VIDEO | Stingo recuerda que empresa de esposo de Soledad Alvear llegó a adjudicarse 40% de licitaciones de Defensoría Penal Pública
«Se aprovechó del sistema que creó (…) A la Justicia entró el lucro metido por ella», advirtió el convencional en La Voz de los que Sobran, respecto a la ex ministra de la Concertación, hoy una de las voceras del rechazo hacia el trabajo de la constituyente.
Agencia Uno
En la edición de este lunes del matinal de La voz de los que sobran el panelista y convencional Daniel Stingo recordó un interesante antecedente vinculado a negocios realizados en el ámbito de la justicia por la ex senadora DC y ex ministra de los gobiernos de la Concertación, Soledad Alvear, hoy una de las principales figuras de ese mundo que se oponen al trabajo que está realizando la constituyente.
En un video reciente, Alvear advirió una supuesta pérdida de independencia del Poder Judicial a raíz de las normas que ha ido aprobando el órgano constituyente, alertando que «la Fiscalía, por ejemplo, puede ser instrumentalizada para perseguir a un opositor o, por el contrario, no perseguir a los partidarios (…) La autonomía del sistema de justicia es indispensable».
En ese sentido, la ex secretaria de Estado sostuvo que «el diseño propuesto (por la Convención) es pernicioso. Se crea un Consejo de la Justicia, con integrantes que no dan garantías de independencia en sus nombramientos».
Fue a propósito de esto que el convencional Daniel Stingo quiso recordar que tras implementarse en el año 2001 la llamada Defensoría Penal Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, esta contaba con dos tipos de defensores: los públicos y aquellos que eran licitados. Apuntado esto, preguntó lo siguiente: «¿Saben quién ganó el 40% de las licitaciones en la primera?: la ganó una empresa formada por (…) un abogado y la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Y quién era el dueño y rector de la Universidad?… Gutenberg Martínez».

Y remató Daniel Stingo: «Entonces ella (Soledad Alvear) se aprovechó del sistema que creó, con licitación… ¿Qué vinimos a hacer nosotros a esta Convención?: A terminar con las licitaciones en materia de salud, de educación, de pensiones, para que el Estado se haga responsable, para que el lucro no entre a esas zonas (…) A la Justicia entró el lucro, metido por ella (…) Con Gutenberg Martínez ganaron las licitaciones los tres primeros años».
#LaVozDeLosQueSobran | @danielstingo: "¿Saben quién ganó el 40% de las licitaciones de la Defensoría la primera vez? Una empresa formada por la Universidad Cervantes, cuyo dueño y rector era Gutenberg Martínez (DC), esposo de Soledad Alvear".
— La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) May 9, 2022
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Stingo se refiere a la empresa Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima (DJP), creada en 2004 por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes, cuya finalidad fue presentarse a las licitaciones de la recién creada Defensoría Penal Pública, llegando incluso a adjudicarse el 48% de las causas licitadas en la Región Metropolitana luego de la primera licitación, según precisó en una nota de abril de 2017 El Mostrador.
Como se enfatiza en el artículo, lo anterior generó suspicacias respecto a las influencias políticas que habrían marcado la licitación, básicamente por los vínculos de una de las instituciones que formaba parte de DJP, la mencionada Universidad Miguel de Cervantes.
Y es que el presidente del directorio de la casa de estudios era por entonces el ex diputado de la Democracia Cristiana (DC), Gutenberg Martínez, quien -como apuntó El Mostrador– estaba «casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que materializó la Reforma Procesal Penal y firmó el proyecto de ley que, de hecho, creó la Defensoría Penal Pública, con su modelo de énfasis privado».

Por otra parte, en la nota se advierte igualmente que el representante de la Universidad era el también DC Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, «al que estaban ligados varios de los directivos de la institución educativa».
De hecho, en septiembre de 2016 Martínez dijo a CIPER que fue justamente a causa de la polémica por las licitaciones que se retiró en 2007 de Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima, aunque los vínculos se mantuvieron debido a que la oficina principal de esta empresa funcionó hasta fines de ese año en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes.



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