“No quiero que la muerte de mi hijo quede impune en un archivador”: La madre de Itan y el asesinato que enjuicia al “gatillo fácil” de Carabineros

Junto al testimonio de Scarlet Ahumada, madre de Itan Badilla, abogados, referentes en seguridad y derechos humanos, y un expolicía hoy especialista en Ciencias Forenses, analizan críticamente el resurgimiento de la demanda de pena de muerte en Chile y la profunda crisis que atraviesa la institución policial debido a su actuar en hechos como el que le arrebató la vida a un pequeño de tan solo seis años.

“¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte!”. Esa fue una de las principales consignas que se oyeron durante la marcha realizada el pasado miércoles 10 de marzo en la Alameda, Santiago, masiva actividad convocada por familiares de niños y niñas que han sido asesinados en el último tiempo en medio de violentos hechos delictuales. Una demanda que no fue solo vociferada una y otra por los manifestantes adultos; los más pequeños que participaban de la movilización también la gritaban aguda y agitadamente, como si se tratara del coro de una de sus canciones favoritas. La pena de muerte como respuesta ante estos crímenes parecía haber recuperado su popularidad en Chile.   

Una exigencia instalada principalmente por Raúl Moya, el padre de Tamara Moya, la niña de 5 años que fue asesinada el 28 de febrero pasado tras ser baleada en una encerrona en la comuna de Huechuraba en la Región Metropolitana. Además de exponer su exigencia a través de diversos medios de comunicación, el lunes 8 de marzo Raúl se la realizó en La Moneda al propio presidente Sebastián Piñera: que se reponga en el Congreso la discusión de la pena de muerte.

“Hay datos concretos: un 65% de la ciudadanía está a favor de la pena de muerte (…) ¿No crees tú que merecería la pena al menos discutir la pena de muerte? ¿Por qué podemos discutir la ley de aborto? ¿Por qué podemos arrancar niños inocentes del vientre de una madre? ¿Por qué podemos discutir eso y es tan indignante discutir matar a criminales?”, argumentó luego Moya ante la periodista del matinal Mucho Gusto de Mega, Paulina de Allende-Salazar.

Una de las respuestas que probablemente deberá escuchar Raúl Moya ante esos cuestionamientos, es que –de acuerdo a lo que señala la experiencia en ese ámbito– la pena de muerte simplemente no se traduce en un cambio en la criminalidad con la que se buscaría acabar imponiendo esa radical medida. Jaime Winter, abogado penalista, apunta que “lo cierto es que en los lugares que se ha eliminado la pena de muerte no ha aumentado la tasa de delitos”.

“Si uno compara lugares similares, unos con pena de muerte y otros sin ella, no hay una aparición relevante de ningún delito que tenga que ver con la existencia de la pena de muerte, o por lo menos no es observable”, profundiza el jurista, quien concluye que “el hecho de que exista pena de muerte, no hace ninguna diferencia para la comisión de delitos”.

En ese sentido, el abogado explica que se realiza una lectura errada al suponer que “al momento de cometer un delito como para los que está pensada la pena de muerte –es decir, los crímenes de sangre más atroces que se pueden cometer en una sociedad–, la persona está haciendo una elección racional, en términos de decir ‘probablemente me voy a ir esta cantidad de tiempo a la cárcel si lo hago, pero como me van a matar entonces mejor no lo hago’».

«La pena no está siendo considerada por el delincuente al momento de cometerlo; más bien son cosas del momento, sin demasiada reflexión”, enfatiza.

Lo mismo plantea la socióloga dedicada a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, Lucía Dammert, quien explica que “la pena de muerte no es efectiva para disminuir necesariamente los delitos, menos de este tipo, que son súper puntuales, no son masivos, ocurren en situaciones muy especiales”. Por lo demás, la académica de la Universidad de Santiago (Usach) advierte que Chile tampoco puede implementar esta medida extrema debido a los acuerdos internacionales que ha firmado.

