La cuestión constituyente/constitucional debe seguir abierta

“Más temprano que tarde se abrirán las grandes Alamedas”.

CIERRE.

El 4 de septiembre de 2022, fecha en la cual triunfa la opción rechazo, fija en el país un nuevo marco de lecturas e interpretaciones en una clave altamente conservadora que los sectores con sensibilidad progresista, transformadora o de izquierda, aceptamos acríticamente. Se ha sostenido desde ese hito en adelante, que el texto emanado por la Convención Constitucional había sido repudiado, ampliamente, por su contenido “altamente ideologizado”, por el “desprecio a las formalidades republicanas”, por sus “excesos identitarios” por su “falta de sentido común” y su “desprolijidad en el manejo de las técnicas jurídicas” pero sobre todo lo anterior, se indicó con mucha fuerza, primeramente, por parte de los sectores reaccionarios y luego, paradójicamente por algunos sectores progresistas, seguidos prontamente por una “izquierda histórica”, extrainstitucional, que la solución y salida a la crisis que pone en vista la revuelta, nunca había pasado por una conversación y decisión en torno a la cuestión constituyente/constitucional.

A la luz de un nuevo “proceso fallido”, que se ha verificado el domingo recién pasado 17 de diciembre, parece del todo voluntarista seguir afirmando que la potencia política de la revuelta, que es algo distinto al simple malestar, y más bien se trata de un acontecimiento en el cual las luchas históricas se encuentran, busca y halla su cauce idóneo en un proceso constituyente/constitucional. Para afirmar la vigencia de aquella oportunidad política, que hoy parece clausurada de forma definitiva, pongo en vista algunos antecedentes relevantes.

LA REVUELTA BUSCA Y CONSIGUE UN PROCESO CONSTITUYENTE/CONSTITUCIONAL.

En la clave de las luchas históricas, en primer término, habrá que decir que la demanda por una deliberación constituyente/constitucional es de larga data. Documentada está la lucha del movimiento popular obrero, en la década de los 20 del siglo pasado, que marca un hito en esa aspiración democrática, con la “Asamblea Constituyentes de asalariados e intelectuales” o “Constituyente chica”. En el Gobierno de la Unidad Popular, la cuestión constituyente/ constitucional también está presente, esta fue observada por varios intelectuales de la época y por el propio Salvador Allende, como una posible salida en clave popular y transformadora al conflicto de clases que se agudizaba. Conocida es la historia, un proyecto que no ve la luz, una discusión interrumpida por la violencia reaccionaria.

En 1980, años después, la impugnación al plebiscito fraudulento, que buscó legitimar el proyecto constituyente de la tiranía, se realiza también poniendo en foco la necesidad de una deliberación política en clave plebeya, idea que vuelve a aparecer a propósito del momento transicional y que ya se estabiliza en forma orgánica con la aparición de diversos movimientos sociales que ponen en vista la relevancia de aquella aspiración. El Movimiento por la Asamblea Constituyente, con posterioridad, Marca AC, el Proyecto Puentes, iniciativas como el Foro Social, Asamblea Constituyente para Chile y el apoyo transversal, casi unánime, de los movimientos sociales más relevantes de las últimas décadas, como el feminismo, el estudiantil y No +AFP así lo demuestran.

Viene también al caso observar en el marco de los antecedentes, las tensiones que se han dado en el seno de la institucionalidad a propósito de una multiplicidad de iniciativas de reforma constitucional, como de modificaciones legales, que no llegaron nunca a puerto. Ya fuera en el momento de la transición, en la maniobra de legitimación de 2005, o bien, impulsadas en contra de la totalidad de los llamados enclaves autoritarios. José Saldaña, por ejemplo, identifica que solo hasta el año 2008, hay casi 320 proyectos de reforma constitucional que fueron introducidos en la discusión legislativa.

En sede de justicia constitucional, no está de más recordar, que las demandas sociales y políticas expresadas por largos años y que pudieron ser viabilizadas en el espacio parlamentario, encontraron siempre su piedra de tope en la Constitución, con el mecanismo de neutralización por excelencia: La inconstitucionalidad. El que, a esta altura, como bien es sabido, representó uno de los mecanismos más eficaces en el mantenimiento del proyecto político de la tiranía y en la configuración del actual orden social.

EXTRAÑA COINCIDENCIA.

Quienes son críticos con esta proposición: “la revuelta busca y consigue un proceso constituyente/constitucional” paradójicamente provienen de todos los sectores. En términos generales, comparten la idea de que, si bien es cierto, que existen antecedentes en las luchas sociales e institucionales y al menos, desde el progresismo y la izquierda extrainstitucional, asumen que la Constitución funcionaba como dique ante las luchas sociales, han dicho, que la revuelta nunca habló de un proceso constituyente que decantara en una Constitución, sino que más bien, lo que se vio, fue la articulación de una exigencia social, que partía desde la precariedad de las actuales condiciones materiales de la vida, como salud, vivienda, educación y pensiones, antes que la cuestión constituyente.

