Organizaciones de DDHH y víctimas de represión exigen remoción de Relator de CIDH por asegurar que “no hay presos políticos”

Joel Hernández afirmó igualmente en entrevista con El País que solo “cerca de 400 personas fueron afectadas” por la violencia vivida durante el estallido social a manos de agentes del Estado.
Agencia Uno

Fue en una entrevista en el diario El País de España publicada el pasado 3 de junio que Joel Hernández, Relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó -entre otras cosas- que en nuestro país “no hay presos políticos”.

“La palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal (…) No hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta (…) La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social”, fue específicamente lo que señaló.

Junto con ello, Hernández sostuvo que solo “cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares”, durante la revuelta de octubre de 2019 por accionar de agentes del Estado.

Estas declaraciones han sido respondidas enfáticamente en nuestro país por abogados, defensores y organizaciones de DDHH, y familiares de víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, algunos de los cuales han pedido la remoción de Joel Hernández como Relator para Chile de la CIDH.

“No está dando cuenta de mínimos aceptables

Por ejemplo, el abogado y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, sostuvo en entrevista con la radio de esa casa de estudios que Hernández “vuelve a confundir prisión política con presos de conciencia”.

Respecto a la cantidad de personas afectadas en el estallido social -400, según el Relator de la CIDH-, Nash enfatiza que “eso es un profundo error”. “Las denuncias ante el Ministerio Público son 10 mil 796. De estas, cerca de 500 solo corresponden a lesiones oculares, pero también existen denuncias vinculadas con tortura, con vejámenes sexuales, con detenciones ilegales y arbitrarias, e incluso situaciones que afectaron a niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, la magnitud, el contexto de las violaciones, es más grave”.

Ante este escenario, el académico plantea que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “tiene que revisar su relación con Chile y eso implica cambiar al Relator respecto de Chile, ya que el Comisionado Hernández no está dando cuenta de mínimos aceptables desde el punto de vista de la legitimidad del control internacional respecto de lo que sucede en Chile”.

Claudio Nash / Agencia Uno

La misma posición expresaron en una columna en Radio Universidad de Chile los integrantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta y Yuri Vásquez, quienes sostienen que las afirmaciones de Hernández “revelan no solo un grave desconocimiento de la normativa internacional aplicable, sino también evidencian una grave contradicción con lo señalado por los informes emanados de los propios órganos del sistema interamericano del cual él forma parte”.

En ese sentido, explican que “la única definición normativa sobre prisión política en derecho internacional es la Resolución 1900 del 3/10/2012, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”, que entre las condiciones para que una persona privada de libertad sea considerada como ‘preso político’ menciona lo siguiente: “b) si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito; c) si, por motivos políticos, la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable, o presuntamente responsable; d) si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas; o, e) si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionada con motivos políticos de las autoridades”.

“No participaremos de ninguna propuesta de mecanismo conjunto con la CIDH, mientras permanezca en el cargo”

En tanto, un total de 83 agrupaciones, movimientos, presos políticos, corporaciones, asambleas, abogados, observatorios, brigadas de salud y familiares de víctimas de la represión, entre otros, firmaron una carta dirigida a las autoridades chilenas y de la aludida Comisión, en la que igualmente rechazan lo afirmado por Joel Hernández.

En la misiva se vuelve a insistir en que “la propia Fiscalía Nacional certifica la existencia de al menos 10.796 denuncias de víctimas de delitos originados en violencia institucional y solo la Fundación Movimiento Salud en Resistencia aportó a la Fiscalía Centro Norte fichas por atenciones de, al menos, 1400 víctimas”.

Agencia Uno

“Estas declaraciones son preocupantes, peligrosas y contrarias a los principios básicos de los DDHH y el rol de la CIDH”, añaden los firmantes, enfatizando que “en Chile sí hay presos políticos”. “Las diversas absoluciones pronunciadas por los tribunales respecto de jóvenes que permanecieron años privados de libertad evidencian que su extensa prisión se debió al hecho de que estaban participando de la protesta social, hecho que no menciona el Relator”, argumentan al respecto.

En esa misma línea, en la carta se menciona también la Resolución 1900 del Consejo Europeo citada anteriormente, destacando sobre aquello que “la duración desproporcionada y discriminatoria de las prisiones preventivas, el gobierno como querellante, métodos ilegales de investigación, torturas y malos tratos en la detención, son algunas de las situaciones que se comprueban en el caso chileno”.

“Las afirmaciones de Hernández no solo son contrarias a la realidad de la criminalización
de la protesta en Chile, sino que contrarias a los estándares básicos en DDHH”, concluyen, advirtiendo que “no participaremos de ninguna propuesta de mecanismo conjunto con
la CIDH, mientras él permanezca en ese cargo”.

A continuación puedes leer el documento completo y el listado de quienes adhieren a él.

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