No obstante aquellos argumentos objetivos que exponen que la pena de muerte no es la solución correcta ante este tipo de delitos, esta problemática social está inevitablemente teñida por el componente político. “Esta es la típica respuesta que aparece en épocas electorales, y es solo por eso que la propuesta tiene algún nivel de debate; probablemente en otro momento no hubiera sucedido”, postula Dammert.

“Generalmente, recurrir a la pena de muerte es un recurso que es más emocional que de política pública”, plantea en esa misma línea el abogado Winter, quien agrega que “en Chile, en la práctica, siempre estamos en una elección. Y hoy, con periodos presidenciales relativamente cortos, con muchas y constantes elecciones, la verdad es que el efecto publicitario siempre es necesario para el político, y sí, se está reflejando en la existencia de populismo penal”.

Sin perjuicio de ello, el jurista suma un interesante elemento relacionado a lo que se conoce como “Derecho Penal de la seguridad ciudadana” o “de la sociedad de los riesgos”. “Una de las cosas que está pasando es que dentro del fenómeno hay lo que se llama una ‘sustantividad de los intereses de las víctimas’. De algún modo, cualquier reconocimiento hacia el autor del delito –incluso de su propia dignidad, del hecho de ser una persona, un ser humano que tiene derechos–, implica socialmente -así se está leyendo- que es un desconocimiento de los derechos de la dignidad de las víctimas. Y eso significa prácticamente quitarle la calidad de ser humano a quien ha cometido un delito”, explica.  

“No sé si apoyaría ciento por ciento la pena de muerte, pero sí las penas duras”

El pasado miércoles 3 de marzo se produjo un hecho que vino a instalar un complejo antecedente en medio del encendido debate público en torno a la idea de que se reponga la pena de muerte en Chile: la Fiscalía confirmó que la bala que el 28 de febrero había matado en Maipú al pequeño de 6 años Itan Badilla Ahumada, no había sido percutada por los sujetos que habían protagonizado una encerrona, sino que por uno de los carabineros que se enfrentó a disparos con ellos en plena vía pública. 

“El funcionario más antiguo, de 24 años de servicio, un sargento, procedió a disparar en contra de los dos vehículos en los cuales se desplazaban los dos sujetos huyendo del lugar. Y uno de los disparos realizados por el sargento de Carabineros traspasó a los dos vehículos que fueron repelidos en la acción policial, e impactó la puerta trasera izquierda, ingresando al interior de la cabina y traspasando el asiento, alojándose en el tórax del menor”, detalló el persecutor Sergio Moya de la Fiscalía Metropolitana Occidente, de acuerdo a un informe pericial elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Scarlet Ahumada, madre del pequeño Itan, participó también en la masiva marcha del 10 de marzo en la Alameda en la que se exigió justicia para todos los niños y niñas asesinados en medio de hechos delictivos. “Yo grité todo lo que se estaba gritando. Cuando estuvimos con el presidente Piñera, el papá de Tamara le recalcó esto de la pena de muerte”, cuenta Scarlet. Por otro lado, relata que ella decidió realizarle otra observación al mandatario durante el encuentro: “¿qué clase de gente tiene usted trabajando en la Aduana que se trafica tanta arma”, comenta que le inquirió.

Dicho eso, agrega lo siguiente: “pero sabes qué… he hablado con muchas personas de mi entorno que me han dicho que no apoyan la pena de muerte por tal y tal cosa; y sabes que –como lo hablé con la mamá de Tamara– nuestros hijos eran puro amor, mi hijo siempre se estaba riendo, siempre estaba bailando, era de los que te veía y te daba un abrazo y un beso, entonces la verdad es que ahora, analizándolo, no sé si apoyaría ciento por ciento la pena de muerte, pero sí las penas duras, sin beneficio, efectivas, de 40 años, para que se sequen en la cárcel”.