Tomándonos un momento, antes de analizar las posiciones del progresismo y la izquierda extrainstitucional y esa extraña coincidencia que hoy les asiste, pasaré rápida revista a las argumentaciones que se han movilizado desde el lado derecho del tablero que afirman que nunca fue necesario, ni deseable, un debate constituyente/constitucional. 

En el conocido plebiscito de entrada, el famoso 80% vs 20%, es cierto que se visualizó una derecha dura, posiblemente pinochetista, que se cuadró en el “rechazo de entrada”. Esta, más allá de la defensa del legado de la tiranía, esbozó, como primera línea argumentativa, la imposibilidad de establecer una relación directa entre “los problemas de la gente” y la cuestión constituyente/constitucional. Así indicaron, que esa no era más que una “acción demagógica de la clase política”, que crearía “más cargos, para más políticos” los que nunca han querido resolver los “males sociales”. Y, si acaso, la Constitución, podía favorecer en algo, esta no podría remediar ningún problema de raíz, debido a que no es una “varita mágica”. Con el proceso, decían, “solo perderemos tiempo y recursos”.

Esta fuerza política y aquella primigenia línea argumentativa, estuvo presente durante todo el desarrollo de la Convención Constitucional y fue del todo útil para impugnar al órgano constituyente, identificándolo como otro órgano político más… preocupado, por cualquier temática (en este caso dijeron identitaria) antes que por los “problemas reales” de los chilenos. Sin saber a ciencia cierta, la eficacia de esta proposición en el espacio social, viene al caso recordar, una declaración estremecedora de una vecina de Petorca: “El Apruebo no iba a hacer que lloviera”

Verificado el triunfo del “En contra”, el domingo de la semana pasada, quienes se opusieron desde siempre a aquel debate, han salido con fuerza y del todo envalentonados al espacio público, a recitar que siempre tuvieron razón. Han dicho así, que esto “fue una pérdida de tiempo”, que “fue un simulacro de los políticos”, “que nos farreamos cuatro años como país” y que “es indignante la cantidad de dinero desperdiciado”

Patricio Navia, por ejemplo, en una columna publicada en El Líbero, propone no volver a creer en “soluciones de píldora mágica” agregando que el proceso constituyente “le hizo mal al país y que hoy estamos peor que hace cuatro años” , festina, titulando su intervención como “El funeral del proceso constituyente” y reafirmando que este “nunca ha servido en ninguna parte de América Latina”, como broche de oro, finaliza indicando que “todo este proceso se inicia porque la izquierda fue golpista y porque el gobierno de Piñera y la derecha, fueron cobardes y prefirieron entregar la Constitución antes que cumplir su solemne juramento” 

Ya sea por presión, por acomodo o derechamente por renovación de las convicciones, el progresismo por otras líneas y en otras claves, se ha abierto a pensar, que tal vez, la salida, no debió haber sido constituyente/constitucional, y si es que lo fue, esta debe ser abandonada como opción.

Deslizando críticas al proceso 2021-2022, y en varios casos, aceptando y promoviendo la “teoría de los dos demonios” en versión chilensis, muchos han declarado que la Convención Constitucional, órgano plebeyo y de intensidad democrática inédito en la historia del país, porta los mismos problemas que el Consejo Constitucional… reaccionario y filo fascista. Parte del “Socialismo Democrático” y algunos sectores del Frente Amplio, por ejemplo, han hecho un “mea culpa” público, indicando que el texto del Consejo contiene los mismos errores que el de la Convención, al ser identitario, maximalista, programático y de detalle. Tomás de Rementería, ha indicado que este “evidentemente tuvo falencias profundas y elementos contraculturales con la sociedad” Gabriel Osorio por otro lado, apuntó haberse equivocado al votar Apruebo y que ambas propuestas tienen errores.

Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, teniendo en vista aquellos balances que ven continuidad desde 2019 a 2023, ha dicho que es momento de dejar la idea de una nueva Constitución. “Fracasamos en dos procesos, es momento de dejar la idea de una nueva Constitución”, “es momento, de que los partidos de gobierno se enfoquen en buscar acuerdos transversales”. Afirmó, de forma previa al plebiscito, que en caso de que ganara el “En Contra”, no veía espacio para poder continuar con la discusión constitucional, pues las energías debían recaer en responder a las urgencias más cotidianas que tienen las personas. “Es momento de dejar la idea de una nueva Constitución y poner el foco en otros aspectos”. Releo aquellas frases y no puedo sino pensar en el cajón de Andrés Chadwick.

