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VIDEO | La Mesa de las que Sobran – 22 de mayo de 2022

Acompáñanos en esta nueva temporada del único programa de contingencia política analizada solo por mujeres.

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Mesa de las que Sobran

Todos los domingos desde las 11:00 horas nos unimos a La Mesa de las que Sobran. Acompáñanos en esta nueva temporada del único programa de contingencia política analizada por mujeres. Conducido por Alejandra Valle.

👉 Esta semana estaremos con: Marcela Riquelme, Diputada por el Distrito 15, Nathalie Castillo, Diputada por el Distrito 5, Emilia Schneider, Diputada por el Distrito 10 y Alondra Carrillo, constituyente feminista por el Distrito 12.

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Temas: Análisis de la contingencia política.

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La otra historia criminal que tiñe a Clínica Cordillera: Pediatra en ejercicio fue condenado por muertes por envenenamiento en dictadura

La Justicia estableció que el doctor y general (r) del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, produjo la muerte del locutor radial Archivaldo Morales en 1973 y de al menos dos internos de la ex Cárcel Pública en 1981, casos por los que de hecho décadas fue expulsado décadas más tarde del Colegio Médico.

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Por estos días el nombre de la Clínica Cordillera, ubicada en la calle Alejandro Fleming de Las Condes, ha hecho noticia por un brutal acontecimiento. Una de sus enfermeras, Pola Álvarez, fue apuñalada el pasado domingo al salir de su turno, hecho por el cual se encuentran detenidos y formalizados los enfermeros Enrique Hanson y Patricia Henríquez, esta última ex compañera de trabajo de Álvarez.

En el contexto de la gran cobertura que la prensa le ha asignado al caso, el medio de comunicación Muros y Resistencia recordó antecedentes de otro hecho criminal que salpica a la Clínica Cordillera, en los que en este artículo profundizamos, y que están vinculados con un médico que figura como uno de sus funcionarios y con las violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la dictadura civil-militar.

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Ocurre que en ese recinto de salud ejerce como pediatra el general (r) del Ejército, Eduardo Arriagada Rehren, quien ha sido condenado como autor de homicidios por envenenamiento de presos comunes y políticos durante el régimen encabezado por el dictador Augusto Pinochet.

Los envenenamientos en la ex Cárcel Pública

El 20 de febrero de 2017 el juez Alejandro Madrid sentenció a 20 años de presidio al mencionado Eduardo Arriagada Rehren y al veterinario Sergio Rosende Ollarzú por su participación en las muertes de los presos Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, en el bullado caso del envenamiento de reos en la ex Cárcel Pública ocurrido en diciembre de 1981.

Por otra parte, Madrid los condenó igualmente por los intentos frustrados de homicidio en contra del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de la organización subversiva Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos.

La investigación del juez estableció que las muertes se produjeron por la acción de la toxina botulínica, la que fue introducida en los alimentos que le llevaba su madre a Guillermo Rodríguez y que este compartió con los otros internos.

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En ese sentido, el fallo añadió que a los envenenados que terminaron falleciendo no se les suministró posteriormente un tratamiento adecuado, argumentándose entonces falsamente que solo padecían una gastritis aguda.

La sentencia consignó también que la sustancia aludida fue obtenida por el Instituto Bacteriológico desde Brasil, la que luego fue enviada al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, del cual Arriagada Rehren era el encargado y que dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Pediatra Eduardo Arriagada Rehren

El envenenamiento del locutor radial Archivaldo Morales

El segundo crimen por el que ha sido condenado el pediatra con especialidad en broncopulmonar Eduardo Arriagada Rehren es el del locutor radial Archibaldo Morales Villanueva. El 27 de septiembre de 2021 el hoy funcionario de la Clínica Cordillera de Las Condes fue sentenciado por la Corte de Apelaciones de Santiago a 10 años y un día de presidio como autor del delito consumado de homicidio calificado en contra del comunicador.

