‘Buscan criminalizar la protesta’: Colegio de Profesores respalda a docente que arriesga 8 años de prisión por romper torniquete del Metro

Carlos Díaz Marchant señaló que una sanción de esa envergadura «va en contra de todos quienes en algún momento expresamos la rabia y el descontento por la situación que vivimos en Chile y que llevó al estallido social».

Una pena de 8 años de prisión efectiva solicitó este lunes el Ministerio Público para el profesor Roberto Campos, imputado por romper un torniquete en la estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro el 18 de octubre de 2019, en el contexto del inicio del «estallido social».

Según detalló La Tercera, la Fiscalía pidió cinco años de presidio menor en su grado máximo por supuestamente infringir el docente la Ley de Seguridad del Estado, y otros tres años de presidio menor en su grado medio por el delito de daños agravados.

Junto con ello, el ente persecutor está solicitando una multa de 11 UTM, la inhabilitación absoluta y perpetua de sus derechos políticos, y su inhabilitación para asumir cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Ante este complejo escenario, el Colegio de Profesores, a través de su presidente Carlos Díaz Marchant, solidarizó con Campos, calificando como «exagerada» e «inaceptable» la sanción pedida por el Ministerio Público.

«Creemos que detrás de esto lo que hay es una instrumentalización de este caso, precisamente en la idea de amedrentar, primero a los movimientos sociales, y por sobre todo criminalizar la protesta social», acusó el líder de los profesores.

En ese sentido, Díaz Marchant destacó que el docente «admitió su error, reconoció la falta, colaboró con la Justicia, por tanto no se condice con una sanción de esa envergadura».

A juicio del Colegio de Profesores, una sanción como la que se quiere imponer a Roberto Campos no lo afectaría solo a él, sino que «va en contra de todos quienes en algún momento expresamos la rabia y el descontento por la situación que vivimos en Chile y que llevó al estallido social».

Junto con ello, Carlos Díaz Marchant apuntó que, a diferencia de lo que ocurre con el docente acusado, en otros casos de mayor gravedad la Justicia «ha sancionado a personas por cometer una cantidad enorme de ilícitos» con penas que «son fundamentalmente clases de ética». En esa misma línea mencionó lo ocurrido con el ex senador UDI Jaime Orpis, a quien se le condenó a 5 años de cárcel por fraude al fisco y a 600 días de reclusión por pagos irregulares, con la posibilidad de que cumpla en libertad la sentencia.