Fue el sargento primero de Carabineros, Omar Vergara Hidalgo, de la 25° Comisaría de Maipú, quien abrió fuego mientras la mujer pasaba por la calle Segunda Transversal en dirección a Américo Vespucio en su vehículo, a bordo del cual no solo iba Itan, sino que sus cuatro hijos. “En ese sector hay muchos locales comerciales. Hay uno de comida rápida, otro de comida china, los que de hecho estaban abiertos, y estaba toda la gente ahí y habían muchos vehículos”, relata Ahumada sobre lo ocurrido el 28 de febrero. “Es por eso que yo digo que ellos tienen que revisar sus protocolos para poder trabajar, porque ¿cómo otras instituciones trabajan de otra forma? Y ellos se supone que están para protegernos”, apunta.

En ese sentido, Scarlet enfatiza en el hecho de que el responsable de la muerte de su hijo llevaba más de dos décadas en la institución. “Si hubiese sido un cabro, un cabo, un paco raso, que tuvo un año o dos de estudios –porque entiendo que a los carabineros tampoco es mucho lo que les enseñan–, podría mirar esto desde otro punto, lo dudo, pero quizás lo podría entender un poquito; pero estamos hablando de uno de 42 años, que ha estado 24 años haciendo lo mismo todos los días”, advierte.

Y al mencionar esto, Ahumada recuerda lo ocurrido el pasado 6 de marzo cuando en Machalí, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, cinco sujetos a bordo de un vehículo Mercedes Benz evadieron un control policial, impactando a un uniformado, ante lo cual otro carabinero que lo acompañaba abrió fuego en plena calle en contra del automóvil. “Imagínate, qué fue lo primero que hizo el otro paco: sacó su pistola y se puso a disparar. La persona que grabó el video estaba adentro de su auto, ¡y el paco dispara por el lado de su auto! Ellos no se fijan en eso”, cuestiona la madre de Itan.

Y es que accidentes graves provocados por funcionarios policiales en medio de persecuciones ocurren cada cierto tiempo en nuestro país. Por ejemplo, la noche del viernes 19 de julio de 2019, una patrulla de Carabineros impactó a al menos dos automóviles y una motocicleta que se encontraban estacionados en la vereda sur de la concurrida Subida Ecuador de Valparaíso, en horas en que como era costumbre prácticamente cada día, las aceras se encontraban repletas por los clientes de los bares de esa bohemia zona. Tres transeúntes resultaron lesionados.

¿Qué había ocurrido? En el marco de una persecución policial, la patrulla patente RP 5212 de la 8va Comisaría Florida de Valparaíso tomó la curva que se encuentra a la altura del tradicional local Coyote Quemado a un evidente exceso de velocidad, perdiendo el conductor su control, lo que significó que el costado derecho de este se estrellara contra los mencionados vehículos. Según testigos, fue esta última la que terminó golpeando a un joven que caminaba por la vereda y que resultó herido. Además de eso, una de las ruedas delanteras de la radiopatrulla de Carabineros se salió de su eje con el impacto.

Finalmente, solo por el azar las consecuencias fueron muy mínimas frente a la tragedia que ello podría haber ocasionado. Porque no siempre ha sido así. Meses antes, el 31 de enero de 2019, la Corte Suprema había condenado al Estado de Chile a indemnizar a la cónyuge y a la hija de un peatón fallecido por un atropello durante una persecución de Carabineros. El fatal hecho se produjo el 28 de enero de 2012 cuando un vehículo policial impactó a Roberto Montagna Osses en la Ruta 60 CH. La víctima se encontraba con su automóvil detenido en ese momento y él fuera de este, producto de la presencia de “miguelitos” en la vía.

En un fallo unánime, el máximo tribunal estableció una “conducción negligente” por parte del uniformado que manejaba la patrulla, la que “se vincula muy especialmente con la circunstancia de llevar a cabo una persecución policial desatendiendo las condiciones concretas que exigían no proseguirla”, añadió. “La prudencia mínima exigible determinaba parar la persecución para asegurar la integridad física de todos quienes circulaban a esa hora por la carretera”, apuntó la Corte en su resolución.