De hecho, en un fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada lo que hizo fue modificar la pena de 7 años que había impuesto el ministro en visita, Mario Carroza, y rechazar que concurriera en este caso la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por parte del especialista.

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De acuerdo a lo que estableció la Justicia, el crimen ocurrió en noviembre de 1973, en la ciudad de San Fernando, Región de O’Higgins, cuando el médico suministró Persantin al detenido Archivaldo Morales, sabiendo que la condición en la que lo habían dejado las torturas a las que había sido sometido podía implicar su fallecimiento.

El ministro Mario Carroza dio por establecido que el 26 de septiembre de 1973 el locutor de Radio San Fernando, Archibaldo Morales, fue detenido en Santiago por la Policía de Investigaciones y trasladado tres días después a San Fernando. Tras ser interrogado, Morales fue llevado a la Cárcel Pública de San Fernando, donde estuvo incomunicado por alrededor de 43 días, “sufriendo en el intertanto apremios, torturas e interrogatorios en la Fiscalía Militar”, la que funcionaba en el Regimiento Nº 19 Colchagua.

Días después, ya en el mes de octubre, mientras esperaba en la guardia del regimiento ser interrogado por el fiscal militar Juan Ramírez Rojas -“con indicios evidentes de haber sido torturado”-, quiso incorporarse a la fila de los detenidos, pero se desvaneció, siendo llevado a la enfermería del recinto.

Ahí fue atendido por el médico del regimiento, el oficial de Sanidad e integrante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), el aludido doctor Eduardo Arriagada Rehren, quien -como estableció el fallo- “luego de examinarlo, adopta la decisión de inyectarle vía endovenosa un medicamento compuesto de dipiridamol, con el propósito de provocarle una reacción del infarto al miocardio que sentía, pero Morales Villanueva producto de ese fármaco se agrava y fallece momentos después, cuando era trasladado al Hospital de San Fernando, tal como se sostuvo en la pericia médico legal”.

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Archibaldo Morales / Foto: diarioelmarino.cl

En ese sentido, la resolución judicial enfatiza que “los antecedentes del proceso dan cuenta que el acusado Arriagada tenía pleno conocimiento de la privación de libertad del señor Morales, puesto que su asistente era pareja de este último, y le consultaba habitualmente por su estado”.

Por otra parte, se apunta que sabía quién era el detenido debido a que se trataba de “un conocido periodista de la localidad, locutor de un programa de radio, que constantemente criticaba su gestión como director del Hospital de Chimbarongo”, y que “conocía la condición física de la víctima producto de las torturas, la cual era, según los testigos, evidente y notoria”.

Esto último adquirió relevancia para el juez Carroza a la hora de dictar condena, bajo el argumento de que como “conocedor de la situación que afectaba a la víctima (torturas y encierro permanente, por un periodo prolongado, con el subsecuente nivel de tensión que ello naturalmente conlleva en una persona), decidió inyectarle el medicamento denominado Persantin (…), sabiendo la reacción inminente que causaría en aquella, justamente dado por la profesión de desarrollaba”.

Junto con ello, en el fallo se advierte además que el doctor Eduardo Arriagada introdujo a la cárcel por iniciativa propia dicho medicamento, debido a que este “no se encontraba en el Servicio de Salud de la zona de O’Higgins”.

Por último, se destaca en la resolución que “el hecho de que (el medicamento) aún permanezca en los restos de la víctima, demuestra que la cantidad inoculada fue a todas luces excesiva, considerando las condiciones físicas de aquella, conocida por Arriagada, por lo que no resulta aceptable lo alegado por su defensa, en el sentido de que se limitó a actuar en su calidad de médico, no existiendo dolo homicida”.

La funa y la expulsión del Colmed

El caso de Eduardo Arriagada Rehren no es desconocido. De hecho, fue funado en septiembre del año 2014 por la emblemática Comisión Funa cuando este ejercía como médico en la Clínica Vespucio.

