«El Ministerio de Justicia tiene todos los antecedentes a la mano»: historiadora chilena que reveló adopciones ilegales entre dictadura chilena y nazis suecos
La académica Karen Alfaro, cuya investigación fue replicada en un medio de Suecia, señala a La voz de los que sobran que ha faltado voluntad política en nuestro país para enfrentar como demanda una práctica que ha dañado a madres e hijos.
Este miércoles el reconocido medio de comunicación sueco Dagens Nyheter (DN) publicó un reportaje sobre una red ilegal de secuestro y adopción de niños chilenos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, con el objetivo de ser llevados a Suecia.
Una práctica que tenía un perverso componente político, al buscar conseguir a su vez que el Centro de Adopción de la Sociedad Sueca para el Bienestar Internacional de Niños difundiera información positiva sobre el régimen encabezado por el temido general a las familias del país europeo que deseaban adoptar. En esa misma línea, se intentaba hacer frente a la campaña internacional levantada por los exiliados chilenos en el extranjero que denunciaba las violaciones a los Derechos Humanos que se cometían en nuestro país.
La publicación del medio sueco se basa en una investigación realizada por la doctora en Historia y académica de la Universidad Austral, Karen Alfaro, junto al profesor de Historia y estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, José Luis Morales, trabajo que se titula Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990).
Alfaro explicó al medio INTERFERENCIA que la encargada de generar la campaña pro dictadura chilena por esos años fue la llamada Sociedad Suecia-Chile, calificada por Dagens Nyheter como «extremista de derecha». De hecho, se apunta que su director, Ulf Hamacher, fue un fascista e importante miembro del partido sueco Unión Nacional, considerado «pro-Nazi».
En total, DN contabilizó como mínimo 2.100 adopciones, como apunta INTERFERENCIA, correspondiendo 1.700 de estas a la red liderada por la dictadura chilena y la ultraderecha sueca.
«MUCHAS MADRES HAN MUERTO SIN SABER EL PARADERO DE SU HIJO»
En conversación con La voz de los que sobran, Karen Alfaro explica que la investigación sobre las adopciones irregulares durante la dictadura está antecedida por el encuentro que ella tuvo con víctimas de estos traspasos de niños, principalmente hijos que llegaban desde el extranjero y de madres de sectores rurales de Valdivia -donde vive la docente- que habían sido afectadas por esta práctica.
Y el caso específico de Suecia surge a partir de la revisión de la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, donde -explica Karen- «la correspondencia daba cuenta de que en realidad los dos Estados estaban al tanto de que existían prácticas irregulares, pero eso tenía un fin político». Junto con ello, está el antecedente de que la mayor cantidad de denuncias sobre este tema en un primer momento tuvieron que ver justamente con niños adoptados en ese país de Europa.
Consultada la académica de la Universidad Austral respecto a si en Chile se le ha dado a esta grave práctica de adopciones ilegales durante la dictadura cívico-militar la relevancia que amerita, sostiene que «yo creo que ha faltado voluntad política, principalmente del Ministerio de Justicia, que tiene todos los antecedentes a su mano y podría facilitar mucho más la documentación».
Por otra parte, Alfaro advierte que todavía no se ha concretado un acuerdo alcanzado en el Parlamento, como es establecer una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación respecto a este tema, y que se ha avanzado «tibiamente» en el levantamiento de un banco de ADN, el que «no ha tenido el impacto correspondiente para las víctimas».
«Yo creo que hay una deuda, sobre todo con las mamás -porque principalmente fueron mujeres las afectadas porque eran madres solteras-, que no tienen la atención ni psicológica ni reparación para un caso que es una perdida irreparable; muchas han muerto sin saber el paradero de su hijo», destaca la docente.
En ese sentido, añade que «gran parte de este silencio de parte del Estado y falta de voluntad política es porque hay temor de cuestiones que nosotros revelamos en el informe, como es la responsabilidad del Estado y no solamente de particulares. El tratamiento que le ha dado la prensa es que aquí hay privados, hay un tráfico, hay ciertas personalidades, pero aquí hay una responsabilidad institucional».
Al respecto, Karen Alfaro enfatiza en que «muchas de estas autoridades eran funcionarios públicos; muchos jueces, abogados, todavía siguen ejerciendo y con las mismas prácticas clasistas de la dictadura. Entonces, aquí hay un entramado institucional heredado de la dictadura que no se ha desmantelado y que sigue vigente, no digamos con el poder que tenían entonces, pero sí institucionalizando niños con fines de adopción en procesos que no son todo lo riguroso que quisiéramos».