El origen de la violencia

Lucía Dammert sostiene que si bien es cierto que desde hace bastante tiempo estamos en presencia de muchas balaceras, donde no son pocos los niños muertos por las llamadas “balas locas”, antes de discutir en torno a la pena de muerte “deberíamos tener políticas públicas mucho más claras para poder efectivamente enfrentar el mercado de las armas y de las drogas, entre otros”.

En ese sentido, la especialista en seguridad advierte que “un problema muy serio es la fiscalización y la prevención de lo que es hoy el mercado de las armas en Chile, donde es innegable que hay más armas que antes y que están siendo intercambiadas con mucha más apertura, con lo cual hay un nivel de dificultad en la acción policial”.

La socióloga postula igualmente que “lo verdaderamente importante es que haya investigación policial capaz de identificar a los victimarios, porque lo peor en estos casos con tanta violencia, es la sensación de impunidad”. En ese sentido, el abogado Jaime Winter aclara que el que no exista pena de muerte no se traduce necesariamente en impunidad. “En el caso chileno, cuando se elimina la pena de muerte, se establece el presidio perpétuo calificado, que significa que uno va a prisión de por vida con la posibilidad de –si hay buen comportamiento y cumpliendo otros requisitos– poder optar a la libertad condicional recién a los 40 años de haber ingresado a la cárcel”, destaca.

Al respecto, Dammert explica que entre los problemas relacionados a la labor persecutora aparecen la falta de huella balística, la carencia de un buen sistema de seguimiento de las armas o la falta de marcaje de las municiones. “A partir de esas situaciones uno puede empezar a decir, por ejemplo, ‘limitemos la venta de municiones’”, concluye. 

Una posición refrendada por Winter al señalar que la existencia de los delitos para los que parte de la sociedad promueve la pena de muerte, “muchas veces desnuda otras falencias del sistema que no necesariamente tienen que ver con las penas”. Explica que “de modo más inmediato al sistema penal, puede ser el hecho de que no tengamos la capacidad policial para descubrir quién cometió esos delitos. Entonces, si nos centramos en las penas, no ponemos los recursos en inteligencia policial, en investigaciones con mayor tecnología, con mayor preparación de los agentes policiales; no nos debemos olvidar de esa parte”.

Sin embargo, el abogado penalista advierte que incluso la inteligencia policial podría no ser necesariamente el factor fundamental del problema. “Muchas veces, este tipo de delitos lo que demuestra son carencias de otra clase: problemas de seguridad social, de pensiones, de acceso a salud, de educación, de vivienda –esto último es fundamental: personas que viven en una situación profundamente precaria–, problemas laborales –que no haya trabajo o que este signifique una afectación de las dinámicas familiares–, que no haya dónde dejar a los niños, que alguien los cuide, lo que en esta pandemia ha resultado un tema fundamental; puede ser también que demuestre problemas de drogadicción, de la relación con el narcotráfico en distintos sectores de la sociedad, etcétera. Y todo eso después tiene como consecuencia o se refleja en la comisión de un crimen”, profundiza Winter.

“Gatillo fácil” para las fuerzas de orden

Definitivamente lejos de esa mirada es lo que luego del 18 de octubre de 2019 ha intentado imponer como respuesta a la deteriorada relación de las policías con la ciudadanía el presidente Sebastián Piñera. Y es que antes de limitar o promover un uso racional del armamento con el que cuentan los uniformados en Chile, el mandatario ingresó el 17 de diciembre de ese año al Congreso un proyecto de ley que, como su nombre lo indica, “modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y Gendarmería de Chile”.

Bajo el fundamento de que “resulta esencial que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública cuenten con las facultades necesarias para poder realizar sus funciones y, en último término, poder resguardar el orden público”, lo que en la práctica hace esta iniciativa legislativa es derogar normas de la Justicia Militar, a través de la creación de los artículos nuevos 5º, 6º, 7º y 8º, con el objetivo de eximir de responsabilidad penal a aquellos funcionarios de las policías y Gendarmería durante determinados escenarios. Algo que ha sido relacionado inevitablemente con el popular calificativo de “gatillo fácil”.