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Foto: Muros y Resistencia

En tanto, en octubre de 2018 el facultativo fue expulsado del Colegio Médico (Colmed), gremio que en su resolución argumentó que “sus actividades desplegadas en la época en que ocurrieron los hechos que fundamentan su condena a veinte años de presidio, según sus propias declaraciones y más allá de la participación en los homicidios por los que fue condenado, son prueba suficiente de que se apartó completamente del ejercicio de la Medicina para incursionar en actividades ajenas a los fines de esta profesión, vulnerando gravemente la ética médica”.

Ante esto, Arriagada presentó un recurso de protección en contra del Colegio Médico, el que en marzo de 2019, en un fallo unánime, fue rechazado por la Corte Suprema, tribunal que confirmó la sentencia que previamente había desechado el intento del ex oficial del Ejército para revertir su salida de la orden gremial.

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“La sentencia fue anulada”: Defensoría Popular denunció que orden de detención en contra de absueltos del caso Hotel Principado no tiene fundamento jurídico

Durante esta jornada, los abogados de la Defensoría Popular, John Maulen, Lorenzo Morales y Rodrigo Román, en un punto de prensa, se refirieron a la orden de detención solicitada por Rothfeld y las acciones que tomaran.

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El pasado 28 de junio, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en contra de Benjamín Espinoza, Matías Rojas y Jesús Zenteno por una condena que había sido anulada por la Corte Suprema. Además, Espinoza y Rojas habían sido absueltos de todo cargo el pasado 31 de mayo. Mientras tanto, Zenteno tenía audiencia el próximo 8 de agosto.

“Notifíquese la presente resolución al Ministerio Público y a la Defensa (…) Despáchese orden de detención en contra de los sentenciados (…) a fin de dar cumplimiento a lo ordenado”, indica la cuestionada resolución firmada por la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ely Rothfeld Santelices y que llegó a manos de la Defensoría Popular durante la madrugada del pasado 29 de mayo.

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En una declaración pública, los abogados de la Defensoría Popular señalaron que “en el actual momento queremos comunicar especialmente la sospechosa decisión adoptada por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, a instancias del Consejo de Defensa del Estado, de decretar la detención de Benjamín, Matías y Jesús, que son los muchachos del caso Hotel Principado”.

Al mismo tiempo, los juristas explicaron que la orden de detención “carece de fundamento fáctico y jurídico”. Así mismo, dieron a conocer que se presentaron recursos de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Espinoza, Rojas y Zenteno.

El abogado Lorenzo Morales, quien fue parte de la defensa de los acusados, señaló que el “equívoco que comete la jueza es grave y tiene que ver que ella quiere ejecutar la sentencia del primer juicio que se fue a anulado”.

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“La sentencia fue anulada. Ese es el equívoco mayor que tiene que ver contra la libertad ambulatoria de nuestro representado. Nosotros tenemos derecho, como ciudadano a sospechar de esa resolución”.Lorenzo Morales

Por su parte, el abogado Rodrigo Román señaló que “el Consejo de Defensa del Estado actúa en esta etapa del proceso y hay una norma expresa en la ley que impide que cualquier querellante o acusador particular actúe. El artículo 466 del Código Procesal Penal prohíbe que el Consejo del Estado, el ministro del Interior, como querellante, intervengan en este estado del proceso y sorpresivamente lo que hace es que estos solicitan curso, provisión, auto y se libra una orden de detención que es arbitraria e ilegal”.

“Nosotros esperamos tener noticias en la jornada de hoy, en término que se coja la orden de no innovar y que quede sin efecto esta ilegal orden de detención”, agregó Román.

Finalmente, el abogado señaló que “vale la pena recordar que (Benjamín, Matías y Jesús) se mantuvieron más de dos años en la cárcel. Se encuentran de noviembre a la fecha. Privado absolutamente virtual. Su domicilio para decir su restricción de libertad ya alcanza casi los tres años, lo que pudiera ser una pena”.

Tras la conferencia de prensa, la Defensoría Popular emitió una grave denuncia en contra de Carabineros, quienes habrían llegado hasta el edificio donde se llevaría a cabo el punto. Al ser descubiertos, salieron raudos del lugar.

