se les ha respetado el principio de orden internacional en materia de derechos humanos que dice que la prisión preventiva no debe ser la regla general, pero acá ha habido un abuso de esta medida».

Carlos Margottta

A su vez, según la declaración emitida, «tales afirmaciones no se condicen con los parámetros que el mismo Sistema Interamericano de DD.HH. ha fijado en materia de derecho a la protesta, amparado por el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación». Esto, según también manifiesta Margotta, debido a que el comisionado «al decir que cuando se producían actos violentos durante la protesta social, esta dejaba de serlo, se alineó con el discurso oficial de este gobierno que ha intentado criminalizar la protesta social, que según la propia CIDH, es un derecho fundamental, soporte del sistema democrático».

Debido a esta contradicción entre lo expresado por Hernández y lo que estipula el mismo organismo que representa, los firmantes de la declaración manifestaron su rechazo «a esta restrictiva interpretación de la protesta social como derecho humano, en franca oposición con las directrices emanadas del propio sistema interamericano de derechos humanos, donde se ha  señalado que «el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma  restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia»».

 La «estigmatización» de Carabineros

Otra de las opiniones disonantes dichas por el abogado hace relación a cierta consternación que había experimentado luego de reunirse con algunos funcionarios de Carabineros que habían resultado con lesiones en el marco de las protestas y conocer sus versiones.

“Tengo en la mente una última reunión que tuvimos en el marco de la visita con un grupo de carabineros y carabineras que habían sido objeto de lesiones en el ejercicio de sus funciones. Yo me quedé muy, muy  consternado por esta otra cara humana de la protesta social que son las afectaciones a  carabineras y carabineros. En lo individual, nos expresaron mucho su angustia de la  estigmatización que sufren, nos expresaron también la estigmatización que sufren sus hijos en las escuelas porque sus padres son carabineros; y lo que vino a mi mente es la importancia del  cuerpo de carabineros, la confianza ante la ciudadanía y la legitimidad para que puedan hacer su trabajo”.

Joel Hernández

Tras esta declaración, «que genera victimización secundaria y son contrarias al principio de reparación integral que protege a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, quienes ya han experimentado la invisibilización, negacionismo y estigmatización por parte de las autoridades gubernamentales», Margotta afirma que lo que hace Hernández es muy grave porque deja a la policía –principal aparato represor del Estado– como «las verdaderas víctimas», aún cuando también conoce los cientos de testimonios de manifestantes mutilados a manos del cuerpo de Carabineros por el mal uso de la fuerza, cuestión que ha sido investigada y confirmada por los informes de los cuatro organismos internacionales de DD.HH. que estuvieron en Chile.

«Él escuchó a traumatizadas familias que habían perdido a sus familiares por acción de agentes estatales y a múltiples sobrevivientes de tortura y violencia sexual que confiaron en otorgarle directamente sus testimonios, y a quienes, en virtud de su cargo, manifestó su total apoyo, protección y amparo. El principio de reparación integral, derivado del artículo 63.1 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, abarca la satisfacción, mediante actos en  beneficio de las víctimas; y la rehabilitación física, psicológica y social, entre otros elementos.  Los comentarios del Sr. Hernández, enarbolando a eventuales victimarios y agentes  responsables de violaciones a derechos humanos como víctimas, distan totalmente del  principio señalado, especialmente cuando presenta testimonio ante una Comisión parlamentaria que está investigando la violencia policial». 

Ante estas evidentes contradicciones por parte de Hernández García, que producen una revictimización de todas y todos los afectados, quienes debiesen ser el objeto de principal preocupación por parte de los organismos de derechos humanos, los 124 firmantes de la declaración emplazan directamente a la CIDH «a emitir un pronunciamiento respecto a las  declaraciones del comisionado considerando su altísima gravedad, más aún en el complejo escenario que está viviendo la región de América Latina, con masivas protestas y su represión estatal mediante sistemáticas violaciones a los derechos humanos que no sólo se han mantenido en Chile, sino que además han ocurrido en países como Perú y que ocurren actualmente en Colombia». 

Margotta pone un último elemento sobre la mesa: «Nosotros mandamos una carta el 22 de abril a la CIDH, para que el organismo diera a conocer el informe respecto a lo constatado en su visita in loco al país en enero de 2020, y que después de más un año no es publicado ni divulgado».

Lo preocupante de aquella inquietud, es no solo la gravedad que, a la fecha, se han reiterado casos de violación a los derechos humanos (como los casos de la profesora Francisca Mendoza y del joven mapuche Cristián Millapan), sino que el mismo Joel Hernández respondió dicha misiva, señalando que el informe todavía está en elaboración y que están abocados en concluirlo en los próximos meses. «Esto es grave porque nosotros necesitamos que este organismo de carácter regional cumpla su función por la cual fue creada, que es velar por la protección de los DD.HH. en las Américas; que entregue este informe con las recomendaciones al Estado de Chile para que este se comprometa en su cumplimiento y así contribuir al cese de la represión».