Específicamente, el Artículo 8° sostiene que “estará exento de responsabilidad penal el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que: 1° Hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio. 2° Hiciere uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse. 3° Hiciere uso de su arma de fuego en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho funcionario tenga orden de velar, y después de haberles intimado la obligación de respetarla”.

Junto con ello se establece que “los Tribunales, según las circunstancias y si éstas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en uno, dos o tres grados”. “Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá la necesidad racional cuando el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile fuere agredido, comprometiendo su vida o gravemente su integridad física”, sentencia la normativa.

Claudio Nash, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, es uno de los que ha planteado serios cuestionamientos al proyecto del Gobierno. “Mi impresión es que hay un peligro muy serio en que se apruebe un proyecto como el que propuso el Gobierno, y en eso han sido coincidentes además organismos de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien estuvo en la comisión del Senado planteando sus aprensiones”, comienza señalando el académico. En ese sentido, advierte que “en lo que hay coincidencia respecto a Carabineros en los distintos informes nacionales e internacionales, es que hay un serio problema en el uso de la fuerza que es desproporcionado, y por otra parte, un grave problema en los controles de ese uso de la fuerza”.

De ahí que Nash postule que el proyecto del Ejecutivo “en vez de resolver el problema de la falta de control, lo que hace es justamente lo contrario: generar aún un mayor espacio de discrecionalidad, y por lo tanto de posible arbitrariedad en el uso de armas de fuego, letales, por parte de las policías”.    

En específico, el académico advierte que lo más complejo es la mencionada presunción de “necesidad racional” del uso de un arma de fuego cuando supuestamente esté comprometida la vida o gravemente la integridad física del uniformado. Esto, porque “la víctima va a tener que demostrar que no hubo esa ‘necesidad racional’, y eso en Chile es muy complejo en vista de la práctica permanente por parte de las policías de un uso indiscriminado de la fuerza, y particularmente en el último tiempo de un uso de armas letales en circunstancias a lo menos muy cuestionables”.              

Por último, Claudio Nash advierte que la experiencia comparada en esta materia “ha sido clarísima en México, Perú, Bolivia, en términos de que cuando se ha aprobado este tipo de legislaciones, lo que ha ocurrido inmediatamente después es un aumento del uso de la fuerza letal, y a poco andar han tenido que iniciar procesos legislativos para dejarlos sin efecto”.  

“La formación que tienen los carabineros es totalmente deficiente, y a nadie le ha importado”

Carlos Gutiérrez fue carabinero durante 18 años, y hoy es magíster y doctor en Ciencias Forenses y profesor Chaminade University en Hawái, Estados Unidos. Desde su experticia plantea respecto a los episodios en donde funcionarios de la institución policial chilena han sido protagonistas de hechos luctuosos, que estos se deben “seguramente al mal procedimiento adoptado por el carabinero, o derechamente a la falta de preparación que ellos tienen”.

“Hay una falta de entrenamiento y Carabineros no se preocupa de eso. Quizás lo hace en el papel o en el protocolo, pero no lo vemos reflejado”, profundiza.

En ese sentido, sobre el escenario donde se produjo el baleo al pequeño Itan, Gutiérrez sostiene que hubo “claramente una falta de protocolo o nerviosismo producto del propio estrés que genera esa situación, pero cuando uno está entrenado, sabe que no puede disparar en esas circunstancias”. El especialista agrega que “si sumamos a eso que después la persecución continuó como tres o cuatro comunas más allá, claro, tienes un trayecto mucho más extenso para poder haber realizado disparos”. Junto con ello, explica que en estas circunstancias, “el delincuente va a disparar, eso es inevitable; lo que hay que evitar es que el policía dispare en cualquier situación, y me refiero a que debe defenderse, pero protegiendo al resto de la comunidad que puede estar ahí”.