En otro sentido, por otras razones, pero también concurriendo a esta extraña coincidencia de cierre o de asumir un error y en algunos casos de arrepentirse de la apuesta constituyente/constitucional, se encuentra una izquierda extrainstitucional. Esta, que recoge orgullosamente la sensibilidad de la revuelta, ha vuelto a insistir que posiblemente, el cause constituyente/constitucional si es que acaso existió en el octubre chileno, este fue resistido desde las “pragmáticas populares” al menos en la forma en que decantó. Si bien es cierto, esta afirmación puede ser fácilmente contrastada con los diversos hitos electorales del todo inéditos que hemos experimentados como país, o con una serie de lienzos icónicos que dieron la vuelta al mundo, como: “Nueva Constitución o nada” creo más interesante en este punto, pensar en el significado que algunos le otorgan a la idea de proceso constituyente como a la conceptualización misma de lo qué es una Constitución, al momento de realizar sus afirmaciones. 

En otras palabras, si bien en ese mundo de aquellas izquierdas, el debate acerca de la necesidad sobre un “proceso constituyente” ha estado presente, entendiendo con Gargarella por tal, la aparición de momentos democratizadores, que expresan varios fenómenos simultáneos, como el rechazo a las políticas neoliberales, privatizadoras y precarizadoras, impuestas en las últimas décadas. Teniendo en vista la emergencia de una potencia que ha estado marginada de la política institucional y que exige repensar la forma de abordar y dar respuestas a los grandes cambios civilizatorios, como los productivos, tecnológicos y ecológicos que trae el nuevo siglo, no hay consensos en aquella izquierda, que estos procesos, necesariamente, deban desembocar en una nueva Constitución. Esta cuestión, a mi entender, pasa por una comprensión únicamente jurídica de lo que es un texto constitucional.  Veamos.

Tradicionalmente se ha dicho que una Constitución es la “carta magna de un Estado”, es la “norma entre las normas”, “es la estructura jurídica del territorio”, es el “marco fundamental que determina las bases de la institucionalidad”, es el “texto que consagra derechos y garantías de las personas”, que “contiene las atribuciones y los límites de los poderes institucionales”, que “es aquello que resguarda y promueve la aplicación de principios que configuran el comportamiento de la arquitectura jurídica” en fin… sin embargo, pocas veces se dice, que una Constitución es aquel marco que cristaliza y contiene las relaciones de fuerza y poder presentes en una sociedad.

Inclusive, el mundo de la izquierda extrainstitucional, supuesto bastión del pensamiento crítico, maneja un concepto del todo pobre en relación a lo que realmente es una Constitución. Insistiría en que allí se visualiza un concepto propiamente jurídico, que no identifica la potencia sociopolítica de la misma. De nuevo, ven que la Constitución es jurídica, antes que política y que esta es texto, antes que pacto, es norma antes que poder. 

Paradójicamente aquellas posiciones, orbitan en lo que Albert Noguera ha identificado como una concepción de la modernidad liberal, en torno a lo qué es y deber ser una Constitución:  El concepto de Constitución ha sido usado en el lenguaje jurídico con una multiplicidad inmensa de significados. Sin embargo, en todas las acepciones, aunque con sus diferencias, la Constitución (escrita) se define como uno o varios textos normativos, esto es, una o varias leyes en sentido genérico: documentos que expresan normas (jurídicas).

A mi entender, esta comprensión, tendió una trampa que es posible rastrear en la coyuntura chilena. Si acaso la Constitución es una cuestión mayoritariamente normativa y jurídica no tenía vital sentido disputar su contenido. Esta discusión, que se vivió de forma muy intensa en los Cabildos, Asambleas Territoriales y espacios autoconvocados, fue decisoria para posicionarse en torno al plebiscito de entrada, el quehacer en torno a las apuestas electorales de las listas independientes y de movimientos sociales, la disputa al interior de la Convención Constitucional y la campaña por el Apruebo. ¿Fue una trampa eficaz? Por ahora indiquemos que es una pregunta abierta, en pendiente.

LO CONSTITUYENTE/CONSTITUCIONAL.

Una última vez, la comprensión de la Constitución en el marco de la concepción moderna y liberal, esconde mediante, un lenguaje mayormente encriptado y en una apariencia generalmente normativa, relaciones de poder y en este caso de dominación. Lejos de ser una obsesión legalista y una alternativa que proviene de un discernimiento limitado y “estadocéntrico”, la cuestión constitucional/constituyente es un terreno significativo y trascendental para las luchas políticas de signo transformador.

La cuestión constitucional/constituyente es una forma particular de decidir sobre las instituciones, pero también más allá de ellas, es conversar sobre el presente, pero también sobre el futuro, es una manera de abordar y proponer una gestión de lo existente, pero también es un marco abierto para el desarrollo de la imaginación política. Las experiencias en la región latinoamericana dan prueba viva de aquello. Finalmente, la cuestión constitucional/constituyente es otro de los terrenos en los cuales se desarrolla la lucha de clases.

Llegados a este punto, no resulta necesario explicar por qué, la cuestión constituyente/constitucional debe seguir abierta. Que la derecha, intente cerrar aquella deliberación, no resulta extraño, pero un progresismo y una izquierda transformadora, sino quiere ser simple administración y gestión de lo existente, debe seguir insistiendo.