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Cabe consignar que la orden de detención emanado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aún no es ejecutada por la policía.

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Municipio de Ñuñoa ingresa oficio al SEA para que cuestionado proyecto inmobiliario sea sometido a Estudio de Impacto Ambiental

La municipalidad sostiene que, tal como está, la iniciativa se traduciría en una hiper-densificación en el sector de Plaza Egaña que traería importantes afectaciones a la comunidad.

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En la imagen, la alcaldesa Emilia Ríos junto a las concejalas Alejandra Valle y Mireya del Río

La mañana de este viernes la Municipalidad de Ñuñoa ingresó un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el objetivo de que el proyecto inmobiliario “Egaña Comunidad Sustentable” sea sometido a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Dicha iniciativa, ubicada en el sector de Plaza Egaña, es la misma que a inicios de abril de este año hizo noticia luego de que los trabajadores realizaran una serie de protestas reclamando a dicho municipio por la paralización de las obras, cuando en realidad la decisión había sido tomada días antes por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, la que entonces rechazó los cambios introducidos al proyecto por la Inmobiliaria Fundamenta.

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Leer también: “¡Les estaban pasando lista!”: Alejandra Valle advierte ‘manipulación’ en protestas por paralización de obras en Plaza Egaña

Agencia Uno

En ese sentido, en su oficio ingresado esta jornada la municipalidad ñuñoína sostiene que existen “inconsistencias sustanciales que cambiarían el carácter y criterio por el cual este proyecto pasaría a clasificarse dentro del SEA”.

Dicha incongruencia tiene que ver -de acuerdo a lo que se apunta- con la diferencia de la densidad señalada al momento de hacer su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y que correspondería a 2.240 Hab/ha (habitantes por hectárea), con aquella consignada en el permiso de obras, la que en cambio se cifra en 4.619 Hab/ha. “Este índice de densidad es considerado hiper-densificación”, advierte al respecto el municipio de Ñuñoa.

Para profundizar en esto último, en el oficio se cita el artículo 7 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -que se refiere a la “obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento”- para denunciar que “Egaña Comunidad Sustentable” es un proyecto urbano que con dicha densidad “aumentaría considerablemente el flujo de automóviles en zonas donde antes no ocurría”.

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Plaza Egaña
Agencia Uno

Junto con ello, y también en relación al mencionado reglamento del SEIA, se añade que la iniciativa implicaría una “reducción del espacio para el tránsito peatonal en veredas debido al déficit de estacionamientos, o la carencia de ciclovías que conlleva al uso de veredas para el tránsito de las mismas”, entre otras afectaciones.

Paralelo a ello, se cita el artículo 11 de la Ley N°19.300, donde se establece justamente que los proyectos que se sometan al SEIA requieren de la elaboración de un EIA.

Por otra parte, en la presentación de la Municipalidad de Ñuñoa ante el SEA se mencionan igualmente estudios académicos “con respecto a los efectos que tienen los procesos de verticalización del espacio urbano y de hiper-densificación residencial intensiva en el tejido de los barrios”.

Alcaldesa Emilia Ríos

Tras le exposición de estos antecedentes es que finalmente se pide al Servicio de Evaluación Ambiental someter a la iniciativa “Egaña Comunidad Sustentable” a un Estudio de Impacto Ambiental, debido a que la Inmobiliaria Fundamenta -dice el escrito- “no acredita que su proyecto cumple con lo establecido en el Art. 11 de la Ley N°19.300, en lo referente a una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.

“Efectivamente, creemos que hoy este proyecto no cumple con los requerimientos ambientales mínimos que se necesitan para una planificación urbana sustentable y responsable”, declaró en ese sentido en entrevista con CNN Chile la alcaldesa Emilia Ríos.

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Puedes leer acá de forma íntegra el oficio ingresado al SEA por la Municipalidad de Ñuñoa.

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