El excarabinero cita lo ocurrido en Panguipulli con el malabarista Francisco Martínez para sostener que “vemos que es un patrón que se va repitiendo lamentablemente, y eso debe ser producto seguramente del poco o nulo entrenamiento que tienen, o porque el nivel de estrés que manejan es poco apropiado y no tienen quizás asesoría psicológica”.   

Para ejemplificar lo que ocurre en Chile con Carabineros, Gutiérrez explica lo que se hizo en Estados Unidos –país donde reside– al día siguiente en que un uniformado terminó matando al ciudadano afroamericano George Floyd tras asfixiarlo con su rodilla sobre el cuello. La policía fue disuelta de inmediato y se cambiaron todos los protocolos. “El jefe de la policía la refundó de inmediato, hizo un gran cambio estructural en base a los errores que se cometieron porque se estos se reconocieron”, destaca.

Dicho esto, plantea que, en cambio, en nuestro país “cuando solo por sentido común nos damos cuenta que son errores, las mismas instituciones no los reconocen, y eso es lo que está faltando acá. Ese es el gran problema y esa es la evolución que necesitamos. Las policías no son militares, son policías. Ese es el gran cambio de mentalidad que hay que generar”, profundiza.

Consultado respecto a por qué no existe en Chile esa voluntad de cambio, Carlos Gutiérrez plantea que cree que lo hay es “temor”. “Como lamentablemente existen los dos escalafones, siempre el oficial tiene que tomar la decisión por el personal, y el personal tampoco puede alzar la voz y decirle al jefe ‘sabe que tuve que hacer esto porque usted como jefe no me ha proporcionado ninguna otra cosa, o el Estado no me lo proporciona’, y ahí el jefe tiene que ir a hablar con el Presidente o el ministro del Interior y exigir herramientas acordes al siglo XXI. Y eso es algo que el carácter militar de la policía evita conversar con las autoridades”, analiza el ex carabinero.       

Por último, Gutiérrez advierte que cuando ocurren situaciones en donde funcionarios de Carabineros deben enfrentar a la justicia, se corta por el hilo más delgado y no se asumen responsabilidades jerárquicas. “Hay un montón de hechos donde nadie hace responsable al responsable administrativo. Si finalmente él es quien toma la decisión. Si el coronel, el director de Fuerzas Especiales, un general, está mandando gente recién egresada, sin ninguna experiencia, a hacer control del orden público en la calle -para lo cual se requiere experiencia-, el coronel debe informar que no puede recibir a esa gente o que ellos no pueden salir hasta que no tengan el entrenamiento adecuado”, explica el doctor en Ciencias Forenses.

“La formación que tienen los carabineros es totalmente deficiente, y a nadie le ha importado. No he visto a ningún director de educación de Carabineros asumiendo la responsabilidad, o siendo procesado o dando explicaciones en el Congreso o en La Moneda por el mal funcionamiento o las malas mallas curriculares que tienen las escuelas de formación de todos los escalafones”, concluye Gutiérrez.

“Muchos carabineros se mandan una cagada y los trasladan de ciudad”

“Queremos que se haga justicia por la muerte de mi hijo, que paguen con las penas que tengan que pagar. Quiero que los den de baja, que les quiten su renta vitalicia, que no lo trasladen, porque eso pasa con muchos carabineros que se mandan una cagada y los trasladan de ciudad. ¿Para qué nos hacemos los tontos, si en Chile pasa eso? No quiero que lo de mi hijo quede impune, en un archivador”, exige Scarlet Ahumada.

“¿Por qué no usan balas de salva?… esa es una opción. Cuando ellos vayan a un procedimiento, no es necesario que tengan que usar balas de verdad”, postula la madre del pequeño Itan, enfatizando en que “ellos son la ley, se supone que uno tiene que respetarlos, pero créeme que con todos los condoros que se han mandado, ni la mitad de Chile apoya a la institución de Carabineros en este momento”.